Minerales, minería, petróleo y gas

Por qué los recursos necesitan un capítulo propio

En la mayoría de los sectores, la pregunta del inversor extranjero es si el mercado está abierto y qué certificado necesita el proyecto. En la minería y el petróleo hay una pregunta previa: el inversor necesita que se le conceda el propio recurso. El artículo 53 de la Constitución configura los minerales y los demás recursos naturales como propiedad pública de todo el pueblo, con el Estado como representante del propietario. Un derecho de uso del suelo, por sólido que sea, no confiere derecho alguno sobre lo que hay bajo la superficie, y ningún contrato entre particulares puede crearlo. Los minerales se liberan mediante licencias de exploración y de explotación minera expedidas conforme a la Ley de Geología y Minerales; el petróleo y el gas, mediante un contrato petrolero firmado con Petrovietnam y aprobado por el Primer Ministro. Las normas ordinarias de inversión, sociedades, tierras, tributación y medio ambiente se aplican además de la concesión del recurso, no en lugar de ella.

Ambos regímenes cambiaron profundamente entre 2022 y 2026, y ambos dependen ahora del Ministerio de Industria y Comercio (MOIT). Las guías más antiguas, y muchos formularios que aún circulan, se refieren a la Ley de Minerales de 2010, al Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente y al Grupo de Petróleo y Gas de Vietnam. Ninguna de esas referencias está vigente. El marco jurídico, las instituciones y el traspaso de la geología y los minerales al MOIT en septiembre de 2026 se explican en El marco jurídico de los minerales y los reguladores.

Minerales: grupos, licencias y subastas

El artículo 6 de la Ley n.º 54/2024/QH15 clasifica los minerales en cuatro grupos según su uso: Grupo I (minerales metálicos y energéticos, piedras preciosas y semipreciosas y minerales industriales), Grupo II (minerales para cemento, baldosas, sanitarios, vidrio, piedra de revestimiento, cal industrial y refractarios), Grupo III (materiales de construcción comunes, turba, lodos minerales y aguas minerales naturales y termales) y Grupo IV (materiales de relleno). El grupo determina quién otorga la licencia. Desde que la Ley n.º 147/2025/QH15 entró en vigor el 1 de enero de 2026, el ministerio otorga las licencias del Grupo I y de las zonas marítimas situadas más allá de los límites marítimos provinciales, mientras que los presidentes de los Comités Populares provinciales otorgan las de los Grupos II, III y IV, las del Grupo I en zonas pequeñas y dispersas designadas y las de explotación de aprovechamiento residual. Por regla general, los derechos de explotación minera en las zonas planificadas se adjudican por subasta conforme al artículo 100, con una lista de excepciones que la modificación de 2025 amplió. Los grupos, el mapa de competencias de concesión de licencias, las normas de subasta y la tasa por la concesión de derechos de explotación minera se tratan en Grupos de minerales, licencias y subastas.

A continuación, un proyecto pasa por una licencia de exploración de hasta 48 meses, el reconocimiento de las reservas por el Consejo Nacional de Evaluación de Reservas Minerales o por la provincia, y una licencia de explotación minera de hasta 30 años que puede prorrogarse hasta 20 años en total. El Decreto n.º 193/2025/ND-CP exige que el explorador financie la totalidad del presupuesto de exploración con fondos propios o con una garantía bancaria, y que el explotador disponga de fondos propios de al menos el 30 % de la inversión total o de financiación comprometida para la totalidad. Los materiales de relleno del Grupo IV se explotan sin licencia de exploración. Los procedimientos, los plazos, las normas de transmisión y las causas de revocación se tratan en Licencias de exploración y de explotación minera.

Tierras raras, exportaciones y coste de la minería

Las tierras raras se tratan ahora como un mineral estratégico especial. Conforme a la modificación de 2025 y a los artículos que el Decreto n.º 21/2026/ND-CP añadió al Decreto n.º 193/2025/ND-CP, toda licencia de exploración o explotación de tierras raras y toda transmisión requieren la aprobación por escrito del Primer Ministro, la explotación debe vincularse al procesamiento hasta productos de al menos el 90 % de óxidos de tierras raras totales, los minerales de tierras raras sin procesar no pueden exportarse y la cooperación internacional solo se permite con socios aprobados por el Primer Ministro. La exportación de otros minerales se limita a las listas y normas técnicas fijadas por el MOIT y el Ministerio de Construcción, y muchos minerales metálicos están sujetos a derechos de exportación. Véase Minerales estratégicos, tierras raras y exportaciones.

Una mina paga el impuesto sobre los recursos naturales a los tipos fijados por la Resolución n.º 1084/2015/UBTVQH13 (por ejemplo, el 14 % para el mineral de hierro, el 17 % para el oro y el 18 % para las tierras raras), la tasa por la concesión de derechos de explotación minera calculada como T = Q x G x R conforme al artículo 132 del Decreto n.º 193/2025/ND-CP, una tasa de protección ambiental, derechos de exportación cuando proceda y el impuesto sobre sociedades, que el artículo 10, apartado 4, de la Ley n.º 67/2025/QH15 fija en el 50 % para los minerales preciosos y raros, o en el 40 % cuando al menos el 70 % de la superficie se encuentre en zonas especialmente desfavorecidas. La solicitud de licencia de explotación minera debe acompañarse de una evaluación de impacto ambiental aprobada o de una licencia ambiental, y el explotador debe constituir un depósito para la rehabilitación ambiental y cerrar la mina a su propia costa. Véase Impuestos y tasas mineros y medio ambiente.

Petróleo y gas: Petrovietnam y el contrato de reparto de producción

El petróleo se rige por la Ley n.º 12/2022/QH15, en vigor desde el 1 de julio de 2023, y por el Decreto n.º 45/2023/ND-CP. El MOIT es el regulador; el Primer Ministro aprueba los contratos, la lista de bloques incentivados y las transmisiones de participaciones; y Petrovietnam, que en abril de 2025 pasó a denominarse Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam pero sigue conociéndose como PVN, firma y gestiona todos los contratos en nombre del Estado. La aprobación del contrato sustituye a la aprobación de la política de inversión, y el MOIT expide a continuación el certificado de registro de inversión del contratista. El procesamiento de petróleo y gas, las terminales de importación de GNL y las centrales eléctricas de gas quedan fuera de la Ley del Petróleo y se autorizan conforme a las normas de inversión, de electricidad y sectoriales. Véase El marco del petróleo y Petrovietnam.

El contrato de reparto de producción es el instrumento habitual, y el Decreto n.º 45/2023/ND-CP incorpora un modelo como anexo. Los contratistas se seleccionan mediante licitación abierta, licitación restringida, oferta competitiva o adjudicación directa. Un contrato tiene una duración máxima de 30 años con un período de exploración de hasta cinco, o de 35 y diez años en el caso de los bloques incentivados. La recuperación de costes está limitada al 50 % de la producción anual en los bloques ordinarios, al 70 % en los bloques incentivados y al 80 % en los especialmente incentivados conforme al artículo 33 de la ley; el impuesto sobre sociedades se fija en cada contrato entre el 25 % y el 50 %, y los bloques incentivados tributan al 32 % con un derecho de exportación del crudo del 10 %, y los especialmente incentivados al 25 % y al 5 % conforme al artículo 54. Véase Contratos petroleros y condiciones fiscales.

Desmantelamiento, contenido local y la ley de 2027

Todo contratista debe presentar un plan de desmantelamiento en el plazo de un año desde la primera producción comercial y realizar aportaciones anuales a un fondo de desmantelamiento custodiado por PVN; las aportaciones son costes recuperables. El contrato debe contener además compromisos de formación, un fondo de investigación y la prioridad de la mano de obra y los servicios vietnamitas, y el contratista debe vender su crudo y su gas en Vietnam cuando el Gobierno así lo exija. La Ley n.º 10/2026/QH16, aprobada el 23 de agosto de 2026 y en vigor desde el 1 de marzo de 2027, mantiene el modelo de reparto de producción, pero descentraliza las aprobaciones en la autoridad de gestión estatal y en PVN, añade incentivos para los yacimientos pequeños, marginales, de aguas profundas y alejados de la costa, e introduce un marco para la captura y el almacenamiento de carbono vinculados a las operaciones petroleras. Su decreto de desarrollo seguía en fase de proyecto en la fecha de revisión. Véase Desmantelamiento, contenido local y la Ley del Petróleo de 2027.

Cómo utilizar este capítulo

El inversor en minerales debería leer las tres primeras secciones por orden, después la sección sobre minerales estratégicos si el objetivo es un mineral metálico o crítico, y la sección sobre impuestos y medio ambiente antes de elaborar un modelo financiero. Una compañía de petróleo y gas debería empezar por el marco del petróleo y leer la sección sobre contratos antes de cualquier propuesta de bloque o farm-in. Las materias tratadas en otros lugares se enlazan en lugar de repetirse, en particular La aprobación de la política de inversión, Recuperación de tierras, indemnización y falta de uso, Impuesto sobre sociedades y Controversias entre inversores y Estados y reclamaciones basadas en tratados. Cada sección termina con las preguntas frecuentes relacionadas, las fuentes oficiales y una pregunta que puede plantear a Lawbot sobre los hechos de su caso. La situación se refleja a 10 de octubre de 2026; los cambios de 2027 en la Ley del Petróleo y las nuevas modificaciones de la Ley de Geología y Minerales previstas para el 1 de enero de 2027 deben comprobarse antes del cierre de cualquier operación.