Desmantelamiento, contenido local y la Ley del Petróleo de 2027: el plan y el fondo de desmantelamiento, la ejecución del desmantelamiento, la formación y el empleo de personal vietnamita, los bienes y servicios vietnamitas, las ventas en el mercado nacional, la seguridad, el medio ambiente y los seguros, la transición a la Ley n.º 10/2026/QH16 el 1 de marzo de 2027 y lo que puede significar para los contratos existentes, y la coincidencia con la eólica marina y la captura de carbono

Por qué el desmantelamiento se anticipa

Los yacimientos en producción de Vietnam están envejeciendo. Muchas instalaciones marinas de las cuencas de Cuu Long y Nam Con Son se construyeron en las décadas de 1980 y 1990, y varios yacimientos se acercan al final de sus contratos originales o ya lo han superado. La preocupación del Estado es que el coste de retirar las plataformas, taponar los pozos y restaurar el fondo marino no recaiga sobre el presupuesto si un contratista se marcha o quiebra. La ley de 2022 responde a esa preocupación exigiendo que el desmantelamiento se planifique pronto y se financie durante la producción, a través de un fondo que custodia la parte estatal, en lugar de dejarlo al balance del contratista al final de la vida del yacimiento (pregunta frecuente 114).

El plan de desmantelamiento

El artículo 50 de la Ley n.º 12/2022/QH15 exige que el contratista prepare un plan de desmantelamiento de las instalaciones del área del contrato, que evalúa y aprueba el MOIT con la participación de Petrovietnam; conforme a la Resolución del Gobierno n.º 66.6/2025/NQ-CP, algunas aprobaciones de este tipo están delegadas en PVN hasta el 28 de febrero de 2027. El plan debe presentarse a través de PVN en el plazo de un año desde la primera producción comercial y actualizarse al menos un año antes de que finalice el contrato o la producción del yacimiento (pregunta frecuente 114). El artículo 51 del Decreto n.º 45/2023/ND-CP regula la preparación y el contenido del plan, que en la práctica identifica las instalaciones que deben retirarse, los métodos, el calendario, el coste estimado y las medidas ambientales y de seguridad.

El plan no tiene por qué exigir la retirada total de todas las estructuras. El artículo 55 del decreto permite a la autoridad aprobar que las instalaciones se dejen en su lugar, que se aplace el desmantelamiento o que se realice de forma parcial o total, cuando se cumplan las condiciones del decreto; la reutilización de una plataforma para un nuevo desarrollo o, en el futuro, para un proyecto de almacenamiento de carbono es el tipo de caso en el que puede solicitarse la retirada parcial o el aplazamiento. La decisión de dejar instalaciones en su lugar transfiere responsabilidades continuadas, y es probable que las responsabilidades posteriores al cierre introducidas por la ley de 2027 influyan en esas decisiones.

El fondo de desmantelamiento

El artículo 51 de la ley exige que el contratista constituya un fondo para garantizar la obligación de desmantelamiento en el plazo de un año desde la primera producción comercial de petróleo o gas del área del contrato. Las aportaciones se realizan anualmente, sobre la base del plan de desmantelamiento aprobado, y se pagan a Petrovietnam, que gestiona el fondo; cada contratista aporta en proporción a su participación, y las aportaciones son costes recuperables conforme al contrato. Las aportaciones deben completarse antes de que finalice el contrato o la fase de producción del yacimiento. Mientras el dinero no se utiliza, Petrovietnam lo deposita en un banco comercial en el que el Estado tiene una participación de control, y los intereses, tras las obligaciones financieras correspondientes, se suman al fondo.

Si el fondo resulta insuficiente cuando se realiza el desmantelamiento, los contratistas deben aportar el déficit; si hay un excedente una vez concluido el desmantelamiento, se devuelve a las partes del contrato según lo previsto en el contrato. Los artículos 52 a 54 del Decreto n.º 45/2023/ND-CP regulan el cálculo de las aportaciones, la gestión y el uso del fondo y su liquidación final. Como las aportaciones son recuperables, se financian en la práctica con la producción y reducen el petróleo de beneficio en los años en que se realizan; como están vinculadas a la estimación de costes del plan, un plan actualizado con una estimación más alta aumenta la aportación anual.

La ejecución del desmantelamiento

El artículo 52 de la ley exige que el desmantelamiento se realice conforme al plan aprobado cuando finalice el contrato, cuando termine la producción de un yacimiento o cuando las instalaciones dejen de ser necesarias, y el artículo 59, apartado 7, configura como obligación del contratista la retirada de las instalaciones, los equipos y los buques petroleros. El fondo paga los trabajos aprobados. Cuando vence el plazo del contratista y Petrovietnam u otra entidad se hace cargo del yacimiento conforme al artículo 41, la obligación de desmantelamiento y el fondo siguen a las instalaciones, y el acuerdo de traspaso debe determinar quién asume cada responsabilidad, incluidas las relativas a los pozos ya taponados y a las instalaciones dejadas en su lugar.

El comprador de una participación en un yacimiento en producción hereda su parte de la obligación de desmantelamiento. La due diligence (revisión jurídica) debe abarcar el plan aprobado y su última estimación de costes, el saldo del fondo, las aportaciones realizadas por cada parte, cualquier controversia sobre la estimación y el reparto contractual de la responsabilidad por el desmantelamiento entre vendedor y comprador, que el derecho vietnamita deja a las partes siempre que se cumpla la obligación frente al Estado.

Contenido local: formación, mano de obra, servicios y tecnología

El régimen de contenido local de Vietnam es principalmente contractual. El artículo 30 exige que todo contrato petrolero contenga compromisos de formación, un fondo de investigación y el uso prioritario de mano de obra y servicios vietnamitas, y esos compromisos son variables de la oferta en una ronda de licitación. El artículo 59, apartado 3, obliga al contratista a transferir tecnología, formar y emplear a trabajadores vietnamitas y proteger sus derechos legítimos, y el artículo 59, apartado 12, exige que el contratista seleccione a los proveedores de servicios y bienes petroleros mediante procesos competitivos, justos, transparentes y eficientes conformes con el contrato y que comunique la selección a Petrovietnam (pregunta frecuente 114). En la práctica, las propias filiales de servicios de Petrovietnam, en perforación, servicios técnicos, construcción y transporte marítimo, compiten con fuerza por los contratos, y el operador debe acreditar ante PVN que sus compras se ajustaron al contrato.

Los especialistas extranjeros se contratan conforme a las normas ordinarias sobre permisos de trabajo, que admiten exenciones y procedimientos simplificados en algunos casos (Permisos de trabajo para el personal extranjero), y los empleados vietnamitas del operador están amparados por el Código del Trabajo, el seguro social y el reglamento interno de trabajo del operador (capítulo 4). La transferencia de tecnología a partes vietnamitas puede requerir registro conforme a la ley de transferencia de tecnología (Transferencia de tecnología y licencias).

Ventas en el mercado nacional, seguridad, medio ambiente y seguros

El artículo 59, apartado 8, exige que el contratista, cuando el Gobierno así lo exija, venda en el mercado vietnamita, según lo acordado, su parte del gas natural de los proyectos de desarrollo de gas, y venda en Vietnam su parte del crudo a precios competitivos a escala internacional. Las refinerías nacionales y las centrales eléctricas de gas dependen de esa obligación, y los contratos de venta de gas se negocian teniéndola en cuenta. El artículo 59, apartado 10, exige que el contratista comparta con terceros, mediante acuerdo, las infraestructuras existentes cuando ello no perturbe sus operaciones, y el artículo 59, apartado 11, que permita en el área del contrato otras actividades relacionadas con recursos que no obstaculicen las operaciones petroleras.

La seguridad se rige por el artículo 8 de la ley y por el capítulo V del Decreto n.º 45/2023/ND-CP (artículos 39 a 44), que regulan la gestión de la seguridad, la evaluación de riesgos y la respuesta ante emergencias en las instalaciones petroleras bajo la supervisión del MOIT. El artículo 49 restringe la quema y el venteo de gas. Las evaluaciones de impacto ambiental de los desarrollos de yacimientos y las licencias ambientales para las operaciones son exigibles conforme a la Ley n.º 72/2020/QH14, y los contratistas deben mantener capacidad de respuesta ante derrames de petróleo conforme a la normativa del Primer Ministro sobre respuesta ante derrames. El seguro de las instalaciones, los pozos, la contaminación y la responsabilidad frente a terceros se regula en el contrato petrolero y en el programa de seguros del operador conforme a la legislación vietnamita de seguros; la cobertura exigida debe contrastarse con el contrato concreto, y puede exigirse la colocación a través de aseguradoras vietnamitas o junto con ellas.

La transición a la Ley n.º 10/2026/QH16

La Ley del Petróleo n.º 10/2026/QH16 entra en vigor el 1 de marzo de 2027 y sustituye a la Ley n.º 12/2022/QH15. Las declaraciones públicas del MOIT de septiembre de 2026 describen cinco cambios fundamentales: una mayor descentralización en la autoridad de gestión estatal y la delegación de competencias en Petrovietnam, con procedimientos simplificados y una supervisión más rigurosa, mientras que las competencias relativas a la defensa, la seguridad y la fuerza mayor siguen correspondiendo a las autoridades competentes; incentivos adicionales para los yacimientos pequeños y marginales y para los proyectos en aguas profundas y alejados de la costa, y el fomento de la recuperación mejorada y de la producción en fase final; un marco para la captura y el almacenamiento de carbono, la energía marina y los servicios de alta tecnología vinculados a las operaciones petroleras, incluidas las infraestructuras compartidas; contratos más flexibles que protegen los intereses de los contratistas y permiten prorrogar la duración del contrato y ajustar los compromisos de trabajo, con normas sobre el tratamiento de los costes de Petrovietnam cuando cumple obligaciones por cuenta del Estado; y normas de contabilidad, auditoría y liquidación de costes armonizadas con la práctica internacional. Las informaciones sobre la ley mencionan también disposiciones sobre créditos de carbono y responsabilidades posteriores al cierre.

Lo que la ley significa para los contratos existentes depende de sus disposiciones transitorias y del decreto de desarrollo, que el MOIT difundió como proyecto en 2026 para su aprobación antes del 1 de marzo de 2027. El MOIT ha afirmado que la ley respeta el principio de irretroactividad, lo que normalmente significa que los contratos aprobados y firmados conforme a la ley de 2022, y sus condiciones fiscales, siguen aplicándose, mientras que los procedimientos realizados después del 1 de marzo de 2027, como las aprobaciones de planes, las modificaciones, las prórrogas y las transmisiones, se rigen por la nueva ley. Si los contratistas existentes pueden acogerse a los nuevos incentivos y cómo se tratan las solicitudes pendientes debe confirmarse con el texto definitivo antes de basarse en cualquier hipótesis. Los contratistas que negocien prórrogas o nuevos contratos a finales de 2026 deben valorar si les conviene concluirlos antes o después del cambio.

Eólica marina y captura de carbono: donde confluyen los regímenes

Dos nuevas actividades compartirán con el petróleo la zona marítima de Vietnam. La eólica marina es una actividad de generación eléctrica regida por la Ley de Electricidad n.º 61/2024/QH15, que entró en vigor el 1 de febrero de 2025 y contiene disposiciones específicas sobre la eólica marina, junto con las leyes marítimas y de inversiones sobre el uso de las zonas marinas (pregunta frecuente 93). Las disposiciones de la Ley del Petróleo de 2027 sobre la energía marina se refieren a las instalaciones e infraestructuras vinculadas a las operaciones petroleras, no a la eólica marina como tal, por lo que un proyecto eólico sigue sujeto al régimen eléctrico incluso cuando utiliza una plataforma petrolera o el corredor de un oleoducto o gasoducto. Los conflictos sobre zonas marinas entre la eólica y los bloques petroleros se resuelven mediante la ordenación del espacio marítimo y las aprobaciones de las autoridades competentes.

La captura y el almacenamiento de carbono no han tenido un marco jurídico específico en Vietnam. La Ley n.º 10/2026/QH16 introduce normas sobre la ubicación de la captura de carbono, las responsabilidades de quienes capturan y almacenan carbono, el uso compartido de las infraestructuras y la seguridad, limitadas a las actividades directamente relacionadas con las operaciones petroleras, como la reinyección de dióxido de carbono en yacimientos agotados. Su detalle figurará en el decreto de desarrollo. El inversor que estudie un proyecto de CCS en un yacimiento vietnamita debe tratar el marco como nuevo y no probado, y contar con que la cuestión central sea el reparto de la responsabilidad por el almacenamiento a largo plazo y su vínculo con el desmantelamiento y con las responsabilidades posteriores al cierre.