Controversias entre inversores y Estados y reclamaciones basadas en tratados: el procedimiento conforme a los tratados bilaterales de inversión, el CPTPP y los acuerdos de la ASEAN, la notificación y el período de enfriamiento, la coordinación del Gobierno conforme a la Decisión 14/2020, los casos conocidos, el arbitraje CNUDMI (UNCITRAL) y ajeno al CIADI, la ejecución de laudos contra el Estado y los contratos con organismos del Estado

Tres tipos de controversia con el Estado

Un inversor extranjero puede verse envuelto en una controversia con el Estado vietnamita de tres formas. La primera es una controversia contractual derivada de un acuerdo con un organismo del Estado: un contrato PPP, un contrato de reparto de producción con Petrovietnam aprobado por el Gobierno, un arrendamiento de tierras, un compromiso de incentivos a la inversión o un contrato de suministro con una empresa estatal. La segunda es una controversia administrativa sobre una decisión de una autoridad: una liquidación tributaria, la denegación o revocación de una licencia, la terminación de un proyecto o la recuperación de tierras. La tercera es una controversia basada en un tratado, en la que el inversor alega que la conducta del Estado infringió un acuerdo internacional de inversión, por ejemplo expropiando la inversión sin indemnización o negándole un trato justo y equitativo.

Las vías son distintas. Las controversias contractuales se someten al foro previsto en el contrato, dentro de los límites del artículo 13 de la Ley de Inversiones n.º 143/2025/QH15. Las controversias administrativas se someten a reclamación administrativa y a los tribunales de lo contencioso-administrativo (El tribunal del VIFC y los foros especializados; Administración tributaria, inspecciones y litigios). Las controversias basadas en tratados se someten a arbitraje internacional conforme al tratado. Los mismos hechos pueden dar lugar a las tres, y la elección de una vía puede cerrar otra, por lo que la estrategia debe definirse antes de dar el primer paso. Las garantías del capítulo II de la ley, la red de tratados y la forma de acogerse a su protección se explican en Garantías de inversión y tratados; esta sección trata del procedimiento.

El artículo 13 y los contratos con organismos del Estado

El artículo 13 de la Ley de Inversiones exige primero negociación y mediación. Una controversia entre un inversor extranjero y una autoridad del Estado relativa a la inversión empresarial en Vietnam se somete después al arbitraje o a los tribunales vietnamitas, salvo que el contrato entre ellos o un tratado del que Vietnam sea parte disponga otra cosa; la controversia entre un inversor nacional, o una sociedad con no más del 50 % de capital extranjero, y el Estado se somete al arbitraje o a los tribunales vietnamitas (pregunta frecuente 77). La excepción relativa a los contratos es significativa: un inversor extranjero que negocia un contrato con un organismo del Estado puede procurar una cláusula de arbitraje internacional, y un inversor bien asesorado en un gran proyecto lo hace.

Los contratos PPP regulados por la Ley n.º 64/2020/QH14 de Inversión en Régimen de Asociación Público-Privada, modificada en 2024 y 2025 y desarrollada por el Decreto n.º 243/2025/ND-CP, siguen un esquema similar: las propias disposiciones de la ley sobre controversias, que deben comprobarse en cada proyecto, permiten que las controversias entre la autoridad contratante y un inversor extranjero o una sociedad del proyecto constituida por este se sometan al foro pactado en el contrato, incluido el arbitraje internacional (pregunta frecuente 96). Los contratos petroleros los aprueba el Primer Ministro y designan el arbitraje o el tribunal que resolverá las controversias; los contratos de reparto de producción con contratistas extranjeros prevén habitualmente el arbitraje internacional (pregunta frecuente 111). Los arrendamientos de tierras otorgados por el Estado se basan en decisiones administrativas de asignación o arrendamiento de tierras, y las controversias sobre la renta del suelo, la recuperación o la indemnización se resuelven en general mediante reclamación y ante los tribunales de lo contencioso-administrativo y no mediante arbitraje, aunque el arrendamiento de tierras en un parque industrial otorgado por el promotor del parque es un contrato mercantil ordinario (Recuperación de tierras, indemnización y falta de uso).

Una controversia con una empresa estatal que actúa en el tráfico mercantil es un litigio mercantil ordinario: la empresa es una persona jurídica distinta, no se aplica la vertiente del artículo 13 relativa a las controversias entre inversores y el Estado, y rige la cláusula de arbitraje del contrato.

Los tratados que permiten una reclamación

Según la UNCTAD, Vietnam ha firmado 66 tratados bilaterales de inversión, de los cuales 45 están en vigor, y unos 20 tratados más con disposiciones sobre inversión (pregunta frecuente 76). La mayoría de los TBI en vigor permiten a un inversor del otro Estado presentar una reclamación por infracción de las protecciones del tratado ante un tribunal arbitral, habitualmente conforme al Reglamento de la CNUDMI (UNCITRAL) o ad hoc, tras un período de negociación. El capítulo 9 del CPTPP prevé el arbitraje entre inversores y Estados por infracción de sus protecciones de las inversiones, con suspensión de las reclamaciones basadas en autorizaciones de inversión y en acuerdos de inversión. El Acuerdo Integral de Inversiones de la ASEAN ofrece a los inversores de la ASEAN un mecanismo comparable, y los acuerdos de la ASEAN con China, Corea, Australia y Nueva Zelanda, entre otros, contienen sus propias disposiciones. El RCEP, en vigor desde el 1 de enero de 2022, no tiene mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados. El Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Vietnam, firmado en 2019 con un sistema de tribunal de inversiones, no está en vigor, por lo que los inversores de la UE se apoyan en el TBI de su Estado miembro cuando existe.

Vietnam no es parte del Convenio del CIADI (ICSID). Por tanto, las reclamaciones basadas en tratados se tramitan conforme al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (UNCITRAL), a menudo administradas por la Corte Permanente de Arbitraje, o conforme a otras normas que permita un tratado, incluido el Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI, que varios demandantes han utilizado contra Vietnam, y los reglamentos de la CCI o del SCC. El laudo no es un laudo CIADI ejecutable conforme al Convenio del CIADI; se ejecuta conforme a la Convención de Nueva York y puede ser objeto de anulación en la sede del arbitraje, lo que convierte la elección de la sede, a menudo Singapur, París u otra ciudad favorable al arbitraje, en una decisión estratégica importante.

Notificación, período de enfriamiento y pasos del CPTPP

Todo tratado exige un período de negociación previo al arbitraje, habitualmente de entre tres y seis meses desde la notificación escrita de la controversia en los TBI más antiguos, y en algunos casos un período para el agotamiento de los recursos internos. La notificación debe identificar al inversor y su nacionalidad, la inversión, las medidas objeto de la queja, las disposiciones del tratado infringidas y las pretensiones, y debe dirigirse a las autoridades que designe el tratado o, en su defecto, al Gobierno y al Ministerio de Justicia. No respetar el período puede llevar a un tribunal arbitral a suspender o desestimar la reclamación, y el artículo 13 de la Ley de Inversiones añade el requisito interno de negociación y mediación.

El CPTPP establece una secuencia más completa. El demandante debe solicitar primero consultas; no puede presentar la reclamación hasta seis meses después de que el demandado haya recibido esa solicitud; debe entregar una notificación escrita de intención al menos 90 días antes de presentar la reclamación; debe renunciar al derecho a continuar otros procedimientos sobre la misma medida; y debe presentarla en el plazo de tres años y seis meses desde la fecha en que tuvo o debió tener conocimiento de la infracción y del perjuicio. Para las reclamaciones contra Vietnam, el anexo 9-J añade una cláusula de elección irrevocable (fork in the road): una vez que el inversor ha alegado la infracción ante un tribunal judicial o administrativo vietnamita, la elección es definitiva y ya no puede someter la misma reclamación a arbitraje. Una carta complementaria entre Vietnam y Nueva Zelanda sustituye, para sus inversores, el acceso directo al arbitraje por un proceso de consultas y la exigencia de un consentimiento específico. A octubre de 2026 no se había informado de ninguna reclamación contra Vietnam al amparo del CPTPP.

Cómo responde el Gobierno

Vietnam coordina su respuesta a las controversias internacionales en materia de inversión conforme a la Decisión n.º 14/2020/QD-TTg del Primer Ministro, que aprobó el reglamento de coordinación para la solución de controversias internacionales en materia de inversión. Dirige la defensa el ministerio, el organismo de rango ministerial o el Comité Popular provincial cuya medida se impugna; el Ministerio de Justicia asesora en derecho y representa o coordina la representación, y otros ministerios contribuyen, con la intervención del Ministerio de Hacienda cuando se trata del pago de un laudo o de un acuerdo (pregunta frecuente 77). Una notificación de controversia dirigida únicamente a la autoridad provincial que adoptó la medida puede no llegar con rapidez a los órganos de coordinación; es una buena práctica enviarla también al Ministerio de Justicia y, en su caso, a la Oficina del Gobierno.

El período de enfriamiento es donde reside el mayor poder de negociación. Varias controversias conocidas se resolvieron por acuerdo tras la notificación, y las autoridades vietnamitas, conscientes del coste reputacional y económico de una reclamación basada en un tratado, suelen implicarse seriamente cuando reciben una notificación fundada de un inversor con una posición convencional creíble. El apoyo diplomático de la embajada del inversor, los contactos con el Ministerio de Hacienda como ministerio de promoción de la inversión y una exposición clara del remedio que se busca, como el restablecimiento de una licencia, una revisión del precio del suelo o una indemnización, suelen ser más productivos que la presentación inmediata de la demanda.

Los casos conocidos

El Investment Dispute Settlement Navigator de la UNCTAD registra 13 casos conocidos basados en tratados contra Vietnam. En síntesis: las reclamaciones presentadas por Trinh Vinh Binh al amparo del TBI Países Bajos-Vietnam, la primera de las cuales terminó en acuerdo y la segunda en un laudo de 2019 que consta como resuelto a favor del inversor; las reclamaciones de McKenzie al amparo del acuerdo comercial Estados Unidos-Vietnam de 2000 (resuelta a favor del Estado, 2013), de Dialasie al amparo del TBI Francia-Vietnam (resuelta a favor del Estado, 2014) y de RECOFI al amparo del mismo TBI (resuelta a favor del Estado, 2015, con una impugnación desestimada por el Tribunal Federal suizo); una reclamación de ConocoPhillips y Perenco al amparo del TBI Reino Unido-Vietnam, que según se informó se refería a la tributación de una venta de participaciones petroleras y terminó en acuerdo; una reclamación de Shin Dong Baig al amparo del TBI Corea-Vietnam conforme al Mecanismo Complementario del CIADI, en la que se dictó un laudo en 2020; y varias reclamaciones pendientes según los últimos registros, entre ellas reclamaciones al amparo del acuerdo comercial Estados Unidos-Vietnam, del TBI Alemania-Vietnam y, por parte de PowerChina y otros contratistas chinos, del TBI China-Vietnam y del acuerdo de inversiones ASEAN-China.

Los casos sugieren tres lecciones. Las reclamaciones se han basado sobre todo en TBI antiguos con protecciones amplias, que Vietnam se inclina ahora a renegociar siguiendo el modelo del CPTPP. Los resultados han sido dispares, con más casos resueltos a favor del Estado que de los inversores. Y los acuerdos antes o durante el procedimiento son frecuentes. Estos resúmenes proceden de la base de datos pública de la UNCTAD y no constituyen una relación completa de ningún caso; los detalles de los casos pendientes suelen ser confidenciales.

La ejecución de un laudo contra el Estado

Un laudo contra Vietnam basado en un tratado se ejecuta como cualquier laudo arbitral extranjero. Dentro de Vietnam, el inversor solicita su reconocimiento a un tribunal vietnamita conforme al Código de Procedimiento Civil y a la Convención de Nueva York, con los mismos motivos de denegación, incluidos los principios fundamentales del derecho vietnamita (Arbitraje extranjero y ejecución de laudos), y el pago depende después de los procedimientos presupuestarios del Estado. Fuera de Vietnam, la ejecución depende del régimen de inmunidad del Estado en el país de ejecución: los bienes comerciales del Estado pueden ser accesibles en algunas jurisdicciones, mientras que los bienes diplomáticos y del banco central gozan en general de inmunidad. Los bienes de una empresa estatal con personalidad propia no son bienes del Estado salvo que el tribunal de ejecución prescinda de esa personalidad separada. En la práctica, la mayoría de los laudos contra Estados se pagan o se transigen, pero el inversor debe evaluar dónde podría llevarse a cabo la ejecución antes de iniciar una reclamación.

El seguro de riesgo político, del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) o de aseguradoras privadas, y el paquete de garantías de una financiación de proyectos son protecciones complementarias: pagan o reducen la exposición sin depender de un laudo, y la aseguradora que paga suele subrogarse en los derechos del inversor derivados del tratado.