El tribunal del VIFC y los foros especializados: el tribunal especializado del Centro Financiero Internacional de Vietnam conforme a la Ley 150/2025, el centro de arbitraje internacional del centro financiero y las vías para los litigios laborales, administrativos, tributarios, de propiedad intelectual y de competencia

Un nuevo foro para el centro financiero

El Centro Financiero Internacional de Vietnam (VIFC), un único centro con sedes en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, fue creado por la Resolución n.º 222/2025/QH15 de la Asamblea Nacional, con efectos desde el 1 de septiembre de 2025, y se inauguró el 21 de diciembre de 2025 (pregunta frecuente 69). Su régimen jurídico, la condición de miembro, las normas de cambio de divisas y los incentivos financieros se explican en Financiación de proyectos, garantías y centro financiero. El diseño incluye dos instituciones de resolución de litigios: un tribunal especializado creado por ley y un centro de arbitraje internacional previsto por decreto del Gobierno. Ambos pretenden ofrecer a los inversores extranjeros del centro un foro que funcione en inglés, aplique la práctica internacional y resuelva los litigios con rapidez, más próximo al modelo del Centro Financiero Internacional de Dubái o del Centro Financiero Internacional de Astaná que a los tribunales populares ordinarios.

Ambos son nuevos, y su valor práctico depende de normas y nombramientos que todavía se están realizando. Esta sección describe lo que prevé la ley a octubre de 2026 y lo que un inversor debe comprobar antes de confiar en cualquiera de ellos.

El tribunal especializado conforme a la Ley n.º 150/2025/QH15

La Ley n.º 150/2025/QH15 del Tribunal Especializado del Centro Financiero Internacional se aprobó el 11 de diciembre de 2025 y entró en vigor el 1 de enero de 2026. El tribunal forma parte del sistema de tribunales populares, tiene su sede en Ciudad Ho Chi Minh y comprende un tribunal de primera instancia, un tribunal de apelación y un aparato de apoyo. Su competencia abarca: los litigios de inversión y empresariales entre miembros del centro, o entre un miembro y un no miembro; el reconocimiento y la ejecución en Vietnam de sentencias judiciales extranjeras y de laudos arbitrales extranjeros en tales litigios; las solicitudes relativas al arbitraje comercial conforme a la ley de arbitraje, como el nombramiento de árbitros, las medidas cautelares y la prueba, cuando al menos una parte es miembro; y otras materias que determine el Tribunal Popular Supremo cuando al menos una parte es miembro. Se excluyen los asuntos que afecten a intereses del Estado o al interés público. Los comentarios describen esta competencia como exclusiva dentro de su ámbito, de modo que el litigio mercantil de un miembro que en otro caso correspondería a un tribunal regional corresponde al tribunal especializado, salvo que se aplique un convenio arbitral válido. Los conflictos de competencia entre el tribunal especializado y los tribunales populares los resuelve el presidente del tribunal, con posibilidad de reclamación ante el Tribunal Popular Supremo, cuya resolución es firme.

El procedimiento se aparta del Código de Procedimiento Civil en aspectos importantes. El inglés es lengua de trabajo: el procedimiento y las sentencias pueden desarrollarse solo en inglés o en inglés con traducción al vietnamita. En primera instancia conoce del asunto un juez único o, en los asuntos complejos y a petición de las partes, una sala de tres; las apelaciones las conocen tres jueces, y ningún juez que haya intervenido en la primera instancia puede formar parte de la sala de apelación. Las sentencias de apelación son definitivas y no admiten casación ni revisión, a diferencia de las de los tribunales ordinarios. Los jueces pueden ser vietnamitas o extranjeros, y deben tener al menos diez años de experiencia en litigios de inversión y empresariales y un dominio del inglés suficiente para juzgar. Las partes pueden estar representadas por abogados vietnamitas o por abogados extranjeros con un certificado de ejercicio válido expedido por una autoridad extranjera, y una persona jurídica debe estar representada por abogado salvo que las normas procesales dispongan otra cosa. La Fiscalía Popular no interviene. La presentación de escritos, las notificaciones, el pago de tasas, la prueba y las vistas pueden ser íntegramente electrónicos.

En cuanto al fondo, las partes en operaciones con elemento extranjero pueden elegir una ley extranjera o los usos del comercio internacional, siempre que el resultado no vulnere el orden público de Vietnam; los litigios sobre la propiedad y otros derechos reales sobre bienes inmuebles, incluidos los arrendamientos y las garantías sobre ellos, se rigen por la ley del lugar donde se encuentra el bien. Los comentarios sobre la ley señalan un plazo de prescripción de seis años desde el hecho causante, que las partes pueden modificar por acuerdo dentro de los límites que precisen las normas procesales. Las costas del procedimiento incluyen las tasas judiciales y unos honorarios de abogado razonables, anticipados por la parte solicitante y soportados por la parte vencida salvo pacto en contrario, en los importes que fije el Tribunal Popular Supremo junto con el Ministerio de Hacienda. El tribunal dicta sus propias resoluciones de ejecución, que lleva a cabo un juez de ejecución designado.

Cuándo podrá utilizarse el tribunal

La Ley n.º 150/2025/QH15 remite los detalles a las Normas Procesales Especializadas, que debe aprobar mediante resolución el Consejo de Jueces del Tribunal Popular Supremo. El plan de aplicación del Tribunal Popular Supremo, del que se informó en enero de 2026, fijó el 31 de marzo de 2026 para una circular sobre el nombramiento de los jueces, el 30 de junio de 2026 para los instrumentos sobre tasas y costas, ejecución y ética judicial, y el 31 de diciembre de 2026 para las propias normas procesales. Mientras las normas no estén en vigor y los jueces no hayan sido nombrados, el tribunal debe considerarse disponible en principio pero no puesto a prueba, y un inversor no debe elegirlo como foro único en un contrato sin un foro subsidiario (Financiación de proyectos, garantías y centro financiero).

Para los contratos que firmen ahora los miembros del centro, un enfoque práctico consiste en elegir el arbitraje, ya sea VIAC, el centro de arbitraje del VIFC una vez en funcionamiento o una institución extranjera, y confiar en el tribunal especializado para las funciones de apoyo y para el reconocimiento de los laudos en los que intervenga un miembro, que en todo caso le corresponderán. Cuando las partes prefieran la vía judicial, la cláusula que elija el tribunal especializado debe identificar a la parte miembro e indicar qué ocurre si el tribunal todavía no puede conocer del asunto.

El centro de arbitraje internacional del VIFC

El Decreto n.º 328/2025/ND-CP, de 18 de diciembre de 2025, uno de los ocho decretos de desarrollo de la Resolución n.º 222/2025/QH15, prevé un centro de arbitraje internacional dentro del VIFC. El centro debe ser una persona jurídica independiente con sede dentro del perímetro del centro financiero y autorizada por el Ministro de Justicia. Resuelve los litigios de inversión y comerciales derivados de actividades en el VIFC cuando las partes aceptan su competencia, con exclusión de los litigios sobre decisiones y actos administrativos, los litigios laborales, los litigios sobre derechos de la personalidad y los asuntos ya resueltos por un tribunal o una autoridad competente. Las partes en litigios con elemento extranjero pueden elegir una ley extranjera, siempre que no contravenga los principios fundamentales del derecho vietnamita, y el tribunal arbitral puede aplicar los usos del comercio internacional; puede utilizarse el inglés. El tribunal especializado presta apoyo a los arbitrajes: nombra árbitros cuando las partes no se ponen de acuerdo, ayuda con la prueba y los testigos, concede medidas cautelares y reconoce los laudos extranjeros vinculados al centro.

El rasgo más característico del decreto es la renuncia a la anulación: las partes pueden renunciar expresamente, en el convenio arbitral original, a su derecho a pedir a un tribunal la anulación del laudo, en cuyo caso el laudo es definitivo y ejecutable desde su emisión, salvo cuando el convenio arbitral sea nulo conforme al artículo 18 de la Ley de Arbitraje Comercial o la renuncia se haya formulado después de presentada una solicitud de anulación. Los comentarios señalaron que el reglamento procesal propio del centro no se había publicado cuando el decreto entró en vigor, por lo que los procedimientos se regirían supletoriamente por la Ley de Arbitraje Comercial y la Resolución. Esta guía no ha podido confirmar que el centro esté admitiendo asuntos a octubre de 2026; un inversor debe comprobar su autorización, su reglamento y su lista de árbitros antes de designarlo en una cláusula, y no debe combinar una renuncia a la anulación con una institución no puesta a prueba sin asesoramiento.

Litigios laborales

Los litigios entre empleador y trabajador quedan fuera del arbitraje comercial y se rigen por el Código del Trabajo (Ley n.º 45/2019/QH14). Un litigio laboral individual se somete primero a un mediador laboral designado por la autoridad laboral provincial, integrada ahora en el sistema del Ministerio del Interior, y la mediación concluye en el plazo de cinco días hábiles, salvo en los litigios sobre despido disciplinario, extinción unilateral, indemnizaciones por extinción, seguros y algunos otros, que pueden plantearse directamente ante el tribunal; si la mediación fracasa, las partes pueden acordar someter el litigio al consejo provincial de arbitraje laboral, o cualquiera de ellas puede demandar ante el tribunal (artículos 187 a 190). Los plazos de prescripción son de seis meses para la mediación, nueve meses para el arbitraje y un año para el proceso judicial. Los conflictos colectivos de derechos y de intereses siguen vías distintas, y solo un conflicto de intereses puede dar lugar a una huelga lícita, cuya legalidad decide el tribunal regional. Estas normas, con sus consecuencias prácticas para un empleador extranjero, se tratan en Reglamento interno de trabajo, sindicatos y litigios y, en cuanto a la extinción, en Extinción del contrato, indemnización por cese y despidos por causas económicas (pregunta frecuente 58).

Litigios administrativos y tributarios

Una decisión de una autoridad del Estado que deniega o revoca una licencia, pone fin a un proyecto de inversión, impone una sanción administrativa, liquida un impuesto o recupera tierras se impugna por dos vías, que pueden utilizarse de forma sucesiva. La primera es una reclamación administrativa conforme a la Ley de Reclamaciones ante la autoridad que dictó la decisión, en general en el plazo de 90 días desde su recepción, y después ante el nivel superior si la reclamación se rechaza o no se resuelve a tiempo. La segunda es una demanda contencioso-administrativa conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley n.º 93/2015/QH13, modificada por la Ley n.º 85/2025/QH15), en general en el plazo de un año desde la recepción de la decisión; desde el 1 de julio de 2025, los asuntos administrativos de primera instancia los conocen los tribunales regionales y provinciales reorganizados. La Ley n.º 58/2020/QH14 permite un diálogo previo a la admisión entre el demandante y la autoridad. La decisión suele seguir siendo ejecutable mientras se impugna, por lo que un inversor puede verse obligado a cumplirla bajo protesta.

Los litigios tributarios siguen esta vía con las reglas especiales de la Ley de Administración Tributaria n.º 108/2025/QH15: una reclamación ante la administración tributaria, en general en el plazo de 90 días, una segunda reclamación o una demanda contencioso-administrativa, y el pago mientras tanto del impuesto liquidado, con devolución si la impugnación prospera; las cuestiones relativas a los convenios también pueden someterse al procedimiento amistoso (pregunta frecuente 30; Administración tributaria, inspecciones y litigios). Cuando una medida administrativa infringe además un tratado de inversión, la elección de una demanda contencioso-administrativa puede cerrar la vía convencional en virtud de una cláusula de elección irrevocable como el anexo 9-J del CPTPP (Controversias entre inversores y Estados y reclamaciones basadas en tratados).

Propiedad intelectual y competencia

La infracción de los derechos de propiedad intelectual puede perseguirse mediante la actuación administrativa de las inspecciones, la vigilancia del mercado y las aduanas, mediante procesos civiles para obtener órdenes de cesación e indemnizaciones y, en los casos graves de falsificación, mediante la persecución penal. Desde el 1 de julio de 2025, los asuntos civiles de propiedad intelectual los conocen en primera instancia los Tribunales de Propiedad Intelectual del Tribunal Popular Regional n.º 2 de Hanoi y del Tribunal Popular Regional n.º 1 de Ciudad Ho Chi Minh, con apelación ante las salas de lo económico de los Tribunales Populares de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh. Los litigios sobre la concesión, la validez o la invalidación de los derechos registrados se someten primero a la Oficina de Propiedad Intelectual de Vietnam. Los litigios sobre licencias y transferencia de tecnología entre empresas son mercantiles y pueden someterse a arbitraje. La elección entre la vía administrativa y la judicial, y las pruebas necesarias, se explican en Defensa de la propiedad intelectual y lucha contra la falsificación (pregunta frecuente 84).

Las cuestiones de competencia, incluidas las investigaciones de cárteles y de abuso de posición dominante, el control de concentraciones y las denuncias de particulares, corresponden a la Comisión Nacional de Competencia conforme a la Ley n.º 23/2018/QH14 de Competencia, cuyas decisiones pueden impugnarse mediante los procedimientos de esa ley y después ante el tribunal de lo contencioso-administrativo; la indemnización por conductas anticompetitivas puede reclamarse ante los tribunales civiles. Los umbrales de notificación, los procedimientos y las sanciones se tratan en Control de concentraciones y derecho de la competencia (pregunta frecuente 87).