Administración tributaria, comprobaciones y litigios: la Ley de Administración Tributaria de 2025, registro y presentación, tributación electrónica, sanciones e intereses, plazos de prescripción, comprobaciones e inspecciones, apremio y prohibición de salida del país, reclamaciones y recursos judiciales

La ley y la administración tributaria

La Ley de Administración Tributaria n.º 108/2025/QH15 se aprobó el 10 de diciembre de 2025 y entró en vigor el 1 de julio de 2026, en sustitución de la Ley n.º 38/2019/QH14; algunas disposiciones sobre negocios familiares y personas físicas se aplicaron desde enero de 2026. La desarrollan el Decreto n.º 252/2026/ND-CP, que también fija los requisitos fiscales para la remesa de beneficios y las normas sobre la prohibición de salida del país, y la Circular n.º 89/2026/TT-BTC sobre declaraciones y procedimientos. Las sanciones siguen en el Decreto n.º 125/2020/ND-CP modificado por el Decreto n.º 310/2025/ND-CP. La ley mantiene los plazos conocidos y los intereses de demora del 0,03 % diario, pero acorta las comprobaciones tributarias, remite la inspección tributaria a la Ley general de Inspección, reduce a cinco años el plazo para presentar declaraciones complementarias y refuerza la recaudación y la información de terceros (pregunta frecuente 30).

La administración se reestructuró en 2025. Conforme a la Decisión n.º 381/QD-BTC, desde el 1 de marzo de 2025 la Dirección General de Impuestos pasó a ser el Departamento de Impuestos (Cục Thuế) del Ministerio de Hacienda, y su red local, organizada brevemente en 20 subdepartamentos regionales, se reorganizó desde el 1 de julio de 2025 en 34 oficinas tributarias de nivel provincial que coinciden con las provincias fusionadas, con oficinas tributarias de base por debajo de ellas. Una sociedad se relaciona con la oficina tributaria provincial en la que está registrado su domicilio social, o con la unidad de grandes contribuyentes si ha sido designada gran contribuyente. Los derechos de aduana los gestiona por separado el Departamento de Aduanas (Aduanas y derechos de importación).

Registro, presentación y pago

Una sociedad recibe su número de identificación fiscal con su certificado de registro de empresa, ya que el código de empresa sirve también de número de identificación fiscal, y sus sucursales y unidades dependientes reciben códigos derivados de él. Las modificaciones de los datos registrados se realizan a través del sistema de registro empresarial y se transmiten a la administración tributaria; las modificaciones que solo afectan a los impuestos, como el método contable o el ejercicio, se comunican a la oficina tributaria. Los contratistas extranjeros, los proveedores extranjeros de servicios digitales y las personas físicas se registran por separado cuando deben presentar declaraciones por sí mismos.

El ciclo de presentación se resume en la tabla siguiente y se detalla mes a mes en Calendario de obligaciones tras la obtención de licencias. Las declaraciones mensuales del IVA y del PIT vencen el día 20 del mes siguiente, o trimestralmente el último día del mes siguiente al trimestre cuando los ingresos del ejercicio anterior no superan 50 mil millones de VND. El CIT provisional se paga trimestralmente, sin declaración, a más tardar el día 30 del mes siguiente a cada trimestre, y los cuatro pagos deben alcanzar en conjunto al menos el 80 % de la deuda definitiva; cualquier diferencia devenga intereses de demora desde la fecha de vencimiento del cuarto pago. La liquidación anual del CIT y la liquidación del PIT del empleador vencen el último día del tercer mes siguiente al cierre del ejercicio, y la liquidación del PIT propia de las personas físicas el último día del cuarto mes. El impuesto sobre contratistas extranjeros y otros impuestos por operación se declaran en un plazo de diez días. El pago vence en la fecha límite de presentación.

La presentación y el pago son electrónicos a través del portal de tributación electrónica del Departamento de Impuestos, con la firma digital de la sociedad, y el pago se efectúa desde una cuenta bancaria vinculada al número de identificación fiscal. La ley prevé una cuenta tributaria electrónica para cada contribuyente, la tramitación automática de devoluciones, exenciones y reducciones a partir de datos electrónicos y criterios de riesgo, y un perfil de cumplimiento que califica el riesgo de cada contribuyente, cuyo detalle se fijará en una circular del Ministerio de Hacienda. Las entidades de crédito deben ahora informar de las cuentas de pago vinculadas a cada número de identificación fiscal y compartir la información de las operaciones con la administración tributaria, y los pagadores de rentas deben informar de los pagos y retenciones que realizan.

Sanciones e intereses de demora

El Decreto n.º 125/2020/ND-CP sobre sanciones por infracciones tributarias y de facturación, modificado por el Decreto n.º 310/2025/ND-CP, gradúa las multas por presentación tardía según la duración del retraso, desde un apercibimiento por un retraso breve con circunstancias atenuantes hasta multas de hasta 25 millones de VND por declaraciones presentadas con mucho retraso o no presentadas cuando hay impuesto a pagar. Cuando una declaración o una liquidación declara de menos el impuesto a pagar, o declara de más una devolución, exención o reducción, y el caso no constituye evasión, la sanción es del 20 % del impuesto declarado de menos. La evasión fiscal no perseguida como delito, como no declarar ingresos, utilizar facturas ilegales o solicitar a sabiendas una exención improcedente, se sanciona con multas de una a tres veces el impuesto eludido. Las propias sociedades pueden incurrir en responsabilidad penal por evasión fiscal conforme al Código Penal por encima de los umbrales legales, al igual que sus directivos. Las infracciones en materia de facturación se sancionan por separado con arreglo al mismo decreto.

En todos los casos se exige el propio impuesto, con intereses de demora del 0,03 % diario desde el día siguiente a la fecha de vencimiento hasta el día del pago, tipo que la ley de 2025 mantuvo. La ley suprimió la anterior exención de intereses cuando un pago en exceso se compensa con una deuda, y permite condonar las sanciones y los intereses cuando fallos técnicos del sistema de la administración tributaria impidieron cumplir a tiempo. Una declaración complementaria presentada voluntariamente, antes de que la administración tributaria anuncie una comprobación, devenga intereses pero evita la sanción por declaración de menos; una declaración complementaria de un período ya comprobado que aumenta el impuesto requiere la autorización de la administración tributaria y se sanciona como si la administración hubiera detectado el error.

Hasta cuándo puede remontarse la administración tributaria

El artículo 44 de la Ley n.º 108/2025/QH15 fija los plazos de prescripción. El plazo para imponer sanciones es de dos años para las infracciones de los procedimientos tributarios, como el registro o la presentación tardíos, y de cinco años para la declaración de menos que da lugar a una diferencia, la declaración de más de devoluciones, exenciones o reducciones y la evasión fiscal no perseguida como delito (artículo 44, apartado 7). Por otra parte, el contribuyente debe pagar cualquier diferencia de impuesto o impuesto eludido, con intereses de demora, de hasta diez años atrás desde la fecha en que se detecta la infracción, y de todo el período cuando nunca se registró a efectos fiscales (artículo 44, apartado 8). Una vez transcurrido el plazo de las sanciones, no puede imponerse ninguna multa, pero el impuesto y los intereses siguen siendo exigibles dentro del plazo de diez años.

El plazo propio del contribuyente para corregir sus declaraciones se ha acortado: las declaraciones complementarias pueden presentarse dentro de los cinco años siguientes a la fecha límite de presentación original, frente a los diez anteriores. Por ello, los registros deben conservarse al menos diez años, lo que coincide además con el plazo de conservación de los registros esenciales que fija la ley de contabilidad, y la due diligence (revisión jurídica) fiscal de un adquirente debe abarcar ese mismo período (Tributación de las transmisiones de participaciones y de los dividendos).

Comprobaciones, auditorías e inspecciones

La administración tributaria revisa electrónicamente todas las declaraciones y puede pedir explicaciones en su propia oficina (comprobación de gabinete). Una comprobación tributaria en las instalaciones del contribuyente conforme a la Ley n.º 108/2025/QH15 se limita ahora a los casos de mayor riesgo, como las reorganizaciones, los cambios de domicilio de la actividad y los expedientes de exención, reducción o no recaudación del impuesto, y las comprobaciones periódicas y por reorganización en las instalaciones no pueden realizarse más de una vez al año. Una comprobación en las instalaciones está limitada a 20 días, prorrogables una vez; una comprobación de precios de transferencia, a 40 días, prorrogables una vez por un máximo de 40 días; y hasta dos años cuando deba intercambiarse información con administraciones tributarias extranjeras. Una autoridad superior puede volver a comprobar en los dos años siguientes a la conclusión original o a la resolución sancionadora. La inspección tributaria, el procedimiento más formal que se utiliza en los casos graves, ya no está regulada por la ley de administración tributaria y se lleva a cabo conforme a la Ley de Inspección.

La selección se basa en el riesgo, a partir del perfil de cumplimiento del contribuyente y de los datos de facturas, aduanas, bancos y terceros. En las empresas de capital extranjero, las partidas que se examinan con más frecuencia son: el IVA soportado y los gastos en facturas de proveedores no conformes y los pagos en efectivo superiores a 5 millones de VND; el impuesto sobre contratistas extranjeros en los pagos al extranjero; los honorarios de gestión, cánones e intereses pagados a partes vinculadas y el límite del 30 % del EBITDA (Precios de transferencia, intereses e impuesto mínimo global); los requisitos de los incentivos del CIT y la contabilidad separada; el PIT sobre las retribuciones y beneficios de los expatriados pagados en el extranjero; y las devoluciones. Al término de una comprobación, el equipo levanta un acta y emite una conclusión, a la que sigue una resolución sobre el impuesto, los intereses y las sanciones que procedan; el contribuyente debe formular observaciones por escrito al borrador del acta, porque los puntos que no se plantean en ese momento son más difíciles de defender después.

Apremio y prohibición de salida del país

Cuando el impuesto sigue sin pagarse después de su vencimiento, la administración tributaria puede proceder por vía de apremio mediante el cargo y el embargo de las cuentas bancarias del contribuyente, la retención de parte del salario de una persona física, la invalidación de las facturas del contribuyente, el embargo y la venta de bienes, el cobro de las cantidades en poder de terceros y, conforme a la ley de 2025, el requerimiento al contribuyente para que suspenda su actividad y la solicitud a la autoridad de registro empresarial de que suspenda las modificaciones de su inscripción. Las deudas tributarias se publican, y una empresa con impuestos vencidos no puede remitir beneficios al extranjero (Remesa de beneficios y repatriación del capital).

La prohibición temporal de salida del país es la medida que más preocupa a los directivos extranjeros. Conforme al Decreto n.º 252/2026/ND-CP, que sustituyó a las normas del Decreto n.º 49/2025/ND-CP, la administración tributaria puede pedir a la autoridad de inmigración que impida a una persona salir de Vietnam cuando: una empresa está sujeta a la ejecución forzosa de una resolución de gestión tributaria y adeuda impuestos por 500 millones de VND o más vencidos desde hace 120 días o más, en cuyo caso la medida puede alcanzar a su representante legal y a su titular real; un empresario individual o titular de un negocio familiar adeuda 50 millones de VND o más vencidos desde hace 120 días o más; una empresa ha cesado su actividad en su domicilio registrado y no ha reactivado ni dado de baja su número de identificación fiscal en los 120 días siguientes a la notificación; o un nacional extranjero, un ciudadano vietnamita que emigra o un vietnamita residente en el extranjero tiene obligaciones tributarias pendientes antes de su salida. En los supuestos ordinarios, la administración tributaria da un preaviso de al menos 30 días a través del sistema tributario y en su sitio web antes de notificarlo a la autoridad de inmigración; en el caso de los nacionales extranjeros, la notificación se envía inmediatamente a la autoridad de inmigración, y puede prorrogarse. La medida se levanta cuando la deuda baja del umbral o se condona, sin necesidad de pago íntegro, y la autoridad de inmigración debe levantarla inmediatamente al recibir la notificación.

Reclamaciones y recursos judiciales

Un contribuyente que discrepa de una resolución tributaria, como una liquidación, una resolución sancionadora, la denegación de una devolución o una resolución de apremio, puede presentar una reclamación ante la autoridad que la dictó, en general en los 90 días siguientes a la recepción de la resolución, conforme a la ley de administración tributaria y a la Ley de Reclamaciones n.º 02/2011/QH13. Una primera reclamación se resuelve normalmente en los 30 días siguientes a su admisión, o en 45 días en los casos complejos. Si el contribuyente discrepa de la primera resolución, o no se resuelve a tiempo, puede presentar una segunda reclamación ante la autoridad inmediatamente superior o interponer un recurso contencioso-administrativo. El recurso también puede interponerse directamente, sin reclamación previa, en el plazo de un año desde la recepción de la resolución conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo n.º 93/2015/QH13; desde el 1 de julio de 2025, los asuntos en primera instancia suelen conocerlos un Tribunal Popular regional. En general, la resolución tributaria sigue siendo ejecutiva mientras se tramita la reclamación o el recurso, por lo que el impuesto suele pagarse bajo protesta y se recupera si la impugnación prospera.

Cuando un litigio deriva de la aplicación de un convenio para evitar la doble imposición, incluida la doble imposición causada por un ajuste de precios de transferencia, el contribuyente puede solicitar además el procedimiento amistoso conforme a la Circular n.º 95/2026/TT-BTC, que no se tramita mientras el mismo asunto esté ante un tribunal. Un inversor cuya controversia sea con el Estado en sentido más amplio, y no sobre una resolución tributaria, debe valorar las vías de los tratados de inversión del capítulo 9.

Cómo afrontar una comprobación tributaria e impugnar su resultado

1. Prepararse al recibir la notificaciónComprobar el alcance, los períodos y el equipo designado en la resolución de comprobación; reunir declaraciones, libros, facturas, contratos, archivos de precios de transferencia y correspondencia anterior; designar un coordinador y un asesor.
2. Valorar una declaración complementaria voluntariaAntes de que se anuncie la comprobación, una declaración complementaria evita la sanción del 20 %; una vez anunciada, las correcciones del período requieren autorización y se sancionan.
3. Gestionar las actuacionesAportar los documentos con prontitud dentro del plazo de comprobación de 20 o 40 días, dejar constancia escrita de cada solicitud y respuesta, y explicar las posiciones con referencias jurídicas.
4. Formular observaciones al borrador del actaExponer por escrito cada discrepancia antes de firmar el acta, adjuntando las pruebas; la conclusión y la resolución suelen seguir al acta.
5. Pagar o garantizar el importe liquidadoLa resolución es en general ejecutiva pese a la impugnación; conviene pagar para detener el devengo de intereses y evitar el apremio y la prohibición de salida, reservándose el derecho a recuperar el importe.
6. Reclamar en 90 días o recurrir en un añoPresentar una reclamación motivada ante la autoridad que dictó la resolución y, después, una segunda reclamación o un recurso contencioso-administrativo; en las cuestiones de convenios, valorar el procedimiento amistoso.