La ejecución de sentencias y laudos: la Ley de Ejecución de Sentencias Civiles de 2025, los organismos de ejecución tras la reestructuración de 2025, las oficinas privadas de ejecución, el plazo de cinco años, la localización de bienes, el reconocimiento de sentencias judiciales extranjeras y la prelación de los acreedores garantizados

La nueva ley de ejecución

Una sentencia o un laudo vale lo que pueda cobrarse con él. En Vietnam, el cobro corresponde al sistema de ejecución de sentencias civiles, y la ley que lo rige cambió el 1 de julio de 2026, cuando la Ley n.º 106/2025/QH15 de Ejecución de Sentencias Civiles, aprobada por la Asamblea Nacional el 5 de diciembre de 2025, sustituyó a la Ley n.º 26/2008/QH12 en su versión modificada; unas pocas disposiciones, entre ellas las relativas a la base de datos digital, entraron en vigor antes, el 20 de enero de 2026. La nueva ley mantiene la estructura de la anterior, un sistema estatal de ejecución que actúa a instancia del acreedor, pero introduce tres cambios importantes: las oficinas privadas de ejecución que los acreedores pueden contratar, una base de datos nacional de ejecución de sentencias civiles conectada con otras bases de datos nacionales, en la que los documentos electrónicos tienen el mismo valor jurídico que los de papel (artículo 5), y deberes más concretos de los deudores y de los terceros de revelar los bienes.

El artículo 2 define lo que se ejecuta: las sentencias y resoluciones firmes de los tribunales vietnamitas en materia civil, mercantil, laboral y otras materias civiles, incluidas las sentencias judiciales extranjeras y los laudos arbitrales extranjeros que un tribunal vietnamita haya reconocido y cuya ejecución haya ordenado; las sentencias de primera instancia ejecutables de inmediato pese a la apelación; las resoluciones sobre medidas cautelares; y los laudos y medidas cautelares de los tribunales arbitrales vietnamitas conforme a la Ley de Arbitraje Comercial. Una sentencia o un laudo extranjeros que no hayan sido reconocidos no son ejecutables (Arbitraje extranjero y ejecución de laudos).

Quién ejecuta: los organismos tras la reestructuración de 2025

El sistema estatal se reorganizó en 2025 en paralelo con los tribunales y las provincias. En el nivel central, la antigua Dirección General de Ejecución de Sentencias Civiles pasó a ser el Departamento de Gestión de la Ejecución de Sentencias Civiles (Cục Quản lý thi hành án dân sự) del Ministerio de Justicia, en virtud de la Decisión n.º 1898/QD-BTP, de 25 de junio de 2025. En cada una de las 34 provincias y ciudades de administración central existe un organismo provincial de ejecución de sentencias civiles (Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố), con personalidad jurídica, sello y cuentas propios, y por debajo de él divisiones regionales de ejecución de sentencias civiles (Phòng Thi hành án dân sự khu vực), 355 en total, correspondientes a los tribunales regionales. Los artículos 17 y 19 de la Ley n.º 106/2025/QH15 reflejan esa estructura, y los órganos de ejecución de las regiones militares se ocupan de las sentencias de los tribunales militares.

El artículo 32 distribuye los asuntos entre los niveles; entre otras materias, las sentencias y laudos extranjeros reconocidos y los laudos arbitrales los ejecuta el organismo provincial, que actúa a través de sus divisiones regionales del lugar donde se encuentran los bienes. Cada asunto lo tramita un agente de ejecución (chấp hành viên), que dicta las resoluciones, verifica los bienes, aplica las medidas de apremio y distribuye lo obtenido.

Las nuevas oficinas privadas de ejecución (văn phòng thi hành án dân sự) cuentan con profesionales de la ejecución habilitados (thừa hành viên), nombrados por el presidente del Comité Popular provincial, que deben tener al menos una licenciatura en Derecho y completar una formación en ejecución (artículo 29). Cada oficina se organiza como empresa privada o sociedad colectiva (artículo 26). Actúa a instancia de un acreedor en virtud de un contrato de servicios; su responsable debe dictar la resolución de ejecución en el plazo de cinco días hábiles desde la firma (artículo 31), y sus profesionales pueden verificar bienes fuera de su propia provincia (artículo 30). El acreedor abona los honorarios pactados. Cuando la oficina no puede completar el asunto o el contrato se extingue, el expediente pasa al organismo estatal. Los decretos de desarrollo sobre las oficinas se estaban aprobando durante 2026, y debe comprobarse el número de oficinas en funcionamiento antes de confiar en esta vía.

Plazos, cumplimiento voluntario y apremio

El acreedor debe solicitar la ejecución en el plazo de cinco años desde la fecha en que la sentencia o el laudo surte efecto jurídico o, en el caso de una obligación con vencimiento posterior, desde esa fecha (artículo 34). Se excluye el tiempo perdido por emergencias, obstáculos objetivos o fuerza mayor. El plazo es estricto, y el acreedor que espera mientras intenta negociar el pago puede perder el derecho a la ejecución. La solicitud se presenta ante el organismo competente, o se firma un contrato con una oficina privada, junto con la sentencia o el laudo, la resolución de reconocimiento en su caso y la información sobre los bienes del deudor.

El organismo dicta una resolución de ejecución y la notifica al deudor, que dispone de diez días desde la notificación válida para cumplir voluntariamente (artículo 36). Este plazo no se aplica a las medidas cautelares, que se ejecutan de inmediato. Si el deudor no paga, el agente puede aplicar medidas de apremio: detraer cantidades de cuentas bancarias, bloquear cuentas y bienes, embargar ingresos y créditos, embargar y subastar bienes, incluidas participaciones y bienes inmuebles, obligar a una parte a entregar bienes o a realizar un acto y exigir al deudor que desaloje un inmueble. El apremio no puede llevarse a cabo de noche, en días de descanso ni en días festivos, y el deudor recibe notificación con al menos dos días hábiles de antelación a una actuación de apremio, salvo que se requiera una actuación inmediata. Las sentencias de condena al pago ordenan normalmente intereses de demora desde la fecha en que el acreedor solicita la ejecución, al tipo previsto en el Código Civil salvo que las partes hayan acordado otra cosa.

La localización de los bienes

La mayoría de las ejecuciones fracasan no por falta de facultades legales sino por falta de bienes identificados. El agente de ejecución puede verificar los bienes del deudor y las condiciones para la ejecución y exigir a los organismos que dispongan de información que la faciliten (artículo 25); los bancos, la administración tributaria, los registros de la propiedad inmobiliaria y de vehículos, los depositarios de valores y otros organismos deben atender con prontitud las solicitudes de verificación (artículo 14); y el deudor debe declarar verazmente sus cuentas, sus bienes y su capacidad de pago (artículo 7). El acreedor tiene su propio derecho a verificar y a aportar información (artículo 6), y el Comité Popular del municipio debe facilitar información sobre los residentes y los bienes locales (artículo 10).

En la práctica, lo que más importa es el trabajo del propio acreedor. Antes de demandar, y de nuevo antes de solicitar la ejecución, el acreedor debe reunir lo que sabe: las cuentas bancarias del deudor a partir de pagos anteriores, sus clientes y créditos, sus derechos de uso del suelo a partir de contratos o visitas al emplazamiento, sus vehículos y equipos, sus participaciones en otras sociedades según el Portal Nacional de Registro Empresarial y cualquier garantía inscrita sobre esos bienes en el registro de operaciones garantizadas. Las medidas cautelares obtenidas durante el proceso, como el bloqueo de cuentas, se mantienen en la ejecución y a menudo son la única razón por la que se paga una sentencia (Tribunales vietnamitas y litigación). Cuando el deudor es insolvente, la ejecución cede ante el procedimiento de quiebra conforme a la Ley n.º 142/2025/QH15 de Recuperación y Quiebras (Insolvencia, reestructuración y quiebra).

Ejecutar una sentencia o un laudo contra un deudor vietnamita

1. Confirmar que el título es ejecutableUna sentencia vietnamita firme, un laudo vietnamita una vez transcurrido el plazo de 30 días para la anulación (o tras una solicitud de anulación desestimada), un laudo ad hoc registrado, o una sentencia o un laudo extranjeros reconocidos por un tribunal vietnamita.
2. Reunir información sobre los bienesCuentas bancarias, créditos, derechos de uso del suelo, vehículos, participaciones y garantías inscritas; valore una búsqueda de bienes previa a la ejecución.
3. Elegir el organismo estatal o una oficina privadaPresente la solicitud ante el organismo provincial de ejecución de sentencias civiles, o firme un contrato de servicios con una oficina privada de ejecución autorizada, en el plazo de cinco años (artículo 34).
4. Resolución de ejecución y plazo de cumplimiento voluntarioSe dicta y notifica la resolución; el deudor dispone de diez días para pagar voluntariamente (artículo 36).
5. Verificación y apremioEl agente verifica los bienes con los bancos, los registros y las autoridades y aplica, según sea necesario, detracciones, bloqueos, embargos y subastas.
6. DistribuciónLo obtenido se abona tras deducir los gastos de ejecución, y los acreedores garantizados cobran con cargo a sus bienes gravados con prelación según el orden de inscripción.
7. Si el deudor no tiene bienesEl organismo hace constar que el deudor no reúne las condiciones para la ejecución y vuelve a verificarlo periódicamente; el acreedor puede aportar nueva información en cualquier momento o valorar un procedimiento de quiebra.

El reconocimiento de sentencias judiciales extranjeras

Una sentencia judicial extranjera en materia civil o mercantil solo es ejecutable en Vietnam tras su reconocimiento por un tribunal vietnamita, y el reconocimiento solo procede en dos supuestos conforme al artículo 423 del Código de Procedimiento Civil: cuando Vietnam y el Estado de la sentencia son parte de un tratado que prevé el reconocimiento o, a falta de tratado, sobre la base de la reciprocidad (pregunta frecuente 75). Vietnam tiene acuerdos bilaterales de asistencia judicial con unos 17 países, entre ellos China, Francia y Rusia, pero ninguno con el Reino Unido, los Estados Unidos ni Singapur, y los tribunales vietnamitas no han desarrollado una práctica consolidada de apreciar la reciprocidad respecto de esos Estados. Por tanto, es poco probable que se reconozcan las sentencias de jurisdicciones de common law, que es la razón principal por la que esta guía recomienda el arbitraje para los contratos transfronterizos (Panorama de la resolución de litigios y elección del foro).

El procedimiento es análogo al de los laudos extranjeros. La solicitud se presenta en el plazo de tres años desde que la sentencia adquirió eficacia jurídica, a través del Ministerio de Justicia cuando lo exija un tratado o directamente ante el tribunal; desde el 1 de julio de 2025 la conoce en primera instancia el tribunal regional del lugar donde se encuentra el deudor, con apelación ante el tribunal provincial. El tribunal examina la sentencia a la luz de los motivos de denegación del artículo 439, entre los que figuran que la sentencia aún no sea firme, que el demandado no fuera debidamente citado o no pudiera defenderse, que el asunto fuera de la competencia exclusiva de los tribunales vietnamitas, que un tribunal vietnamita u otra sentencia reconocida ya hayan resuelto el mismo litigio, que haya vencido el plazo de prescripción y que el reconocimiento sea contrario a los principios fundamentales del derecho vietnamita. La tasa judicial es de 3 millones de VND conforme a la Resolución n.º 326/2016/UBTVQH14.

Garantías y prelación

La protección más segura frente al impago es la garantía constituida al celebrar el contrato. Las garantías se constituyen conforme al Código Civil (Ley n.º 91/2015/QH13) y al Decreto n.º 21/2021/ND-CP, y surten efecto frente a terceros mediante su inscripción o la posesión; la prelación entre acreedores garantizados sigue el orden en que sus garantías surtieron efecto frente a terceros, en general el orden de inscripción (pregunta frecuente 80). Las garantías sobre bienes muebles se inscriben en línea conforme al Decreto n.º 99/2022/ND-CP ante el Departamento de Registro de Operaciones Garantizadas e Indemnización del Estado del Ministerio de Justicia; las hipotecas sobre derechos de uso del suelo y viviendas se inscriben en la oficina de registro de tierras. Se está elaborando un nuevo decreto que sustituya al Decreto n.º 99/2022/ND-CP, pero a octubre de 2026 no se había aprobado. Los prestamistas extranjeros no pueden constituir hipotecas sobre derechos de uso del suelo conforme a la Ley de Tierras de 2024 y recurren en su lugar a un agente de garantías local (Financiación de proyectos, garantías y centro financiero).

En la ejecución, el agente respeta la prelación inscrita: lo obtenido de los bienes gravados se destina primero al acreedor garantizado, tras deducir los gastos de ejecución, y solo el sobrante queda a disposición de los acreedores por sentencia no garantizados. El acreedor garantizado también puede ejecutar su garantía extrajudicialmente, por los medios pactados en el contrato de garantía, como la venta o la adjudicación del bien gravado, con sujeción a la notificación y a la entrega por el deudor; cuando el deudor se resiste, el acreedor necesita una sentencia o la asistencia del organismo de ejecución. En las fianzas y los avales bancarios, la reclamación del beneficiario se dirige contra el garante, y un aval a primer requerimiento de un banco vietnamita es, en la práctica, la forma más fiable de garantía de pago en Vietnam.