Los tribunales vietnamitas y la litigación mercantil: la estructura judicial desde el 1 de julio de 2025, la competencia sobre los litigios mercantiles, el procedimiento y los plazos, la prueba, las medidas cautelares, las tasas judiciales, la apelación y la casación, las partes extranjeras, los precedentes y lo que cabe esperar en la práctica

El sistema judicial tras la reorganización de 2025

Los tribunales de Vietnam se reconstruyeron el 1 de julio de 2025. La Ley n.º 81/2025/QH15, por la que se modifica la Ley de Organización de los Tribunales Populares, suprimió los 693 tribunales de distrito y los tres tribunales populares superiores y creó una estructura de tres niveles: el Tribunal Popular Supremo, 34 tribunales populares de nivel provincial, correspondientes a las provincias fusionadas, y 355 tribunales populares regionales (pregunta frecuente 71). La Ley n.º 85/2025/QH15 modificó con efectos desde la misma fecha el Código de Procedimiento Civil, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Quiebras y la Ley de Mediación y Diálogo ante los Tribunales, y la Resolución n.º 81/2025/UBTVQH15 del Comité Permanente de la Asamblea Nacional fijó la competencia territorial de cada tribunal.

Los tribunales regionales son los tribunales de primera instancia para casi todos los asuntos civiles, empresariales, mercantiles y laborales, incluidos los asuntos con elemento extranjero que antes correspondían a los tribunales provinciales. Se organizan en salas especializadas, entre ellas las de lo civil, lo económico, familia y menores, y propiedad intelectual y transferencia de tecnología. Algunos tribunales regionales tienen funciones especializadas de ámbito nacional o interprovincial: los Tribunales de Propiedad Intelectual del Tribunal Popular Regional n.º 2 de Hanoi y del Tribunal Popular Regional n.º 1 de Ciudad Ho Chi Minh conocen en primera instancia de los asuntos de propiedad intelectual, y la quiebra se concentra en tribunales regionales designados de Hanoi, Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh (Insolvencia, reestructuración y quiebra). Los tribunales provinciales conocen de las apelaciones contra las resoluciones de los tribunales regionales, revisan sus sentencias firmes en casación y revisión a través de sus comités judiciales y, en Hanoi, Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh, resuelven las solicitudes de anulación de laudos arbitrales (El arbitraje comercial y VIAC). El Tribunal Popular Supremo revisa en casación las resoluciones de los tribunales provinciales, dicta orientaciones a través de su Consejo de Jueces y selecciona los precedentes.

Qué tribunal conoce de un litigio mercantil

El artículo 30 del Código de Procedimiento Civil define los litigios empresariales y mercantiles comprendidos en la competencia de los tribunales: los litigios entre personas físicas u organizaciones con registro empresarial derivados de actividades comerciales con ánimo de lucro; los litigios sobre derechos de propiedad intelectual y transferencia de tecnología entre ellas con ánimo de lucro; los litigios entre una sociedad y sus socios, o entre socios, sobre la constitución, el funcionamiento, la disolución, la fusión, la escisión, la transmisión de capital y la transformación de la sociedad; y otros litigios empresariales que la ley atribuya a los tribunales. Queda excluido el litigio cubierto por un convenio arbitral válido (artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial).

La competencia territorial sigue al demandado: el tribunal regional del lugar donde el demandado, si es una organización, tiene su domicilio social o, si es una persona física, reside o trabaja (artículo 39). Las partes pueden acordar por escrito que conozca del asunto el tribunal del lugar del demandante, y los litigios sobre bienes inmuebles corresponden al tribunal del lugar donde se encuentra el bien. En los asuntos con elemento extranjero, los artículos 469 y 470 establecen cuándo son competentes los tribunales vietnamitas y les atribuyen competencia exclusiva, entre otras materias, sobre los derechos reales sobre bienes inmuebles situados en Vietnam. Un tribunal vietnamita normalmente no declinará su competencia en favor de un tribunal extranjero elegido por las partes cuando exista competencia vietnamita conforme a estas normas, y no se reconocerá una sentencia extranjera sobre una materia de su competencia exclusiva (Ejecución de resoluciones judiciales y de sentencias civiles).

Procedimiento y plazos

El asunto se inicia con una demanda presentada ante el tribunal en persona, por correo o en línea, junto con las pruebas de que se disponga en ese momento. El presidente del tribunal asigna un juez en el plazo de tres días hábiles, y el juez dispone de cinco días hábiles para admitir la demanda, pedir que se subsane, remitirla a otro tribunal o devolverla (artículo 191). Si se admite el asunto, se notifica al demandante que abone la provisión de tasas judiciales, en general en el plazo de siete días, y el asunto queda formalmente admitido cuando se aporta el justificante (artículo 195). El demandado dispone entonces de 15 días para presentar un escrito y sus pruebas, prorrogables por 15 días (artículo 199).

En los asuntos empresariales y mercantiles, el tribunal dispone de dos meses desde la admisión para preparar el juicio, prorrogables por un mes en los asuntos complejos o en caso de obstáculos objetivos (artículo 203). Durante la preparación, el juez celebra una sesión de intercambio y exhibición de pruebas y, salvo que el asunto no admita mediación, una sesión de mediación (artículos 205 y 210); el acuerdo alcanzado en mediación que las partes no retiren en el plazo de siete días se reconoce mediante una resolución judicial que surte efecto inmediato y no admite apelación. Si la mediación fracasa, el juez decide llevar el asunto a juicio, y la vista debe abrirse en el plazo de un mes, o de dos meses si existe causa justificada (pregunta frecuente 79). Los asuntos sencillos, con hechos claros y documentos no controvertidos, pueden seguir el procedimiento simplificado de los artículos 316 a 324, con un juez único y una vista en el plazo de un mes.

La práctica se aparta de la ley. Las suspensiones mientras se obtienen pruebas de las autoridades, la valoración de bienes, la notificación a partes extranjeras y la carga de trabajo de los tribunales hacen que un asunto mercantil contencioso en primera instancia suela durar un año o más, y más aún los asuntos con partes extranjeras. Un asunto que pase por la apelación y después por la casación puede durar varios años. Los inversores deben considerar los plazos legales como un mínimo.

La prueba

El proceso civil vietnamita es eminentemente documental y la carga de la prueba recae en la parte que formula una afirmación (artículo 91). No existe la exhibición documental (disclosure) del common law: una parte no puede obligar a la contraria a aportar categorías de documentos, aunque puede pedir al tribunal que ordene a la persona física, organización o autoridad que tenga una prueba concreta que la aporte (artículos 97 y 106). El juez fija un plazo para aportar pruebas que no puede exceder del período de preparación, y las pruebas presentadas más tarde solo se admiten si existe un motivo válido (artículo 96). Los mensajes de datos electrónicos, los correos electrónicos y los documentos con firma digital son admisibles, y su valor depende de la fiabilidad del modo en que se crearon y conservaron. La prueba testifical tiene menos peso que los documentos contemporáneos, y no existe el contrainterrogatorio en el sentido del common law; son los jueces quienes interrogan a las partes y a los testigos.

Los documentos expedidos en el extranjero deben contar con legalización consular, o con apostilla una vez que Vietnam aplique el Convenio de la Apostilla a partir del 11 de septiembre de 2026, salvo que un tratado los exima, y todo documento en lengua extranjera debe ir acompañado de una traducción certificada al vietnamita (artículo 478). La prueba pericial se obtiene mediante una pericia ordenada por el tribunal (giám định) o una valoración, y los informes periciales de parte se tratan como documentos ordinarios. La lección práctica es conservar desde el inicio de la relación, en un archivo ordenado, los originales firmados, las actas de reuniones, los registros de entrega y aceptación y la correspondencia; en la litigación vietnamita, la parte con mejores documentos suele ganar.

Medidas cautelares

El artículo 114 del Código de Procedimiento Civil enumera las medidas cautelares disponibles, entre ellas el embargo de los bienes litigiosos, la prohibición de transmitir derechos de propiedad, la prohibición de alterar la situación de los bienes litigiosos, el bloqueo de cuentas bancarias, el bloqueo de otros bienes, la prohibición u obligación de realizar determinados actos y la prohibición temporal de salir de Vietnam para una parte que tenga obligaciones pendientes. Una parte puede solicitarlas al presentar la demanda o en cualquier fase del procedimiento; en casos urgentes, para conservar pruebas o evitar un perjuicio irreparable, puede solicitarlas al mismo tiempo que presenta la demanda. Cuando la solicitud se formula con la demanda, el tribunal resuelve en el plazo de 48 horas desde la admisión del asunto; durante el procedimiento, en el plazo de tres días hábiles desde la recepción de la solicitud (artículos 111 y 133).

Para las medidas que afectan a bienes o cuentas, el solicitante debe prestar garantía, en dinero, metales preciosos o aval bancario, por el importe que fije el tribunal, aproximadamente equivalente al perjuicio que la medida pueda causar a la otra parte (artículo 136), y el solicitante cuya petición resulte injustificada responde de los daños causados (artículo 113). Las medidas cautelares las ejecuta de inmediato el organismo de ejecución de sentencias civiles. Los tribunales también conceden medidas cautelares en apoyo del arbitraje conforme al artículo 53 de la Ley de Arbitraje Comercial, que es la única vía para obtener medidas urgentes antes de la constitución de un tribunal arbitral.

Tasas judiciales y costas

Las tasas judiciales las fija la Resolución n.º 326/2016/UBTVQH14. En un litigio mercantil de contenido económico, la tasa de primera instancia es de 3 millones de VND hasta 60 millones de VND de cuantía; del 5 % entre 60 millones de VND y 400 millones de VND; de 20 millones de VND más el 4 % del exceso sobre 400 millones de VND hasta 800 millones de VND; de 36 millones de VND más el 3 % del exceso hasta 2 mil millones de VND; de 72 millones de VND más el 2 % del exceso hasta 4 mil millones de VND; y de 112 millones de VND más el 0,1 % del exceso sobre 4 mil millones de VND. Un litigio mercantil sin contenido económico cuesta 3 millones de VND, y una apelación 2 millones de VND. El demandante abona una provisión, en general la mitad de la tasa calculada sobre el importe reclamado, y la parte vencida soporta finalmente la tasa en proporción a la parte de la pretensión en que resulte vencida (artículo 147 del Código).

Los honorarios de abogados los soporta en general cada parte, salvo que las partes hayan acordado otra cosa o la ley prevea su recuperación; conviene incluir una cláusula contractual que permita a la parte vencedora recuperar unas costas jurídicas razonables. Solo los abogados vietnamitas con certificado de ejercicio pueden representar a las partes ante los tribunales; un despacho extranjero puede asesorar, pero no comparecer. Los honorarios profesionales varían mucho; como horquilla de mercado habitual, un asunto mercantil contencioso de primera instancia llevado por un despacho vietnamita suele costar entre 15 000 USD y 80 000 USD en honorarios jurídicos, y más cuando lo coordina un despacho internacional. No se trata de presupuestos.

Apelación, casación y revisión

Una parte puede apelar una sentencia de primera instancia en el plazo de 15 días desde su pronunciamiento, o desde su recepción si no estuvo presente (artículo 273); la Fiscalía Popular puede formular protesta en el plazo de 15 días en el mismo nivel o de un mes en el nivel superior. El tribunal provincial dispone de dos meses para preparar la apelación, prorrogables por un mes, y la sentencia de apelación surte efecto desde su pronunciamiento (artículo 286). Las sentencias firmes pueden revisarse en casación (giám đốc thẩm) por infracciones procesales graves o errores de derecho, o ser objeto de revisión (tái thẩm) por hechos nuevos descubiertos, pero solo mediante protesta de un presidente de tribunal o un fiscal jefe facultado; una parte puede instarles a ello, en general en el plazo de un año desde que la sentencia adquirió firmeza, y las protestas pueden formularse en el plazo de tres años. Desde julio de 2025, los comités judiciales de los tribunales provinciales revisan las sentencias de los tribunales regionales, y el Tribunal Popular Supremo revisa las resoluciones de los tribunales provinciales mediante salas de cinco jueces o el pleno del Consejo de Jueces.

La casación no es una tercera instancia por derecho propio, pero se utiliza con la frecuencia suficiente para que el acreedor de una sentencia no deba considerar la sentencia de apelación como el final del asunto. Mientras tanto, la ejecución puede seguir adelante salvo que la protesta la suspenda.

Partes extranjeras, notificación en el extranjero y precedentes

Cuando una parte se encuentra en el extranjero, los documentos se notifican mediante asistencia judicial en virtud de un tratado bilateral, conforme al Convenio de La Haya sobre Notificación, del que Vietnam es parte desde 2016, por vía diplomática o por correo certificado con acuse de recibo cuando el Estado receptor lo permite. La notificación en el extranjero suele tardar muchos meses, y el tribunal fija las fechas de las vistas teniéndolo en cuenta, lo que explica en parte que los asuntos con elemento extranjero duren más. Las pruebas en el extranjero pueden obtenerse conforme al Convenio de La Haya sobre Obtención de Pruebas, en vigor para Vietnam desde el 3 de mayo de 2020, o a un tratado bilateral. Una sociedad extranjera que demande en Vietnam necesita un poder a favor de un representante vietnamita, legalizado o apostillado y traducido, y debe contar con aportar sus documentos societarios en la misma forma.

Vietnam tiene un sistema de tradición civilista, pero desde 2016 el Tribunal Popular Supremo selecciona precedentes (án lệ) entre las sentencias judiciales conforme a la Resolución n.º 04/2019/NQ-HDTP. Los tribunales deben tener en cuenta el precedente aplicable y motivar cualquier apartamiento de él. A mediados de 2026 se habían publicado 90 precedentes; los ocho últimos (n.º 83/2026/AL a 90/2026/AL) se aplican desde el 1 de julio de 2026 conforme a la Decisión n.º 162/QD-CA, entre ellos precedentes sobre el coaseguro y la prelación de los pagos con cargo a bienes en garantía. Los precedentes siguen siendo escasos en derecho mercantil, por lo que las resoluciones del Consejo de Jueces y las respuestas del Tribunal Popular Supremo a cuestiones prácticas tienen más peso en la práctica diaria.

Presentar una demanda mercantil ante un tribunal regional

1. Confirmar la competencia y la prescripciónCompruebe que no se aplica ninguna cláusula de arbitraje válida, identifique el domicilio social del demandado a efectos de la competencia territorial y confirme que no ha vencido el plazo de prescripción de dos años del artículo 319 de la Ley de Comercio.
2. Reunir las pruebasContrato, modificaciones, facturas, registros de entrega y aceptación, correspondencia y requerimientos de pago; legalice o apostille y traduzca los documentos extranjeros.
3. Valorar las medidas cautelaresSi existe riesgo de que se dispersen los bienes, prepare una solicitud de bloqueo de cuentas o de embargo de bienes junto con la demanda y prevea la garantía que exigirá el tribunal.
4. Presentar la demandaPreséntela en línea, en persona o por correo; el juez decide en el plazo de cinco días hábiles si la admite (artículo 191).
5. Abonar la provisión de tasas judicialesAbónela en el plazo indicado en la notificación del tribunal, en general siete días, y aporte el justificante; el asunto queda admitido desde esa fecha (artículo 195).
6. Preparación, intercambio de pruebas y mediaciónResponda al escrito del demandado y asista a la sesión de intercambio de pruebas y a la sesión de mediación judicial dentro del período de preparación de dos meses (artículos 203, 205 y 210).
7. Vista y sentencia de primera instanciaLa vista debe abrirse en el plazo de un mes desde la decisión de llevar el asunto a juicio; la sentencia se pronuncia al término de la vista.
8. Apelar o ejecutarApele en el plazo de 15 días o, una vez que la sentencia surta efecto, acuda al organismo de ejecución de sentencias civiles en el plazo de cinco años.