Contratos mercantiles en Vietnam: el Código Civil y la Ley de Comercio, formación y facultades, el límite del 8 % a las penalizaciones, daños e intereses, prescripción, ley aplicable, moneda, idioma, firma electrónica y cláusulas de resolución de litigios

Las dos leyes y la normativa sectorial

Vietnam tiene un sistema de Derecho civil. El Código Civil (Ley n.º 91/2015/QH13, en vigor desde el 1 de enero de 2017) establece el Derecho general de obligaciones y contratos: capacidad, formación, validez e invalidez, interpretación, cumplimiento, incumplimiento, remedios, garantías y prescripción. La Ley de Comercio (n.º 36/2005/QH11, en su versión modificada) añade normas específicas para las actividades comerciales, es decir, las actividades con ánimo de lucro de los comerciantes, entre ellas la compraventa de mercancías, la prestación de servicios, la agencia, la intermediación, la comisión, la franquicia, la subasta y la licitación, y prevalece sobre el Código Civil cuando ambos difieren; cuando la Ley de Comercio guarda silencio, se aplica el Código Civil. Las leyes sectoriales rigen a su vez determinados contratos: entre ellos, la construcción (la Ley de Construcción y sus decretos sobre contratos), los seguros, el crédito, el sector inmobiliario, el trabajo, la transferencia de tecnología, las licencias de propiedad intelectual y las ventas a consumidores. Una empresa de capital extranjero que opera en Vietnam es un comerciante vietnamita, y sus contratos con contrapartes vietnamitas se rigen por estas normas; sus contratos con contrapartes extranjeras pueden regirse por una ley extranjera dentro de los límites que se exponen a continuación.

Formación, forma y facultades

El contrato se perfecciona por la oferta y la aceptación y puede ser verbal, escrito o resultar de actos concluyentes, salvo que la ley exija una forma determinada. Muchos contratos mercantiles deben constar por escrito, y los mensajes de datos, el correo electrónico y los contratos electrónicos equivalen a la forma escrita conforme a la Ley n.º 20/2023/QH15 de Transacciones Electrónicas. Algunos contratos deben legalizarse ante notario o registrarse para ser válidos o para vincular a terceros: las transmisiones, arrendamientos, hipotecas y aportaciones de capital de derechos de uso del suelo y de viviendas, y determinadas garantías (capítulo 5; capítulo 9). Quien firma debe tener facultades: en el caso de una sociedad, el representante legal que consta en el ERC o una persona con autorización escrita de este, y las contrapartes vietnamitas suelen pedir el ERC y la autorización y consultar el Portal. Un contrato firmado por una persona sin facultades solo vincula a la sociedad si esta lo ratifica o ha permitido que el firmante aparente estar facultado (Código Civil, artículo 142). Los sellos de las sociedades ya no se registran y el sello no es requisito de validez, pero las contrapartes, los bancos y las autoridades vietnamitas siguen esperándolo en los contratos y las presentaciones, y una contraparte prudente obtiene tanto la firma como el sello.

Penalizaciones, daños e intereses

Conforme al artículo 301 de la Ley de Comercio, la penalización por incumplimiento (phạt vi phạm) solo es exigible si las partes la han pactado y está limitada al 8 % del valor de la obligación contractual incumplida, no del contrato en su conjunto, salvo la penalización por un certificado de inspección expedido indebidamente; todo exceso es inexigible y el tribunal judicial o arbitral lo reduce al 8 %. Los daños conforme a los artículos 302 a 305 comprenden la pérdida real y directa sufrida y el beneficio directo que la parte perjudicada habría obtenido de no haberse producido el incumplimiento; el demandante debe probar el incumplimiento, el daño y la relación de causalidad, y debe mitigar el daño. Conforme al artículo 307, si el contrato prevé una penalización, la parte perjudicada puede reclamar tanto la penalización como los daños; si no la prevé, solo puede reclamar los daños. Los intereses por demora en el pago conforme al artículo 306 equivalen al tipo medio de los préstamos vencidos en el mercado en el momento del pago, salvo pacto en contrario (los tribunales aplican la media de los tipos de demora de tres grandes bancos comerciales); en los contratos de préstamo, el Código Civil limita el interés pactado al 20 % anual (artículo 468). Las cláusulas de daños y perjuicios preestablecidos redactadas según el modelo del common law se interpretan a la luz de estas disposiciones: una cláusula que fija una cantidad pagadera en caso de incumplimiento es una penalización sujeta al límite del 8 %, salvo que sea una estimación anticipada genuina del daño configurada como indemnización, e incluso en ese caso el demandante debe probar el daño. La respuesta habitual en la redacción es limitar la penalización al 8 % de la obligación incumplida, declarar expresamente que los daños pueden reclamarse además y pactar un tipo de interés de demora.

Plazos de prescripción y notificación de defectos

El plazo de prescripción de los litigios mercantiles es de dos años desde la fecha en que se vulneraron los derechos e intereses legítimos (artículo 319 de la Ley de Comercio); el Código Civil fija tres años para las demás reclamaciones contractuales, desde la fecha en que el demandante conoció o debió conocer la vulneración (artículo 429), y dos años para la responsabilidad extracontractual. Los plazos para las reclamaciones relativas a mercancías son más breves (tres meses desde la entrega para las reclamaciones sobre la cantidad, seis meses para las reclamaciones sobre la calidad o tres meses tras el fin de cualquier período de garantía, y nueve meses para las demás reclamaciones, salvo pacto en contrario, conforme al artículo 318), y las normas arbitrales y procesales aplican los mismos plazos. El reconocimiento de la deuda por el obligado, el cumplimiento parcial o un requerimiento escrito de cumplimiento reinician el plazo conforme al Código Civil. Un registro de reclamaciones es imprescindible en una relación de suministro prolongada: dos años pasan deprisa.

Ley aplicable y resolución de litigios

Cuando un contrato tiene un elemento extranjero (una parte extranjera, el cumplimiento en el extranjero o una parte de capital extranjero en los casos que permite la Ley de Inversiones), las partes pueden elegir una ley extranjera como ley aplicable conforme al artículo 683 del Código Civil, con sujeción a las normas imperativas y a los principios fundamentales de Vietnam; los contratos relativos a inmuebles situados en Vietnam se rigen por el Derecho vietnamita, los contratos laborales y de consumo no pueden privar a la parte débil de las protecciones vietnamitas, y la ley elegida solo se aplica si su contenido puede probarse ante el tribunal. Conforme al artículo 13 de la Ley de Inversiones, los litigios entre inversores en los que al menos uno sea inversor extranjero o una sociedad con más del 50 % de capital extranjero pueden someterse a arbitraje extranjero o internacional; los litigios puramente nacionales se resuelven mediante arbitraje o ante los tribunales vietnamitas y conforme al Derecho vietnamita. Los laudos arbitrales extranjeros son ejecutables conforme a la Convención de Nueva York; las sentencias judiciales extranjeras, solo en virtud de un tratado o por reciprocidad, razón por la cual la opción habitual para los contratos transfronterizos es una cláusula arbitral bien redactada que designe una institución (VIAC en Hanói o en Ciudad Ho Chi Minh, SIAC, HKIAC o CCI), una sede, un idioma y el número de árbitros, mientras que los contratos entre dos sociedades vietnamitas suelen optar por el VIAC o por el Tribunal Popular competente (capítulo 9). La cláusula arbitral debe constar por escrito y el litigio debe ser arbitrable; una cláusula defectuosa remite el litigio a los tribunales.

Moneda e idioma

Dentro de Vietnam, conforme a la Ordenanza de Divisas y a la normativa del Banco Estatal, las cotizaciones, los precios, la publicidad y los pagos entre residentes deben expresarse en dongs vietnamitas, con las excepciones limitadas que permite el Banco Estatal (por ejemplo, determinados pagos a empresas de procesamiento para la exportación y por estas, los pagos en virtud de contratos aprobados y algunas operaciones con no residentes); un contrato entre dos sociedades vietnamitas con precio en dólares estadounidenses corre el riesgo de que se declare nula su cláusula de precio y conlleva sanciones administrativas, aunque los tribunales han admitido en algunos casos mecanismos de pago por el contravalor en dongs. Los contratos con una parte extranjera pueden expresarse en divisas y se pagan a través de los bancos contra documentos (capítulo 6). No existe una norma general que exija redactar los contratos en vietnamita, pero los documentos que se presentan ante las autoridades, los documentos legalizados ante notario y los contratos de trabajo deben estar en vietnamita, y un contrato bilingüe debe indicar qué versión prevalece; ante un tribunal judicial o arbitral vietnamita se utilizará la traducción vietnamita y las controversias sobre la traducción son frecuentes, por lo que el texto vietnamita merece el mismo cuidado que el inglés.

Firma electrónica y contratos en línea

La Ley n.º 20/2023/QH15 de Transacciones Electrónicas, en vigor desde el 1 de julio de 2024, reconoce efectos jurídicos a los mensajes de datos y a los contratos electrónicos, considera que la firma electrónica satisface el requisito de firma y ya no excluye ámbitos enteros, como los certificados de uso del suelo, como hacía la ley de 2005. El Decreto n.º 23/2025/ND-CP, en vigor desde el 10 de abril de 2025, regula las firmas digitales y los servicios de confianza: la firma digital segura respaldada por un certificado de un proveedor vietnamita autorizado tiene el mayor valor probatorio, y las firmas y certificados electrónicos extranjeros se reconocen si cumplen las normas vietnamitas o normas internacionales reconocidas o si se reconocen en virtud de un tratado. Que un documento concreto pueda firmarse electrónicamente sigue dependiendo de la normativa sectorial, y las operaciones que requieren legalización notarial o registro siguen necesitando esos trámites; la legalización notarial electrónica se está introduciendo conforme a la Ley de Notariado de 2024. Las empresas de comercio electrónico deben cumplir además el decreto sobre comercio electrónico y las normas de protección de datos, de protección de los consumidores y tributarias (capítulo 7).

Distribución, agencia, franquicia y tecnología

La Ley de Comercio regula la agencia, la intermediación, la comisión, la franquicia y la compraventa de mercancías con normas específicas. El contrato de agencia comercial puede resolverse con un preaviso de 60 días salvo pacto en contrario, y el agente cuyo contrato se resuelve sin causa tiene derecho a una indemnización equivalente a un mes de comisión media por cada año de agencia (artículo 177). La franquicia exige que el sistema del franquiciador haya funcionado durante al menos un año y, en el caso de un franquiciador extranjero que franquicie en Vietnam, el registro ante el Ministerio de Industria y Comercio conforme al Decreto n.º 35/2006/ND-CP, en su versión modificada. La distribución exclusiva, la fijación de precios de reventa y las restricciones territoriales deben superar el control de la Ley de Competencia n.º 23/2018/QH14. Los contratos de transferencia de tecnología se rigen por la Ley de Transferencia de Tecnología de 2017 y deben registrarse ante la autoridad de ciencia y tecnología cuando la tecnología se transfiere desde el extranjero a Vietnam, para que los cánones sean deducibles y puedan remitirse; las licencias de propiedad intelectual se rigen por la Ley de Propiedad Intelectual y se benefician de su inscripción en la Oficina de Propiedad Intelectual (capítulo 7). Las ventas a consumidores están sujetas a la Ley n.º 19/2023/QH15 de Protección de los Derechos del Consumidor, incluidos los controles sobre los contratos de adhesión en los sectores enumerados.