Garantías de la inversión, vías de resolución de controversias con el Estado y protección convencional: lo que promete la ley, lo que añaden los tratados y cómo estructurar la inversión para ambos

Las garantías del capítulo II de la ley

El capítulo II de la Ley n.º 143/2025/QH15 establece garantías aplicables a todo inversor, nacional o extranjero. El artículo 9 garantiza la propiedad de los bienes: los bienes lícitos no se nacionalizan ni se confiscan mediante medidas administrativas y, cuando el Estado adquiere forzosamente bienes por razones de defensa y seguridad nacionales o de interés nacional en situación de emergencia o de catástrofe natural, abona una compensación a valor de mercado conforme a la ley. El artículo 10 garantiza la actividad de inversión empresarial: el Estado no exige al inversor, como condición para invertir, que dé prioridad a bienes o servicios nacionales, que alcance determinadas proporciones de exportación, que equilibre importaciones y exportaciones, que se abastezca localmente, que sitúe su domicilio social en un lugar determinado ni que transfiera tecnología. El artículo 11 garantiza la transferencia al extranjero de los bienes de un inversor extranjero: el capital invertido y el producto de la liquidación, los ingresos procedentes de la inversión empresarial y otros fondos y bienes de su legítima propiedad, una vez cumplidas las obligaciones financieras con el Estado. El artículo 12 garantiza la inversión frente a los cambios legislativos: cuando una nueva norma otorga mejores incentivos, el inversor puede acogerse a ellos, y cuando otorga otros peores, el inversor conserva los incentivos que se le concedieron durante el período restante o, si el cambio obedece a razones de defensa, seguridad, orden público, ética social, salud pública o protección del medio ambiente, recibe una compensación mediante deducciones de la renta imponible, un cambio de objetivos u otros medios.

Lo que valen las garantías en la práctica

Las garantías son promesas legales exigibles ante los tribunales y el arbitraje vietnamitas, y los tratados de Vietnam las refuerzan. Conviene entender sus límites. El artículo 9 es una garantía frente a la expropiación sin compensación, no frente a la regulación: un cambio de zonificación, una nueva norma ambiental o una condición de una licencia no constituyen una nacionalización. El artículo 11 está condicionado al cumplimiento: una sociedad que no ha auditado sus cuentas, liquidado sus impuestos, registrado su cuenta de capital o pagado su renta del suelo no puede invocar la garantía de transferencia cuando la necesita (capítulo 6). El artículo 12 protege los incentivos que se concedieron lícitamente y constan por escrito; no protege un incentivo que el inversor dio por supuesto, ni uno perdido porque el proyecto no cumplió sus condiciones (Incentivos a la inversión). Los inversores a quienes las garantías les han resultado útiles son aquellos cuyos documentos estaban en regla.

Vías de resolución de controversias del artículo 13

El artículo 13 exige que los litigios relativos a la inversión empresarial se resuelvan primero mediante negociación y mediación, y después mediante arbitraje o ante los tribunales. En los litigios entre inversores, cuando al menos una de las partes es un inversor extranjero o una sociedad con más del 50 % de capital extranjero, las partes pueden elegir los tribunales vietnamitas, el arbitraje vietnamita, el arbitraje extranjero, el arbitraje internacional o el arbitraje ad hoc; los litigios entre inversores nacionales, y entre sociedades que no superan el umbral, quedan sometidos al arbitraje o a los tribunales vietnamitas, y un litigio sin elemento extranjero se resuelve conforme al Derecho vietnamita. En las controversias entre un inversor y una autoridad del Estado, la controversia de un inversor extranjero se somete al arbitraje o a los tribunales vietnamitas salvo que el contrato entre el inversor y el Estado, o un tratado del que Vietnam sea parte, disponga otra cosa; la controversia de un inversor nacional con el Estado se somete al arbitraje o a los tribunales vietnamitas. La consecuencia práctica es que la cláusula de resolución de controversias de cualquier contrato con un organismo estatal, incluidos un arrendamiento de suelo, un contrato de PPP o un contrato petrolero, y la posición convencional del inversor deben definirse antes de realizar la inversión. Las instituciones arbitrales, los tribunales y la ejecución se tratan en el capítulo 9.

Las reclamaciones convencionales entre inversores y el Estado se coordinan por parte del Gobierno con arreglo a la Decisión n.º 14/2020/QD-TTg: el ministerio o la provincia cuya medida se impugna dirige la defensa, el Ministerio de Justicia asesora y representa, y el Ministerio de Hacienda se ocupa de cualquier laudo. Las reclamaciones convencionales contra Vietnam han sido escasas, pero no inexistentes; varias se han resuelto por acuerdo tras la notificación de la controversia y el período de reflexión, que es donde reside la mayor capacidad de presión.

Protección convencional

Según el Investment Policy Hub de la UNCTAD, Vietnam ha firmado 66 tratados bilaterales de inversión, de los que 45 están en vigor, y alrededor de otros 20 tratados con disposiciones sobre inversión. La mayoría de los TBI en vigor protegen frente a la expropiación sin una compensación pronta, adecuada y efectiva, garantizan un trato justo y equitativo y plena protección y seguridad, exigen el trato nacional y el de nación más favorecida, garantizan la libre transferencia de fondos y prevén el arbitraje entre inversores y Estados, habitualmente con arreglo al reglamento de la CNUDMI (UNCITRAL) o ad hoc. Los tratados más antiguos (muchos datan de la década de 1990) contienen cláusulas amplias; los más recientes y los acuerdos regionales excluyen las medidas regulatorias y la fiscalidad. El CPTPP (capítulo 9) permite el arbitraje entre inversores y Estados por incumplimiento de sus estándares de protección, aunque las cartas complementarias de Vietnam con varias partes suspenden las reclamaciones basadas en autorizaciones de inversión y acuerdos de inversión. El Acuerdo Global de Inversiones de la ASEAN otorga a los inversores de la ASEAN el arbitraje entre inversores y Estados. El RCEP, en vigor desde el 1 de enero de 2022, contiene compromisos de acceso al mercado y de trato, pero ningún mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados. El Acuerdo de Protección de Inversiones UE-Vietnam, firmado en junio de 2019, sustituye los TBI de los Estados miembros por un sistema de tribunales de inversiones, pero aún no ha entrado en vigor porque no se ha completado la ratificación por todos los Estados miembros de la UE; hasta entonces, los inversores de la UE se apoyan en el TBI de su propio Estado miembro con Vietnam, cuando existe. El Acuerdo de Libre Comercio Reino Unido-Vietnam contiene las condiciones comerciales; la protección de la inversión de los inversores británicos descansa en el TBI Reino Unido-Vietnam de 2002. Vietnam no es parte del Convenio del CIADI (ICSID), por lo que las reclamaciones se tramitan con arreglo al reglamento de la CNUDMI (UNCITRAL) o a reglamentos institucionales, y los laudos se ejecutan como laudos arbitrales extranjeros conforme a la Convención de Nueva York, a la que Vietnam se adhirió en 1995.

Cómo obtener la condición de inversor protegido

La protección convencional es una cuestión de nacionalidad y, cada vez más, de sustancia. Un inversor persona física está protegido por los tratados de su Estado de nacionalidad; una sociedad, por los tratados del Estado conforme a cuyo Derecho está constituida y, con arreglo a la mayoría de los tratados modernos, solo si desarrolla allí actividades empresariales reales (una cláusula de «denegación de beneficios» permite a Vietnam negar la protección a una sociedad instrumental cuyos titulares sean nacionales de un tercer Estado). Por ello, los grupos suelen mantener sus inversiones vietnamitas a través de una jurisdicción que combine un TBI sólido con Vietnam, un convenio para evitar la doble imposición favorable y la sustancia que el grupo ya tiene allí; Singapur, los Países Bajos, Japón y Corea son los ejemplos habituales. Dos advertencias. La administración tributaria vietnamita aplica también una prueba de sustancia a los beneficios de los convenios fiscales (capítulo 3), por lo que una sociedad holding debe ser algo más que un buzón a ambos efectos. Además, los tribunales arbitrales consideran un abuso del procedimiento reestructurar una inversión después de que haya surgido una controversia, o cuando esta sea previsible, para acogerla a un tratado mejor; la estructura debe estar establecida en el momento de la medida objeto de la reclamación. La sociedad holding debe figurar como inversor en el IRC desde el principio, porque cambiar de inversor más adelante supone ajustar el IRC y puede dar lugar al registro del artículo 21 y al impuesto del 2 % sobre la transmisión.