El marco jurídico de los minerales y los reguladores: la titularidad estatal conforme al artículo 53 de la Constitución, la Ley de Geología y Minerales de 2024 modificada en 2025, el Decreto n.º 193/2025/ND-CP, el traspaso al Ministerio de Industria y Comercio en septiembre de 2026, las competencias provinciales, los minerales y el suelo, y la participación extranjera

La titularidad estatal y lo que significa para el inversor

El artículo 53 de la Constitución de 2013 dispone que la tierra, los recursos hídricos, los recursos minerales, los recursos del mar y del espacio aéreo y los demás recursos naturales son propiedad pública, pertenecen a todo el pueblo y están representados y gestionados de manera unificada por el Estado. Todo el régimen de los minerales se deriva de esa frase. El Estado no vende un yacimiento; concede un derecho temporal a explorarlo y, después, a extraerlo, a cambio de una tasa por la concesión de derechos de explotación minera y del impuesto sobre los recursos naturales sobre lo que se produce. El derecho es personal del titular de la licencia, solo puede transmitirse con la aprobación de la autoridad que otorgó la licencia y se extingue con ella (pregunta frecuente 102).

El mismo principio separa los minerales del suelo. Un derecho de uso del suelo, ya lo ostente una persona vietnamita, una empresa de capital extranjero o el propio Estado, no confiere derecho alguno sobre los minerales o el petróleo que se encuentren bajo él. El titular que encuentra arcilla, arena o mineral metálico en su terreno no puede extraerlo para venderlo sin licencia, y el inversor que adquiere un terreno para explotarlo como cantera no adquiere más que la superficie. A la inversa, el titular de una licencia no tiene un derecho automático sobre la superficie. Para un proyecto con licencia, el artículo 79 de la Ley de Tierras n.º 31/2024/QH15 (la Ley de Tierras de 2024) permite al Estado recuperar tierras para la extracción minera autorizada, indemnizando, apoyando y reasentando a los usuarios, y el artículo 205 regula el arrendamiento de tierras para actividades mineras, normalmente con renta anual; el explotador puede, en cambio, negociar con los usuarios existentes una transmisión de los derechos de uso del suelo. Los procedimientos relativos al suelo se explican en Cómo acceden al suelo las empresas de capital extranjero y Recuperación de tierras, indemnización y falta de uso.

El artículo 8 de la Ley n.º 54/2024/QH15 añade la dimensión comunitaria. Las localidades y los residentes de las zonas donde se explotan minerales participan en los beneficios a través del presupuesto del Estado y de las infraestructuras, y el explotador debe apoyar a los hogares afectados, incluso con formación profesional, y dar prioridad a la mano de obra local. Esas obligaciones se hacen cumplir a través de la licencia y del registro de la inversión y, en la práctica, condicionan la licencia social para operar tanto como cualquier aprobación.

La Ley de Geología y Minerales de 2024

La Ley de Geología y Minerales n.º 54/2024/QH15 fue aprobada el 29 de noviembre de 2024 y entró en vigor el 1 de julio de 2025, en sustitución de la Ley de Minerales de 2010. Su ámbito va más allá de la minería y abarca los estudios y datos geológicos. Para el inversor, los capítulos esenciales son los relativos a la planificación minera y a las zonas mineras (incluidas las zonas en las que la actividad minera está prohibida o temporalmente prohibida conforme al artículo 26, las zonas pequeñas y dispersas del artículo 27 y las zonas de reserva nacional de minerales de los artículos 28 a 34), la exploración (artículos 37 a 52), la explotación de los Grupos I, II y III (artículos 53 a 66), la explotación de aprovechamiento residual (artículos 67 a 71), los materiales de relleno del Grupo IV (artículos 72 a 74), el procesamiento (artículos 77 y 78), la protección ambiental y el cierre de minas (artículos 79 a 85), la tasa por la concesión de derechos de explotación minera (artículos 98 y 99) y las subastas de derechos de explotación minera (artículos 100 a 106). Las responsabilidades de gestión estatal figuran en el artículo 107 y las autoridades competentes para otorgar licencias, en el artículo 108.

Cuatro rasgos distinguen la ley de 2024 de su predecesora. Clasifica los minerales por su uso en cuatro grupos en lugar de las antiguas categorías, y hace depender del grupo la autoridad competente para otorgar la licencia (artículo 6). Crea un régimen simplificado para los materiales de relleno del Grupo IV, que se explotan sin licencia de exploración (artículo 73). Introduce la recuperación de minerales dentro de los proyectos de construcción, de modo que un promotor puede utilizar o vender, previo registro, los minerales descubiertos en el curso de las obras. Y convierte la tasa por la concesión de derechos de explotación minera en un pago anual calculado sobre las reservas consignadas en la licencia y liquidado después en función de la producción real (artículos 98 y 99). Las normas detalladas sobre cada uno de estos aspectos se encuentran en Grupos de minerales, licencias y subastas y Licencias de exploración y de explotación minera.

La modificación de 2025 y el Decreto n.º 193/2025/ND-CP

A los seis meses de la entrada en vigor de la ley, la Asamblea Nacional la modificó. La Ley n.º 147/2025/QH15 se aprobó el 11 de diciembre de 2025 y entró en vigor el 1 de enero de 2026. Sus principales cambios fueron: trasladar a los presidentes de los Comités Populares provinciales la concesión de licencias de los Grupos II, III y IV, y del Grupo I en zonas pequeñas y dispersas; ampliar las zonas en las que los derechos de explotación minera se conceden sin subasta, incluidas las zonas necesarias para la seguridad energética, la defensa y los minerales estratégicos, los materiales para proyectos nacionales, de inversión pública y de colaboración público-privada, y las materias primas para plantas de procesamiento en funcionamiento; permitir que los materiales de construcción del Grupo III se autoricen para determinados proyectos públicos sin referencia al plan provincial de gestión minera; permitir el muestreo para ensayar tecnologías de procesamiento; y someter las tierras raras a un régimen de cadena de valor cerrada en el que la exploración, la explotación y el procesamiento están vinculados y el mineral de tierras raras en bruto no puede exportarse (pregunta frecuente 101, pregunta frecuente 105). La ley modificativa sustituyó además las referencias a un ministerio concreto por una referencia al ministerio designado como punto focal para asistir al Gobierno en la gestión estatal de la geología y los minerales, lo que permitió el posterior traspaso al MOIT sin necesidad de una nueva modificación.

El Decreto n.º 193/2025/ND-CP, de 2 de julio de 2025, en vigor desde esa misma fecha, desarrolla la ley en más de 150 artículos: la lista de minerales de cada grupo, la capacidad financiera, los procedimientos y plazos de concesión de licencias, el reconocimiento de reservas, la fórmula y el pago de la tasa por la concesión de derechos de explotación minera, las subastas, el cierre de minas y los minerales estratégicos. El Decreto n.º 21/2026/ND-CP, de 16 de enero de 2026, también en vigor desde su firma, modificó el Decreto n.º 193/2025/ND-CP para desarrollar la Ley n.º 147/2025/QH15, expresó muchos plazos en días hábiles, reescribió las normas sobre capacidad financiera y añadió un nuevo conjunto de artículos, del 110a al 110g, sobre las tierras raras. Las referencias de este capítulo al Decreto n.º 193/2025/ND-CP se entienden hechas al decreto así modificado.

Quién regula: el traspaso al Ministerio de Industria y Comercio

Desde la fusión de ministerios de 2025 hasta el 14 de septiembre de 2026, la geología y los minerales estuvieron a cargo del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que había absorbido al antiguo Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente. El Decreto n.º 351/2026/ND-CP trasladó la gestión estatal de la geología y los minerales al Ministerio de Industria y Comercio (MOIT) con efectos desde el 15 de septiembre de 2026, la misma fecha en que la gestión estatal de los parques industriales pasó del Ministerio de Hacienda al MOIT conforme a la Resolución del Gobierno n.º 66.25/2026/NQ-CP. El Departamento de Geología y Minerales de Vietnam se trasladó junto con la función, y el MOIT expide ahora las licencias de exploración y de explotación minera del Grupo I, organiza las subastas de ámbito ministerial, mantiene la base de datos geológica y minera nacional y, a través del Consejo Nacional de Evaluación de Reservas Minerales, reconoce los resultados de la exploración de las zonas cuya licencia otorga el ministerio (artículo 51). El MOIT ya fijaba las listas y normas de exportación del Grupo I y de los minerales industriales y regulaba el procesamiento, de modo que el traspaso reúne en un solo ministerio la concesión de licencias, el procesamiento y el comercio.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente conserva la administración de tierras y la protección ambiental, por lo que la evaluación de impacto ambiental, la licencia ambiental y el depósito para la rehabilitación de una mina siguen dentro de su sistema y del de las provincias (pregunta frecuente 89). El Ministerio de Construcción fija la lista y las normas de exportación de los minerales para la construcción. El Ministerio de Hacienda y su Departamento de Impuestos recaudan el impuesto sobre los recursos naturales, la tasa por la concesión de derechos de explotación minera y el impuesto sobre sociedades. El Primer Ministro aprueba la planificación minera nacional, las zonas prohibidas delimitadas por las provincias, las zonas no sujetas a subasta dentro del ámbito del ministerio y toda licencia de tierras raras. Los formularios y decisiones emitidos antes del 15 de septiembre de 2026 en nombre del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente siguen siendo válidos; las solicitudes en curso continúan su tramitación ante el MOIT.

Los Comités Populares provinciales

Las provincias siempre han tenido peso en la minería vietnamita porque controlan el suelo, las carreteras, el agua y el orden local. Desde el 1 de enero de 2026 otorgan además, en número, la mayoría de las licencias mineras. Conforme al artículo 108, modificado por la Ley n.º 147/2025/QH15, el presidente del Comité Popular provincial expide, prorroga, vuelve a expedir, modifica, acepta la renuncia, aprueba la transmisión y revoca las licencias de los minerales de los Grupos II, III y IV, de los minerales del Grupo I en las zonas pequeñas y dispersas que el ministerio haya delimitado y anunciado, y de la explotación de aprovechamiento residual. Cuando una zona con licencia abarca dos o más provincias, decide la provincia en la que se encuentra la mayor parte de la superficie, previa consulta a las demás. El Comité Popular provincial también reconoce los resultados de la exploración de las licencias que otorga (artículo 51, apartado 2), delimita y somete a la aprobación del Primer Ministro las zonas prohibidas y temporalmente prohibidas (artículo 26, apartado 4), aprueba las zonas no sujetas a subasta dentro de su ámbito (artículo 100), organiza las subastas locales y aprueba el cierre de las minas cuyas licencias ha otorgado.

Los expedientes los recibe y evalúa el departamento provincial especializado designado para los minerales. Tras la reorganización de 2025, esa función correspondía al Departamento provincial de Agricultura y Medio Ambiente; algunas provincias pueden reasignarla tras el traspaso central al MOIT, por lo que el solicitante debe confirmar el departamento receptor antes de presentar la solicitud. Las provincias también recaudan la tasa de protección ambiental sobre los minerales dentro del marco nacional, de modo que el coste de una cantera puede variar de una provincia a otra.

Otras leyes aplicables a un proyecto minero

La ley de minerales es el punto de partida, no la totalidad del marco. El inversor extranjero constituye su sociedad y registra su proyecto conforme a la Ley de Inversiones n.º 143/2025/QH15 (El certificado de registro de inversión). Las aprobaciones ambientales derivan de la Ley de Protección Ambiental n.º 72/2020/QH14; el suelo, de la Ley de Tierras de 2024; y las cargas fiscales, de las leyes del impuesto sobre los recursos naturales, del impuesto sobre sociedades y de los derechos de exportación. Los minerales radiactivos, y los subproductos radiactivos de algunos minerales de tierras raras, se rigen también por la Ley de Energía Atómica. La concesión de licencias debe ajustarse a la planificación minera: el plan nacional para 2021 a 2030, con visión a 2050, fue aprobado por la Decisión n.º 866/QD-TTg de 2023, y los planes provinciales abarcan los minerales de los Grupos III y IV.

Participación extranjera

El artículo 53 de la ley permite otorgar una licencia de explotación minera a una empresa constituida conforme a la Ley de Empresas o a una cooperativa, y el artículo 37 permite otorgar una licencia de exploración a esas mismas entidades y también a una empresa extranjera que tenga una oficina de representación o una sucursal en Vietnam. Por tanto, el inversor extranjero que pretenda explotar una mina constituye una sociedad vietnamita y, como en la mayoría de los casos esa sociedad tendrá más del 50 % de capital extranjero, necesita primero un certificado de registro de inversión, que el inversor nacional no necesita (pregunta frecuente 106). La exploración y la explotación minera son sectores de actividad condicionados, y el inversor debe comprobar la lista de acceso al mercado del anexo I del Decreto n.º 96/2026/ND-CP para el mineral concreto antes de definir la estructura (Acceso al mercado para inversores extranjeros).

Otras dos restricciones recaen con mayor peso sobre los inversores extranjeros. El artículo 65 exige que el inversor extranjero en minerales estratégicos e importantes cumpla las normas de acceso al mercado de la ley de inversiones y acepte la dirección de la actividad por parte del Estado, y el Decreto n.º 193/2025/ND-CP dispone que los inversores extranjeros en la exploración de esos minerales se determinan con arreglo a acuerdos intergubernamentales, con prioridad en la concesión de derechos de explotación minera para las empresas nacionales que cooperen con inversores extranjeros en el procesamiento. Las tierras raras quedan reservadas a las empresas que el Estado designe o autorice. Esas normas se explican en Minerales estratégicos, tierras raras y exportaciones.