Be Rwanda WiseHacer negocios en Ruanda

Capítulo 1 · Sección 1.8 de 8

Garantías de inversión, tratados y obligaciones de información: las garantías del Código de Inversiones en materia de igualdad de trato, propiedad, expropiación, repatriación y controversias, los tratados bilaterales de inversión de Ruanda en vigor, el CIADI, el MIGA, la Convención de Nueva York y el Protocolo del Mercado Común de la EAC, los asuntos entre inversores y el Estado, y las obligaciones de información y notificación de un inversor registrado ante el RDB

Revisado el · Elaborado por un jurista mercantilista con más de 30 años de experiencia internacional · Información jurídica y fiscal, no asesoramiento jurídico · Cómo lo verificamos · Abrir en la aplicación

EnglishFrançaisDeutschDescargar el capítulo 1 en PDF

Lo esencial

Las garantías del Código de Inversiones

El capítulo II de la Ley n.º 006/2021, de 05/02/2021, de promoción y facilitación de la inversión (el Código de Inversiones), contiene seis garantías. Conforme al artículo 9, el inversor extranjero puede invertir y adquirir acciones de una entidad de inversión en Ruanda y recibe igual trato que los inversores ruandeses «en lo que respecta a los incentivos a la inversión y a la facilitación de la inversión». Conforme al artículo 10, la propiedad privada, individual o colectiva, es inviolable; una inversión, o un interés o derecho sobre bienes que formen parte de ella, no puede embargarse ni confiscarse salvo en los casos previstos por la ley; y la expropiación por causa de interés público se produce «después de que el inversor reciba una justa indemnización conforme a las leyes aplicables». El artículo 11 protege los derechos de propiedad intelectual del inversor y los derechos legítimos relacionados con la transferencia de tecnología. El artículo 12 permite al inversor, una vez cumplidas sus obligaciones tributarias en Ruanda, repatriar su capital, los beneficios de sus actividades empresariales, la deuda y los intereses de préstamos extranjeros, el producto de la liquidación y otros activos. El artículo 13 establece la vía para las controversias con el Estado, y el artículo 14 compromete al RDB a una facilitación cotidiana en materia de visados y permisos de trabajo, conexiones de agua y electricidad, licencias sectoriales y certificados de evaluación de impacto ambiental.

Hay dos cuestiones de ámbito relevantes. Los artículos 10 a 12 hablan de «un inversor», no solo de un inversor registrado, por lo que las garantías de propiedad y de repatriación protegen a todo inversor; la vía de resolución de controversias del artículo 13 se aplica a una controversia «relacionada con una inversión registrada». Además, la igualdad de trato del artículo 9 se limita a los incentivos y a la facilitación; no deja sin efecto las normas sectoriales, las restricciones de la Ley de Tierras a la plena propiedad de los extranjeros ni las condiciones de licencia de los sectores regulados (pregunta frecuente 4; Sectores abiertos a los inversores extranjeros y licencias).

La expropiación y la indemnización en la práctica

El Código remite la expropiación a la ley general: la Ley n.º 32/2015, de 11/06/2015, relativa a la expropiación por causa de interés público. Solo el Gobierno puede ordenar la expropiación, únicamente por causa de interés público y solo previa justa indemnización (artículo 3). El propietario puede solicitar a la autoridad inmediatamente superior la revisión de la decisión de expropiación en un plazo de 30 días desde su publicación (artículo 18); la indemnización la valoran tasadores certificados a precios de mercado, con un incremento del 5 % por perturbación (artículo 28); el propietario puede oponerse por escrito a la valoración en un plazo de 7 días y encargar una contravaloración a su costa (artículo 33), y puede acudir a los tribunales en un plazo de 15 días desde la firma del acta en la que conste el desacuerdo, mientras se le abona entretanto la cifra del expropiante (artículo 34). La indemnización debe pagarse en un plazo de 120 días; de lo contrario, la expropiación es nula salvo pacto en contrario (artículo 36), y se debe un 5 % adicional por pago tardío o desistimiento (artículo 37) (pregunta frecuente 50).

El Investment Climate Statement de 2026 de los Estados Unidos, que cita un estudio de Transparency International de 2024, da cuenta de expropiaciones realizadas con escaso preaviso y de indemnizaciones que a menudo no reflejaban los precios de mercado, y señala que el propietario soporta el coste de la contravaloración. El inversor extranjero que goza además de la protección de un tratado dispone de un segundo nivel: los tratados bilaterales de inversión descritos más adelante fijan sus propios estándares de indemnización y dan acceso al arbitraje internacional. El procedimiento específico del suelo, incluida la requisa de tierras sin uso y la resolución de los contratos sobre tierras, se trata en Expropiación e indemnización.

La repatriación: la garantía y el rastro documental

El artículo 12 se apoya en un régimen cambiario liberal. El Reglamento n.º 42/2022, de 13/04/2022, que regula las operaciones de cambio de divisas, considera la inversión directa «plenamente liberalizada» (artículo 25), y los dividendos, honorarios, cánones e intereses se transfieren a través de bancos autorizados contra la presentación de la «documentación justificativa pertinente que indique el origen de los fondos» (artículo 24). El National Bank of Rwanda (BNR) puede bloquear transferencias para cumplir las obligaciones internacionales de Ruanda, como las sanciones (artículo 33). La condición del artículo 12 del Código, «una vez cumplidas las obligaciones tributarias», la aplican en la práctica los bancos solicitando prueba del pago de la retención en la fuente (pregunta frecuente 61).

La retención en la fuente sobre los dividendos e intereses pagados al extranjero es del 15 % conforme al artículo 60 de la Ley n.º 027/2022, de 20/10/2022, por la que se establecen los impuestos sobre la renta, y se reduce al 0 % para los inversores acogidos a los regímenes del 3 % y al régimen del 15 % de servicios financieros, al 5 % para los dividendos e intereses de sociedades cotizadas en la Rwanda Stock Exchange y al 10 % para los promotores de parques, o a un tipo inferior de convenio cuando se aplica un convenio para evitar la doble imposición; una sucursal paga el 15 % sobre los beneficios repatriados. El expediente del inversor debería documentar la entrada inicial de capital, los documentos de emisión de acciones o del préstamo, las cuentas auditadas, el acuerdo del consejo por el que se declara el dividendo y el justificante de la retención en la fuente. El funcionamiento se explica en Repatriación de beneficios y capital y los tipos de los convenios, en Retenciones en la fuente y convenios fiscales.

Las controversias con el Estado conforme al Código

El artículo 13 del Código prevé una vía en tres fases para las controversias entre un inversor y un órgano del Estado relacionadas con una inversión registrada: primero, la solución amistosa; a falta de ella, la institución de arbitraje u otro procedimiento de solución de controversias pactado entre las partes; y, cuando no se haya previsto ningún procedimiento en un acuerdo escrito, el tribunal competente. La función del RDB es «facilitar la solución amistosa de las controversias que puedan surgir entre un inversor y un órgano del Estado» (artículo 16, apartado 4), y en la práctica sus responsables de atención posterior al inversor (aftercare) son el primer interlocutor para los problemas con el suelo, los suministros y otros organismos. El artículo 13 no constituye por sí mismo un consentimiento al arbitraje internacional: el inversor que carezca de un convenio arbitral con el órgano del Estado y de un tratado acabará ante los tribunales ruandeses.

Los contratos con el Gobierno se rigen por las Instrucciones Ministeriales n.º 612/08.11, de 16/04/2014, sobre la redacción, negociación y gestión de contratos. El artículo 14 dispone que no se admite el arbitraje ad hoc y que un funcionario del Gobierno no puede aceptar ninguna cláusula de arbitraje internacional distinta de la que remita al Kigali International Arbitration Centre (KIAC); si la contraparte no está de acuerdo, decide o negocia el Minister of Justice and Attorney General (ministro de Justicia y fiscal general). Por ello, los inversores en asociaciones público-privadas, concesiones y contratos de suministro deben esperar una cláusula KIAC, en la que habrá que pactar el número de árbitros, la sede del arbitraje y el idioma, y deberían negociar una sede y un idioma neutrales cuando puedan (La ley de arbitraje y el KIAC).

Tratados bilaterales de inversión de Ruanda (registro de la UNCTAD, a 10 de octubre de 2026)

Estado con convenioFirmaEntrada en vigorSituación
Alemania18 de mayo de 196728 de febrero de 1969Entrada en vigor
Unión Económica Belgo-Luxemburguesa (BLEU)2 de noviembre de 19831 de agosto de 1985En vigor (un tratado con la BLEU de 2007 está firmado, pero no en vigor)
Estados Unidos19 de febrero de 20081 de enero de 2012Entrada en vigor
República de Corea29 de mayo de 200916 de febrero de 2013Entrada en vigor
Emiratos Árabes Unidos1 de noviembre de 201717 de enero de 2020Entrada en vigor
Singapur14 de junio de 201816 de octubre de 2020Entrada en vigor
Sudáfrica (2000), Mauricio (2001), Marruecos (2016), Türkiye (2016), Yibuti (2017), Qatar (2018), República Centroafricana (2019), República Democrática del Congo (2021)Según se indicaNo registrados como vigentesLos instrumentos de ratificación ruandeses de los tratados con Marruecos, Yibuti, la RCA y la RDC figuran en el portal jurídico; la entrada en vigor requiere también la ratificación de la otra parte
Acuerdo sobre el Área Común de Inversión del COMESA (2007); Protocolo de Inversión de la AfCFTA (2023)2007; 19 de febrero de 2023No en vigorInstrumentos regionales pendientes de entrada en vigor
Suiza (acuerdo de comercio e inversión de 1963); Código de Inversiones Comunitario de la CEPGL (1982)1963; 1982Registrados por la UNCTAD como vigentesTratados con disposiciones sobre inversión, no BIT; compruebe en el texto si existe una vía de solución de controversias utilizable antes de basarse en cualquiera de ellos

La protección de los tratados y cómo estructurarse para acogerse a ella

Un tratado bilateral de inversión (BIT) protege a los inversores del otro Estado, normalmente frente a la expropiación sin indemnización, el trato injusto y no equitativo, la discriminación y las restricciones a las transferencias, y les reconoce el derecho a someter al Estado a un arbitraje internacional. Los seis BIT en vigor amparan a los inversores de Alemania, Bélgica y Luxemburgo, los Estados Unidos, Corea, los Emiratos Árabes Unidos y Singapur. El tratado entre Corea y Ruanda es un texto moderno representativo: un período de consultas de seis meses, la elección entre el arbitraje del CIADI (ICSID), el Mecanismo Complementario del CIADI o el arbitraje conforme al reglamento de la CNUDMI (UNCITRAL), una notificación de intención con 90 días de antelación, un plazo de prescripción de tres años y la renuncia a otros procedimientos.

La protección de un tratado depende de la nacionalidad y de la estructura existentes en el momento en que surge la controversia, y los tribunales arbitrales examinan si el inversor tiene una sustancia real en su Estado de origen y si la reestructuración se produjo cuando la controversia era previsible. Un grupo de un Estado sin BIT en vigor, como el Reino Unido, Francia, China o la India, puede plantearse mantener su inversión en Ruanda a través de una sociedad de un Estado con tratado que tenga una actividad real, con una decisión adoptada pronto y documentada por razones comerciales. Los convenios para evitar la doble imposición de Ruanda constituyen una red distinta y no ofrecen protección de la inversión (Retenciones en la fuente y convenios fiscales).

Instrumentos multilaterales. Ruanda firmó el Convenio del CIADI (ICSID) el 21 de abril de 1978, lo ratificó el 15 de octubre de 1979 y está vinculada por él desde el 14 de noviembre de 1979. Es miembro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), que ofrece seguros contra el riesgo político, y se adhirió a la Convención de Nueva York el 31 de octubre de 2008, en vigor desde el 29 de enero de 2009, por lo que los laudos extranjeros son ejecutables en Ruanda (Arbitraje extranjero y ejecución de laudos). El Protocolo del Mercado Común de la EAC, firmado en Arusha el 20 de noviembre de 2009, reconoce a los inversores de la EAC el derecho de establecimiento (artículo 13), la libre circulación de capitales (artículos 24 y 25) y la protección de las inversiones transfronterizas, y solo permite la expropiación por un fin público, sin discriminación, con las debidas garantías procesales y a cambio de una «indemnización pronta, razonable y efectiva» (artículo 29). Los residentes pueden impugnar los actos de un Estado socio ante el Tribunal de Justicia de África Oriental en un plazo de dos meses (artículo 30 del Tratado de la EAC). El Acuerdo de la AfCFTA está en vigor desde el 30 de mayo de 2019, pero su Protocolo de Inversión aún no ha entrado en vigor.

El historial de Ruanda ante el CIADI

Constan tres asuntos ante el CIADI contra Ruanda. Olyana Holdings v Rwanda (ARB/10/10), una demanda basada en un contrato, se archivó por desistimiento el 7 de enero de 2011. En Bay View Group and Spalena v Rwanda (ARB/18/21), iniciado al amparo del BIT con los Estados Unidos, el laudo del tribunal arbitral de 30 de marzo de 2022 desestimó la demanda de Bay View por falta de una inversión sustancial y la de Spalena en cuanto al fondo, y condenó a los demandantes a pagar las costas de Ruanda por 1 312 233,10 GBP y 361 783,72 USD más intereses. Alain Francois V. Goetz and Aldabra Ltd v Rwanda (ARB/24/48), iniciado al amparo de los tratados con la BLEU de 1983 y con los EAU de 2017 en relación con una refinería de oro, se registró el 1 de noviembre de 2024; el tribunal arbitral se reconstituyó el 6 de enero de 2026 y el procedimiento se suspendió a petición de Ruanda hasta el 26 de mayo de 2026, sin que se haya confirmado su situación después de esa fecha. Estos antecedentes muestran que Ruanda se defiende frente a las demandas basadas en tratados y que los tribunales arbitrales examinan detenidamente si el demandante realizó una inversión real (Controversias entre inversores y Estados y tratados).

Obligaciones de información y notificación del inversor registrado

La contrapartida de los incentivos es la obligación de información. El artículo 26 del Código obliga al inversor registrado a ejecutar su propuesta conforme al plan de negocio de su solicitud; a llevar registros financieros y contables y presentar una copia de su informe financiero al RDB en un plazo de tres meses tras el ejercicio anterior; a conservar los datos de las operaciones de la entidad de inversión durante cinco años; a facilitar el seguimiento por el personal del RDB; a responder a las consultas del RDB en el plazo fijado mediante notificación escrita; y a darse de alta ante la administración tributaria y presentar las declaraciones tributarias aunque tenga derecho a exenciones fiscales (pregunta frecuente 8).

El artículo 27 obliga al inversor registrado a informar por escrito al RDB con 30 días de antelación de cualquier cambio en la naturaleza de sus operaciones de inversión, de su suspensión (indicando su duración) o de su cese; la persona afectada por una suspensión o un cese también puede notificarlo al RDB. Conforme al artículo 28, si los cambios alteran sustancialmente la inversión sin perjudicarla ni afectar a su derecho a los incentivos, el RDB modifica el certificado; si no alteran sustancialmente los compromisos del inversor, el RDB los hace constar en el expediente. El incumplimiento de estas obligaciones es causa de revocación del certificado (artículo 22), previa notificación escrita y un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones (artículo 23), con recurso ante el Head of RDB en un plazo de diez días hábiles, que se resuelve en otros diez días hábiles (artículo 24); la revocación por declaraciones falsas o fraudulentas obliga al inversor a reintegrar los incentivos recibidos (artículo 25). El certificado tiene una vigencia de cinco años y se renueva previa solicitud acompañada de un informe de ejecución y de estados financieros legalizados ante notario (artículos 19 a 21; Registro en el RDB y certificado de inversión). El artículo 16, apartado 6, obliga al RDB a no divulgar la información confidencial facilitada por el inversor.

Calendario periódico de obligaciones de información del inversor registrado (cierre del ejercicio en diciembre)

ObligaciónAutoridadPlazoFuente
Declaración y pago anuales del impuesto sobre sociedadesRRA31 de marzoLey n.º 027/2022, modificada por la Ley n.º 051/2023
Informe financieroRDBEn los tres meses siguientes al cierre del ejercicio (31 de marzo)Artículo 26, apartado 2, de la Ley n.º 006/2021
Retención en la fuente sobre dividendos, intereses, cánones y honorariosRRAEn los 15 días siguientes al mes del pagoArtículo 64 de la Ley n.º 027/2022
Notificación de cambio, suspensión o cese de las operacionesRDBPor escrito, con 30 días de antelación al cambioArtículo 27 de la Ley n.º 006/2021
Respuestas a las consultas del RDBRDBEn el plazo indicado en la notificación escritaArtículo 26, apartado 5, de la Ley n.º 006/2021
Renovación del certificado de inversiónRDBAntes de que finalice el plazo de cinco añosArtículos 19 a 21 de la Ley n.º 006/2021
Conservación de los datos de explotaciónRDBCinco añosArtículo 26, apartado 3, de la Ley n.º 006/2021
Presentaciones anuales de la sociedad y cambios en la titularidad realRegistrar General (RDB)Véase el calendario de cumplimiento de la sociedadLey n.º 007/2021, en su versión modificada

Comprobar la protección de los tratados antes de invertir

Puntos que deben resolverse al estructurar la cadena de tenencia, antes de que el dinero entre en Ruanda.

  • Nacionalidad del inversor inmediato¿Es la sociedad o la persona física que será titular de las acciones ruandesas nacional de Alemania, Bélgica o Luxemburgo, los Estados Unidos, Corea, los EAU o Singapur, con el tratado en vigor?
  • Sustancia en el Estado del tratado¿Tiene la sociedad holding dirección, personal y actividad en su Estado de origen, de modo que un tribunal arbitral la considere un auténtico inversor de ese Estado y no una sociedad pantalla?
  • Calendario¿Está la estructura implantada antes de que sea previsible cualquier controversia con el Estado? Una reestructuración posterior expone a una objeción por abuso de procedimiento.
  • Inversión protegida¿Abarca la definición del tratado el activo (acciones, préstamos, licencias, derechos de concesión) y se ha realizado la inversión conforme al Derecho ruandés, incluidos el registro y las licencias?
  • Cláusulas de solución de controversias en los contratos con el Estado¿Incluirá el contrato de concesión o de PPP una cláusula KIAC conforme a las Instrucciones n.º 612/08.11, y cómo se articula con la oferta de arbitraje y los requisitos de renuncia del tratado?
  • Cobertura del riesgo político¿Merece la pena contratar un seguro del MIGA o un seguro privado de riesgo político frente a los riesgos de expropiación, restricción de transferencias e incumplimiento contractual?

Ejemplo práctico

Un inversor registrado de capital estadounidense: dividendo, información y protección en 2027

Una sociedad ruandesa íntegramente participada por una matriz estadounidense es titular de un certificado de inversión del RDB expedido el 1 de marzo de 2023 y paga el impuesto sobre sociedades (CIT) al 15 % como inversor en servicios TIC. Su ejercicio se cierra el 31 de diciembre de 2026 y en abril de 2027 declara un dividendo de 1 000 000 000 RWF. Todas las cifras son ilustrativas.

Presentaciones ante la administración tributaria y el RDBDeclaración y pago del impuesto sobre sociedades a la RRA antes del 31 de marzo de 2027; informe financiero al RDB antes del 31 de marzo de 2027 (artículo 26, apartado 2).
Retención en la fuenteEl tipo del 0 % solo se aplica a los regímenes del 3 % y a las entidades de servicios financieros con licencia, por lo que se aplica el 15 %: 15 % × 1 000 000 000 RWF = 150 000 000 RWF, declarados e ingresados en la RRA antes del 15 de mayo de 2027. La lista publicada por la RRA no recoge ningún convenio para evitar la doble imposición con los Estados Unidos.
Transferencia al extranjeroEl banco convierte 850 000 000 RWF a dólares estadounidenses y los transfiere contra la presentación del acuerdo del consejo, las cuentas auditadas y el justificante de la retención en la fuente (Reglamento n.º 42/2022, artículo 24).
Renovación del certificadoEl certificado vence el 1 de marzo de 2028; el expediente de renovación, con un informe de ejecución y estados financieros legalizados ante notario, debería presentarse con suficiente antelación (artículos 19 a 21).
Cambio de actividadSi la sociedad prevé añadir en 2027 la venta minorista de equipos informáticos, lo notifica por escrito al RDB con al menos 30 días de antelación; el comercio minorista queda fuera de la definición de inversión del Código, por lo que el RDB puede modificar el certificado o hacer constar el cambio, y los beneficios del comercio minorista no tendrán derecho al tipo del 15 %.
ProtecciónLa matriz es un inversor estadounidense a efectos del BIT entre Ruanda y los Estados Unidos, en vigor desde el 1 de enero de 2012, lo que le da acceso al arbitraje internacional si, por ejemplo, se le revocara la licencia en contravención del tratado.

Si la matriz hubiera sido titular de la sociedad a través de una sociedad de Singapur con sustancia real, el BIT con Singapur protegería la inversión y el convenio fiscal entre Ruanda y Singapur podría reducir la retención en la fuente; ambos dependen de la sustancia y del momento.

Preguntas de los inversores sobre garantías, tratados y obligaciones de información

¿Garantiza Ruanda la repatriación de los beneficios y del capital?

Sí. El artículo 12 de la Ley n.º 006/2021 permite al inversor, una vez cumplidas sus obligaciones tributarias en Ruanda, repatriar el capital, los beneficios, la deuda y los intereses de préstamos extranjeros, el producto de la liquidación y otros activos. El Reglamento n.º 42/2022 considera la inversión directa plenamente liberalizada; los bancos transfieren los dividendos contra la presentación de documentos que acrediten el origen de los fondos y el pago de la retención en la fuente.

¿Qué países tienen tratados de inversión en vigor con Ruanda?

Según la UNCTAD, están en vigor seis tratados bilaterales de inversión: con Alemania (1969), la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa (1985), los Estados Unidos (2012), Corea (2013), los Emiratos Árabes Unidos (2020) y Singapur (2020). Los tratados firmados con Sudáfrica, Mauricio, Marruecos, Türkiye, Yibuti, Qatar, la República Centroafricana y la RDC no constan como vigentes.

¿Puede el Gobierno de Ruanda expropiar mi inversión?

Solo por causa de interés público y previa justa indemnización, conforme al artículo 10 del Código de Inversiones y a la Ley n.º 32/2015. La indemnización equivale al valor de mercado más un 5 % por perturbación, debe pagarse en un plazo de 120 días o la expropiación caduca, y puede impugnarse ante los tribunales en un plazo de 15 días desde la firma del acta en la que conste el desacuerdo sobre una contravaloración. Los inversores protegidos por un tratado disponen además del arbitraje internacional.

¿Puede un contrato con el Gobierno de Ruanda prever un arbitraje de la CCI o de la LCIA?

Por lo general, no. El artículo 14 de las Instrucciones Ministeriales n.º 612/08.11 prohíbe a los funcionarios del Gobierno aceptar un arbitraje ad hoc o cualquier cláusula de arbitraje internacional distinta de la que remita al KIAC, y deja la decisión al ministro de Justicia cuando la contraparte no está de acuerdo. El inversor protegido por un tratado puede, no obstante, tener un derecho independiente al arbitraje del CIADI (ICSID) o conforme al reglamento de la CNUDMI (UNCITRAL) en virtud de su BIT.

¿Qué debe comunicar al RDB un inversor registrado?

Un informe financiero en los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio, las respuestas a las consultas del RDB en el plazo fijado y una notificación escrita con al menos 30 días de antelación a cualquier cambio en la naturaleza de sus operaciones, su suspensión o su cese. Debe además conservar los datos de explotación durante cinco años, permitir el seguimiento y presentar las declaraciones tributarias aunque esté exento, conforme a los artículos 26 y 27 de la Ley n.º 006/2021.

¿Ha perdido Ruanda algún arbitraje basado en un tratado de inversión?

No consta ningún laudo desfavorable. Las demandas de Bay View y Spalena al amparo del tratado con los Estados Unidos se desestimaron en marzo de 2022, con condena en costas a favor de Ruanda, y una demanda contractual anterior se archivó por desistimiento en 2011. Una demanda de Alain Goetz y Aldabra al amparo de los tratados con la BLEU y con los EAU, registrada en el CIADI en noviembre de 2024, quedó suspendida hasta mayo de 2026.

Términos que encontrará en los documentos

InglésKinyarwandaFrancésSignificado
Repatriation of capital and assetsGusohora mu gihugu ishyingu n'umutungoRapatriement du capital et du patrimoineEl derecho del artículo 12 a transferir al extranjero el capital, los beneficios, los pagos de préstamos y el producto de la liquidación una vez satisfechos los impuestos.
Dispute settlementGukemura impakaRèglement des différendsLa vía del artículo 13 para las controversias entre inversor y Estado: solución amistosa, arbitraje o procedimiento pactados y, después, el tribunal competente.
Amicable settlement—Règlement à l'amiableResolución negociada de una controversia con un órgano del Estado, facilitada por el RDB conforme al artículo 16, apartado 4.
ArbitrationUbukemurampaka—Resolución vinculante de una controversia por árbitros conforme a la Ley n.º 005/2008, a un reglamento institucional o a un tratado.
Kigali International Arbitration Centre (KIAC)Ikigo Mpuzamahanga cy'Ubukemurampaka cya Kigali—La institución arbitral creada por la Ley n.º 51/2010, la única que pueden elegir los funcionarios del Gobierno.
Foreign investorUmushoramari w'umunyamahangaInvestisseur étrangerSegún la definición del artículo 2, apartado 16, del Código, por nacionalidad, residencia y lugar de registro fuera de Ruanda, la EAC y el COMESA.
Registered investorUmushoramari wanditsweInvestisseur enregistréTitular de un certificado de inversión del RDB, sujeto a las obligaciones del artículo 26.
Investment certificateIcyemezo cy'ishoramariCertificat d'investissementEl certificado del RDB, válido durante cinco años, que puede modificarse, renovarse o revocarse conforme a los artículos 19 a 28.
Financial report—Rapport financierEl informe que el inversor registrado presenta al RDB en los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio (artículo 26, apartado 2).
Fin del capítulo 1Volver a la presentación del capítuloElija otra sección o pase al capítulo siguiente.Presentación del capítulo →

En esta guía

Preguntas frecuentes de los inversores

Fuentes oficiales

¿Tiene alguna pregunta sobre su propia situación?

Pregunte a Rwandabot, el asistente de información jurídica de Be Rwanda Wise, basado en IA. Consulta las fuentes oficiales ruandesas y le remite a la norma aplicable. También puede leer cómo encontrar y comprobar un abogado en Ruanda.

Preguntar a Rwandabot sobre este temaEncontrar un abogado

Esta página ofrece información jurídica y fiscal, no asesoramiento jurídico. Los tipos, umbrales y procedimientos cambian; el contenido se revisa con las fuentes oficiales, pero antes de actuar confirme cualquier punto importante con la autoridad competente o con un abogado inscrito en la Rwanda Bar Association. Las leyes se publican en kinyarwanda, inglés y francés en el Diario Oficial; solo el texto publicado en el Diario Oficial es auténtico. La edición en español de esta guía está traducida de la edición en inglés.