Be Rwanda WiseHacer negocios en Ruanda

Capítulo 5 · Sección 5.7 de 8

Expropiación e indemnización: la garantía del Código de Inversiones, la Ley n.º 32/2015 sobre la expropiación por causa de interés público, quién decide, la valoración a valor de mercado más un 5 %, las objeciones y los recursos judiciales, la regla del pago en 120 días y las normas de 2024 sobre la requisa y la extinción de los contratos sobre el suelo por falta de uso

Revisado el · Elaborado por un jurista mercantilista con más de 30 años de experiencia internacional · Información jurídica y fiscal, no asesoramiento jurídico · Cómo lo verificamos · Abrir en la aplicación

EnglishFrançaisDeutschDescargar el capítulo 5 en PDF

Lo esencial

La garantía: propiedad inviolable y justa indemnización previa

El Derecho ruandés protege la propiedad frente a la privación arbitraria en tres niveles. El artículo 10 de la Ley n.º 006/2021, de 05/02/2021, de promoción y facilitación de la inversión (el Código de Inversiones) reconoce al inversor el derecho a ser propietario de bienes privados, individual o colectivamente, declara esa propiedad inviolable, dispone que una inversión o un derecho sobre bienes que formen parte de ella no puede ser embargado ni confiscado salvo en los casos previstos por la ley, y establece que la expropiación por causa de interés público se lleva a cabo después de que el inversor haya recibido una justa indemnización conforme a la legislación aplicable. El artículo 41 de la Ley n.º 27/2021, de 10/06/2021, que regula las tierras (la Ley de Tierras), otorga a los titulares el pleno disfrute de sus tierras y los protege frente a la desposesión salvo por expropiación por causa de interés público con justa indemnización previa. La Ley n.º 32/2015, de 11/06/2015, relativa a la expropiación por causa de interés público, publicada en el Diario Oficial n.º 35, de 31/08/2015, y que sustituye a la Ley n.º 18/2007, establece el procedimiento y las cifras.

La garantía no es una promesa de que el suelo nunca vaya a ser expropiado. El Código de Inversiones permite la expropiación con indemnización; las afirmaciones de que prohíbe la expropiación de los bienes de los inversores, que aparecen en algunas fuentes secundarias, son erróneas. Lo que la ley garantiza es un procedimiento: una finalidad de interés público, una decisión de un órgano competente, una valoración a precio de mercado, un derecho de impugnación y el pago antes del traslado. El inversor extranjero cuya estructura cumpla los requisitos puede gozar además de protección convencional, que se analiza en Controversias entre inversores y Estados y tratados.

Qué se considera de interés público

El artículo 3 reserva al Gobierno la facultad de ordenar la expropiación y la limita a los casos de interés público con justa indemnización previa. El artículo 5 enumera 22 actividades de interés público, entre ellas las carreteras y los ferrocarriles, las conducciones de agua, los depósitos, las presas y las plantas de tratamiento, las líneas eléctricas, de gas, de petróleo y de comunicaciones, los aeropuertos, los aparcamientos, las estaciones y los puertos, las zonas protegidas e históricas, las instalaciones de seguridad, los hospitales, las escuelas, los edificios gubernamentales, los mercados, los cementerios, los lugares conmemorativos del genocidio, las actividades de ejecución de los planes directores de uso y ordenación del suelo, y los minerales y otros recursos naturales del dominio público. El ministro competente en materia de tierras puede añadir otras actividades mediante orden.

La categoría de los planes directores merece atención porque puede alcanzar a proyectos privados que ejecuten un plan. El artículo 6 obliga al promotor de un proyecto de este tipo a negociar primero con los propietarios de los bienes afectados; solo si la negociación fracasa se siguen las formalidades de expropiación, a petición del expropiante y del promotor, y el precio lo paga el promotor antes de que comience cualquier obra. Los minerales son un caso aparte. Todos los derechos de propiedad y control sobre los minerales y los productos de cantera situados en el suelo, en el subsuelo o sobre cualquier terreno de Ruanda corresponden al Estado en virtud del artículo 3, letra a), de la Ley n.º 072/2024, de 26/06/2024, sobre las operaciones mineras y de cantera (la Ley de Minería), con independencia de la propiedad privada del suelo, y el artículo 43 de la Ley de Tierras atribuye al Estado los recursos naturales en general. Conforme al artículo 4 de la Ley de Minería, el titular de una licencia minera debe pagar al propietario o al ocupante legítimo del terreno una justa indemnización antes de iniciar las operaciones mineras, tras lo cual el terreno adquirido se inscribe a nombre del Estado, mientras que el titular de una licencia de exploración o de cantera celebra un arrendamiento por escrito con el propietario y le devuelve el terreno al término de las operaciones. La Ley de Minería no establece ningún método de valoración propio (capítulo de minería). El artículo 47 de la Ley de Tierras añade que el titular de derechos sobre la tierra no puede obstaculizar las obras subterráneas o aéreas de interés público, como cables y tuberías, pero recibe una justa indemnización por cualquier pérdida que estas le causen.

Quién decide y cómo se hace pública la decisión

El órgano que determina el proyecto depende de su alcance (artículo 7): el comité ejecutivo del distrito si afecta a un solo distrito, el comité ejecutivo de la Ciudad de Kigali si afecta a varios distritos dentro de Kigali, y el ministerio competente si afecta a varios distritos o se trata de un proyecto nacional. Un comité de supervisión del mismo nivel examina la solicitud (artículo 8). La solicitud debe contener la naturaleza y la finalidad pública del proyecto, el plan director del terreno con mapas, los bienes y la lista de titulares de derechos, un documento ambiental, la prueba de que se dispone de fondos para la indemnización, una nota sobre la idoneidad del terreno, actas que acrediten que se ha sensibilizado a la población y un estudio de las consecuencias para las personas que vayan a ser expropiadas (artículo 10).

El comité evalúa la pertinencia en un plazo de 30 días desde la solicitud y celebra una reunión consultiva con la población local (artículo 11); a continuación, remite su decisión por escrito en un plazo de 15 días desde esa reunión (artículo 14). El órgano de aprobación conforme al artículo 9 es el consejo del distrito, el consejo de la Ciudad de Kigali, el ministerio competente en materia de tierras mediante Orden Ministerial para los proyectos que abarquen más de un distrito, o la Oficina del Primer Ministro mediante Orden del Primer Ministro para los proyectos de seguridad nacional y soberanía, y aprueba en un plazo de 15 días desde la decisión del comité (artículo 15). Un ejemplo reciente es la Orden Ministerial n.º 006/MoE/25, de 03/10/2025, aprobada por el Consejo de Ministros el 15 de septiembre de 2025 y publicada en el Diario Oficial n.º especial, de 07/10/2025, que aprueba la expropiación para una presa y un sistema de abastecimiento de agua desde el distrito de Gicumbi hasta el distrito de Nyagatare.

En un plazo de 15 días desde la aprobación, la decisión se anuncia en una emisora de radio y en un periódico de amplia difusión, y la lista de titulares de derechos y de bienes registrados se expone en las oficinas de la Ciudad de Kigali, del distrito, del sector y de la célula (artículo 16). Desde la publicación, el propietario no puede iniciar nuevas actividades a largo plazo en el terreno; lo que se construya después no se indemniza (artículo 17).

Impugnación de la decisión y de la lista

La persona afectada puede solicitar al órgano inmediatamente superior al que adoptó la decisión que la revise en un plazo de 30 días desde la publicación, exponiendo los motivos por escrito; ese órgano debe responder por escrito y de forma motivada en un plazo de 30 días (artículo 18). El solicitante de la expropiación tiene el derecho simétrico si se rechaza el proyecto: 15 días para solicitar la revisión y 30 días para la decisión (artículo 19). En un plazo de 15 días desde la publicación de la lista inicial de personas que vayan a ser expropiadas, cualquier afectado puede pedir al órgano que la elaboró que la revise, y ese órgano resuelve en un plazo de 7 días hábiles (artículo 20); a continuación, el alcalde o el ministro aprueba la lista definitiva en un plazo de 7 días hábiles, y esta pasa a ser la base del inventario (artículo 21). El inversor cuyo nombre, parcela o edificios falten o estén mal descritos debe actuar dentro de estos plazos, porque la lista determina la valoración.

Valoración: valor de mercado más un 5 %

Los valores se basan en una lista anual de valores del suelo y de precios de los bienes situados sobre él, elaborada por el Institute of Real Property Valuers in Rwanda (IRPV) a precios de mercado vigentes, aprobada por el consejo regulador de la valoración inmobiliaria y publicada en el Diario Oficial (artículo 22). Una vez decidida la expropiación, el expropiante designa tasadores certificados por el IRPV (artículo 23) y anuncia la fecha de inicio de la medición y del inventario en la oficina de la célula, así como en la radio y en la prensa (artículo 24). La valoración se realiza en presencia de los propietarios o de sus representantes legales y de las autoridades locales, y en un acta se deja constancia de los asistentes (artículo 25).

El propietario debe aportar su título de propiedad y la prueba de la titularidad de los bienes situados sobre el terreno, junto con los documentos de estado civil y de régimen económico matrimonial en el caso de una persona física; quien haya sido desposeído, ocupe ilegalmente o haya desarrollado actividades prohibidas por la ley no recibe nada (artículo 26). Se valoran tres elementos: el terreno, las actividades realizadas en él para su gestión eficiente o su uso racional, y la perturbación causada (artículo 27). El terreno y los bienes se valoran según su superficie, naturaleza, ubicación y los precios de mercado vigentes, y la indemnización por perturbación equivale al 5 % del valor total de los bienes expropiados (artículo 28). La valoración debe concluirse en un plazo de 30 días, prorrogable por 15 (artículo 29); el expropiante resuelve sobre el informe y lo publica en un plazo de 15 días (artículo 31), y los propietarios que estén conformes lo firman dentro de un plazo de 7 a 21 días (artículo 32).

Impugnación del importe

El propietario que no esté de acuerdo con el valor debe exponer sus motivos por escrito en un plazo de 7 días desde la aprobación del informe de valoración y, a su costa, encargar a un tasador o a una firma reconocidos por el IRPV una contravaloración, que debe estar lista en un plazo de 10 días (artículo 33). El expropiante resuelve en un plazo de 5 días hábiles desde su recepción. Si la acepta, la contravaloración sustituye al informe original; en caso contrario, ambas partes y sus tasadores firman un acta en la que constan los puntos de desacuerdo (artículo 34). El propietario puede entonces someter el asunto al tribunal competente en un plazo de 15 días desde la firma de esa acta. Entretanto se paga la cifra del expropiante, para que el proyecto no se suspenda. Son plazos breves para una sociedad cuyos órganos de decisión se encuentran en el extranjero, y constituyen la vía más habitual por la que los inversores pierden capacidad de negociación.

Pago, traslado y bienes hipotecados

La indemnización se paga en francos ruandeses o en cualquier otra forma acordada, y debe pagarse antes de que el propietario se traslade (artículo 35). Debe abonarse en un plazo de 120 días desde la aprobación por el consejo del distrito o de la ciudad o por el ministerio; si no se abona, la expropiación queda nula y sin efecto salvo que las partes acuerden otra cosa, y, una vez pagada, el propietario dispone de hasta 120 días para trasladarse, sin plantar cultivos cuya cosecha requiera más tiempo (artículo 36). El expropiante que desista tras la valoración, o que pague con retraso, adeuda un 5 % adicional de la indemnización; si las partes acuerdan continuar tras un pago tardío, el 5 % se paga en primer lugar y la prórroga no puede exceder de un año, y el desistimiento posterior a dicho acuerdo cuesta un 5 % más (artículo 37).

El dinero se ingresa en una cuenta bancaria elegida por el propietario, en una cuenta conjunta en el caso de copropietarios, en el Tesoro Público cuando los copropietarios no se pongan de acuerdo o no se facilite ninguna cuenta en un plazo de 30 días, y, cuando los bienes garanticen un préstamo, en la cuenta designada por el banco o la entidad financiera (artículo 38). Por tanto, el prestamista tiene un derecho directo sobre la indemnización, y el prestatario debería contar con que su banco intervenga desde la fase de valoración (Hipotecas, garantías y actividad inmobiliaria).

Requisa y resolución por falta de uso: la Orden de 2024

Con independencia de la expropiación, el Estado puede actuar contra el suelo que no se utiliza. El artículo 49 de la Ley de Tierras le permite resolver un contrato de propiedad de tierras previo preaviso por escrito de 90 días cuando el titular no haya cumplido sus obligaciones, salvo que este acredite motivos razonables, y el artículo 70 permite al ministro requisar tierras agrícolas, ganaderas o forestales no explotadas. La Orden Ministerial n.º 002/MoE/24, de 10/07/2024, relativa a la requisa temporal de tierras y a la resolución del contrato de propiedad de tierras (Diario Oficial n.º especial, de 11/07/2024), aporta el detalle. Las tierras agrícolas o forestales de 5 hectáreas o más que permanezcan ociosas durante un año sin motivo fundado pueden ser objeto de requisa temporal previo preaviso de 90 días, durante 3 años en el caso de la agricultura y 10 en el de la silvicultura.

El artículo 18 enumera los motivos de resolución: la solicitud escrita del propio propietario; la falta de explotación de un terreno que disponga de infraestructuras básicas como carretera, agua y electricidad, situado donde puedan concederse licencias de obra y donde se esté ejecutando el plan director o en una zona preferente designada por el consejo, y que no se haya explotado conforme al plan durante al menos cinco años consecutivos; la falta de recuperación de las tierras requisadas o el incumplimiento de las condiciones asociadas a ellas; u otro motivo aprobado por el Consejo de Ministros. El artículo 18, apartado 2, permite que un acuerdo del inversor con la autoridad competente modifique estos motivos. El alcalde de la ciudad o del distrito presenta la solicitud al registrador jefe de títulos de propiedad con cinco años de informes y de cartas en las que se insta al propietario a explotar el terreno, debiendo las cartas de los dos últimos años recordarle su derecho a transmitirlo (artículo 19). El registrador jefe concede un preaviso de 90 días, que se anota en el registro de tierras (artículo 20). Durante el plazo de preaviso, el propietario puede vender o transmitir el terreno a alguien capaz de explotarlo, pero el contrato del comprador se resuelve automáticamente si no aprovecha el terreno en un plazo de dos años (artículo 21). A la resolución, el terreno se valora, su valor se paga al propietario previa deducción del coste de las obras y el terreno se inscribe a nombre del comprador (artículo 22).

La práctica y cómo se protegen los inversores

La experiencia sobre el terreno no siempre se ha ajustado a la ley. Un estudio de Transparency International de 2024, citado en el Investment Climate Statement de 2025 del Gobierno de los Estados Unidos, señalaba preavisos breves, que solo el 41,3 % de los afectados había sido informado con antelación y que la indemnización a menudo no reflejaba los precios de mercado vigentes. Esas conclusiones proceden de fuentes secundarias, pero explican por qué importan los plazos legales: el propietario que tiene preparados sus documentos y ya ha encargado la tasación a su propio tasador puede aprovechar los plazos de 7 y 10 días, mientras que quien espera no puede.

La protección práctica empieza mucho antes de cualquier notificación. Inscriba cada transmisión y cada edificación para que existan el título de propiedad y las pruebas que exige el artículo 26; conserve registros de las mejoras y de su coste; negocie, en cualquier acuerdo de inversión con el Estado, los motivos de resolución que el artículo 18, apartado 2, de la Orden de 2024 permite modificar, así como la base de indemnización en caso de expropiación; y anote en la agenda los plazos de 30, 15, 7 y 10 días en cuanto se publique un proyecto. Cuando la indemnización sea insuficiente, siguen abiertas la vía judicial del artículo 34 y, para los inversores extranjeros que cumplan los requisitos, los recursos previstos en los tratados; las impugnaciones de Derecho público se analizan en Litigios regulatorios, tributarios y de Derecho público.

El calendario legal conforme a la Ley n.º 32/2015

FasePlazoArtículo
El comité evalúa la pertinencia y consulta a la población30 días desde la solicitudArt. 11
El comité remite la decisión al órgano de aprobación15 días desde la reunión consultivaArt. 14
Aprobación por el consejo del distrito, el consejo de la ciudad, Orden Ministerial u Orden del Primer Ministro15 días desde la decisión del comitéArts. 9 y 15
Publicación en la radio, en la prensa y en las oficinas locales15 días desde la aprobaciónArt. 16
Solicitud de revisión de la decisión por el propietario30 días desde la publicación; respuesta en un plazo de 30 díasArt. 18
Revisión de la lista de personas que vayan a ser expropiadas15 días desde la publicación; decisión en un plazo de 7 días hábilesArt. 20
Valoración30 días, prorrogables por 15Art. 29
Aprobación y publicación del informe de valoración15 días desde su presentaciónArt. 31
Firma del informe por los propietarios conformesDe 7 a 21 días desde la publicaciónArt. 32
Oposición y contravaloración7 días para oponerse; contravaloración en un plazo de 10 díasArt. 33
Decisión del expropiante sobre la contravaloración; recurso ante los tribunales5 días hábiles; después, 15 días para acudir a los tribunalesArt. 34
Pago de la indemnización120 días desde la aprobación; de lo contrario, la expropiación queda sin efecto salvo acuerdoArt. 36
Traslado tras el pagoHasta 120 díasArt. 36
Pago tardío o desistimientoUn 5 % adicional de la indemnizaciónArt. 37

Cuando el anuncio de un proyecto afecta a su terreno

Lista de comprobación de actuación para el propietario o arrendatario cuya parcela figure en una decisión de expropiación publicada.

  • Anotar todos los plazosCuente 30 días para la revisión de la decisión y 15 días para la revisión de la lista, y prepárese para disponer de 7 días para oponerse y 10 días para una contravaloración una vez aprobado el informe de valoración.
  • Comprobar la listaConfirme que la sociedad, su parcela (por su UPI) y cada edificio y mejora figuran correctamente en la lista expuesta de titulares de derechos y de bienes.
  • Reunir las pruebasReúna el título de propiedad, las licencias de obra, la licencia de ocupación, las facturas de las mejoras y los documentos societarios, que el artículo 26 convierte en condición del pago.
  • Detener las nuevas obras a largo plazoLas obras iniciadas después de la publicación no se indemnizan (artículo 17); termine únicamente lo que proteja los bienes existentes.
  • Asistir a la valoraciónEnvíe a un representante autorizado a la medición y al inventario, y asegúrese de que el acta deje constancia de los asistentes y de los bienes inventariados (artículo 25).
  • Encargar pronto su propia tasaciónContrate a un tasador reconocido por el IRPV antes de que se publique el informe, para que la contravaloración pueda entregarse en un plazo de 10 días.
  • Implicar al prestamista y a los arrendatariosInforme al acreedor hipotecario, en cuya cuenta se ingresará el pago (artículo 38), y a los arrendatarios, cuyo acondicionamiento y traslado ya debería regular el contrato de arrendamiento.
  • Vigilar los 120 díasSi el pago no se realiza en un plazo de 120 días desde la aprobación, la expropiación queda sin efecto salvo que usted acepte continuar; cualquier acuerdo para continuar debería asegurar primero el 5 % (artículo 37).

Ejemplo práctico

Un almacén en el trazado de un ensanche de carretera

La filial ruandesa de un grupo logístico sudafricano es titular de un arrendamiento enfitéutico inscrito sobre una parcela de 5000 m² en Kigali con un almacén, hipotecada a favor de un banco ruandés. El consejo de la Ciudad de Kigali aprueba un ensanche de carretera. Todos los valores son ilustrativos.

Valoración del expropianteTerreno: 5000 m² x 60 000 RWF = 300 000 000 RWF; almacén y patio: 450 000 000 RWF; total de los bienes: 750 000 000 RWF.
Indemnización por perturbación5 % x 750 000 000 RWF = 37 500 000 RWF (artículo 28); oferta: 787 500 000 RWF.
OposiciónLa sociedad se opone por escrito el día 5 y entrega el día 14 (dentro de los 10 días siguientes a su solicitud) una contravaloración de un tasador reconocido por el IRPV de 900 000 000 RWF por los bienes; con el 5 %, 945 000 000 RWF.
Decisión del expropianteRechazo en un plazo de 5 días hábiles; se firma el acta de desacuerdo; la sociedad demanda en un plazo de 15 días.
Pago entretantoSe pagan 787 500 000 RWF en un plazo de 120 días desde la aprobación en la cuenta designada por el banco acreedor hipotecario (artículo 38), que los aplica al préstamo.
Si el pago se hubiera retrasadoLas partes acuerdan continuar: la Ciudad paga primero 5 % x 787 500 000 RWF = 39 375 000 RWF, y la prórroga no puede exceder de un año.
TrasladoLa sociedad dispone de hasta 120 días tras el pago para trasladarse; el arrendamiento con su arrendatario prevé la resolución y una parte de la indemnización por el acondicionamiento.

La demanda judicial versa sobre la diferencia de 157 500 000 RWF entre 945 000 000 RWF y 787 500 000 RWF.

Si la sociedad no hubiera respetado los plazos de 7 y 10 días, la valoración del expropiante habría quedado firme.

Preguntas de los inversores

¿Puede el Gobierno ruandés expropiar el terreno de un inversor extranjero?

Sí, pero solo por causa de interés público, mediante decisión de un órgano competente y previa justa indemnización. El artículo 10 del Código de Inversiones declara inviolable la propiedad privada y solo permite la expropiación con justa indemnización conforme a la ley, y la Ley n.º 32/2015 establece el procedimiento, la valoración a precio de mercado, el pago del 5 % por perturbación y el plazo de pago de 120 días.

¿Cómo se calcula en Ruanda la indemnización por expropiación?

Tasadores certificados por el Institute of Real Property Valuers valoran el terreno y los bienes situados sobre él según su superficie, naturaleza, ubicación y los precios de mercado vigentes, tomando como referencia la lista anual de valores, y añaden una indemnización por perturbación equivalente al 5 % del valor total de los bienes expropiados (artículos 22, 23 y 28 de la Ley n.º 32/2015).

¿Cómo puedo impugnar en Ruanda una valoración de expropiación?

Oponiéndose por escrito en un plazo de 7 días desde la aprobación del informe de valoración y obteniendo, a su costa y en un plazo de 10 días, una contravaloración de un tasador reconocido por el IRPV. El expropiante resuelve en un plazo de 5 días hábiles; si la rechaza, usted puede acudir a los tribunales en un plazo de 15 días desde la firma del acta de desacuerdo, y entretanto se le paga la cifra del expropiante (artículos 33 y 34).

¿Qué ocurre si la indemnización por expropiación no se paga a tiempo?

La indemnización debe pagarse en un plazo de 120 días desde la aprobación. Si no se paga, la expropiación queda nula y sin efecto salvo que las partes acuerden otra cosa; un acuerdo para continuar exige que el expropiante pague primero un 5 % adicional de la indemnización, y la prórroga no puede exceder de un año (artículos 36 y 37 de la Ley n.º 32/2015).

¿Pueden quitarme el terreno por no haberlo aprovechado?

No mediante expropiación, pero el contrato de tierras puede resolverse con arreglo a la Orden Ministerial n.º 002/MoE/24 cuando un suelo urbano urbanizado, en el que puedan concederse licencias de obra, no se haya explotado conforme al plan director durante cinco años consecutivos. El registrador jefe concede un preaviso de 90 días, el propietario puede vender durante ese plazo y, a la resolución, se paga el valor del terreno previa deducción del coste de las obras.

¿Quién recibe la indemnización si el terreno está hipotecado?

Cuando los bienes garantizan un préstamo de un banco o de una entidad financiera, el artículo 38 de la Ley n.º 32/2015 exige que la indemnización se ingrese en la cuenta que designe el prestamista. Por tanto, el prestamista la aplica primero a la deuda, y el prestatario debería implicar al banco desde el inicio de la valoración.

Términos que encontrará en los documentos

InglésKinyarwandaFrancésSignificado
Expropriation in the public interestkwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusangeexpropriation pour cause d'utilité publiqueLa privación de tierras y bienes por el Gobierno para una finalidad pública prevista en la ley, con justa indemnización previa (Ley n.º 32/2015).
Fair compensationingurane ikwiyejuste indemnisationPago a valor de mercado más un 5 % por perturbación, realizado antes del traslado (artículos 28 y 35 de la Ley n.º 32/2015).
Land valuationigenagaciro ry'ubutakaévaluation foncièreValoración realizada por tasadores certificados conforme a las leyes de tierras y de valoración, que sirve de base a la indemnización.
Land use and development master planigishushanyo mbonera cy'imikoreshereze n'imitunganyirize by'ubutakaschéma directeur d'utilisation et d'aménagement des terresEl plan vinculante cuya ejecución constituye en sí misma una actividad de interés público (artículo 5, apartado 21, de la Ley n.º 32/2015).
Temporary requisition—réquisition temporaireOcupación de tierras agrícolas o forestales ociosas de 5 hectáreas o más durante 3 o 10 años con arreglo a la Orden Ministerial n.º 002/MoE/24.
Termination of land ownership contract—résiliation du contrat de propriété foncièreExtinción del contrato de tierras de un titular, previo preaviso de 90 días, por incumplimiento o falta de uso (artículo 49 de la Ley de Tierras; artículos 18 a 22 de la Orden de 2024).
Registrar of land titlesumubitsi w'inyandikompamo z'ubutakaconservateur des titres fonciersEl funcionario que lleva el registro de tierras; el registrador jefe notifica el preaviso y declara la resolución.
Siguiente en este capítulo · 5.8Hipotecas, garantías y actividad inmobiliariaCómo constituyen y ejecutan los prestamistas hipotecas sobre terrenos y edificios en Ruanda, qué deben saber los prestamistas y prestatarios extranjeros, y las normas que rigen a los promotores, los intermediarios y los fondos inmobiliarios.Continuar →

En esta guía

Preguntas frecuentes de los inversores

Fuentes oficiales

¿Tiene alguna pregunta sobre su propia situación?

Pregunte a Rwandabot, el asistente de información jurídica de Be Rwanda Wise, basado en IA. Consulta las fuentes oficiales ruandesas y le remite a la norma aplicable. También puede leer cómo encontrar y comprobar un abogado en Ruanda.

Preguntar a Rwandabot sobre este temaEncontrar un abogado

Esta página ofrece información jurídica y fiscal, no asesoramiento jurídico. Los tipos, umbrales y procedimientos cambian; el contenido se revisa con las fuentes oficiales, pero antes de actuar confirme cualquier punto importante con la autoridad competente o con un abogado inscrito en la Rwanda Bar Association. Las leyes se publican en kinyarwanda, inglés y francés en el Diario Oficial; solo el texto publicado en el Diario Oficial es auténtico. La edición en español de esta guía está traducida de la edición en inglés.