Be Rwanda WiseHacer negocios en Ruanda

Capítulo 9 · Sección 9.3 de 8

La ley de arbitraje y el KIAC: la Ley n.º 005/2008 de arbitraje y conciliación en materia mercantil, el convenio arbitral y la remisión judicial, los tribunales arbitrales, las medidas cautelares y las órdenes preliminares, la sede, la lengua y el Derecho aplicable, la anulación ante el Commercial High Court (Tribunal Superior de lo Mercantil), el Kigali International Arbitration Centre y su Reglamento de 2012, los costes, la confidencialidad y la exclusividad del KIAC en los contratos públicos

Revisado el · Elaborado por un jurista mercantilista con más de 30 años de experiencia internacional · Información jurídica y fiscal, no asesoramiento jurídico · Cómo lo verificamos · Abrir en la aplicación

EnglishFrançaisDeutschDescargar el capítulo 9 en PDF

Lo esencial

La ley de arbitraje

El arbitraje con sede en Ruanda se rige por la Ley n.º 005/2008, de 14/02/2008, de arbitraje y conciliación en materia mercantil, publicada en el Diario Oficial de 06/03/2008 y en vigor desde su publicación. Nunca se ha modificado. La ley se aplica al arbitraje y a la conciliación comerciales internos e internacionales, sin perjuicio de otras leyes ruandesas conforme a las cuales determinadas controversias no pueden someterse a arbitraje (artículo 2). El artículo 3 define el arbitraje internacional en los términos de la Ley Modelo, por referencia a los establecimientos de las partes, la sede, el lugar de cumplimiento y el acuerdo de las partes. El texto sigue de cerca la Ley Modelo de la UNCITRAL, incluidas las disposiciones de 2006 sobre medidas cautelares y órdenes preliminares. Los profesionales informan de que se espera una revisión de la ley y del Reglamento del KIAC antes de 2027.

La función de los tribunales es limitada: ningún tribunal interviene en las materias reguladas por la ley salvo en los casos en que esta lo prevea (artículo 7). Las funciones de apoyo y control, como el nombramiento de árbitros, la resolución de recusaciones y la anulación de laudos, corresponden al tribunal competente, que para la legalidad de los laudos es el Commercial High Court (Tribunal Superior de lo Mercantil) conforme al artículo 82 de la Ley n.º 30/2018, de 02/06/2018, por la que se determina la competencia de los tribunales. El texto inglés de la Ley n.º 005/2008 es en algunos puntos una traducción imperfecta, que llama, por ejemplo, «apelación» o «casación» a la solicitud de anulación, por lo que conviene comparar las versiones en kinyarwanda y en francés del Diario Oficial en cualquier cuestión de detalle.

El convenio arbitral y los tribunales

El convenio arbitral es el acuerdo por el que se someten a arbitraje las controversias presentes o futuras respecto de una relación jurídica determinada, contractual o no; puede adoptar la forma de una cláusula de un contrato o de un acuerdo independiente (artículo 9). Debe constar por escrito, pero el concepto de escrito se define de forma amplia: un contenido registrado en cualquier forma, aunque el contrato se haya celebrado verbalmente o mediante actos concluyentes; una comunicación electrónica, incluidos el correo electrónico, el EDI, el télex o el telefax, si la información es accesible para su ulterior consulta; un intercambio de escritos de demanda y contestación en el que una parte alega la existencia de un convenio y la otra no la niega; y la referencia en un contrato a un documento que contenga una cláusula de arbitraje, si la referencia hace que la cláusula forme parte del contrato.

El tribunal arbitral puede decidir sobre su propia competencia, incluidas las excepciones relativas a la existencia o validez del convenio, y la cláusula se considera independiente del contrato principal, de modo que la declaración de nulidad del contrato no invalida por sí sola la cláusula (artículo 18). La excepción de incompetencia debe oponerse, a más tardar, en la contestación, y la excepción de que el tribunal arbitral se excede en su mandato, tan pronto como se plantee la cuestión. Cuando el tribunal arbitral se declara competente como cuestión previa, una parte puede solicitar, en un plazo de 30 días, una decisión sobre la cuestión que no es recurrible; el texto inglés remite esta solicitud al propio tribunal arbitral, y conviene contrastar este punto con las demás versiones lingüísticas. La parte que prosigue el arbitraje sin oponerse con prontitud al incumplimiento de una norma dispositiva o del convenio se considera que ha renunciado a objetar (artículo 6).

El tribunal que conozca de una controversia cubierta por un convenio arbitral debe remitirla al arbitraje si una parte lo solicita antes de presentar sus alegaciones sobre el fondo, salvo que el convenio sea nulo, ineficaz o de ejecución imposible (artículo 10), y el secretario judicial debe negarse a registrar una demanda cuando no se haya recurrido al arbitraje contractual (artículo 21 de la Ley n.º 22/2018). Litigar sobre el fondo sin oponer la excepción puede suponer la renuncia a la cláusula, como declaró el Tribunal de Apelación en Mukeramirimo Construction v Quality Construction (25 de mayo de 2023). Cuando el contrato de una parte declarada en quiebra contiene una cláusula de arbitraje, esta vincula al síndico si este asume el contrato; en otro caso, el tribunal de la quiebra puede ordenar que una cuestión se someta a arbitraje (artículo 52) (El sistema judicial y la elección de foro).

El tribunal arbitral, la sede y el procedimiento

Las partes eligen el número de árbitros, que debe ser impar; a falta de acuerdo, son tres (artículo 12). Nadie queda excluido por razón de su nacionalidad. A falta de un procedimiento pactado, cada parte nombra un árbitro y los dos así nombrados eligen al tercero; si una parte no nombra el suyo en un plazo de 15 días desde un requerimiento escrito, o los dos árbitros no se ponen de acuerdo en un plazo de 15 días desde su nombramiento, el tribunal judicial realiza el nombramiento a instancia de parte y, en el caso del árbitro único o del tercer árbitro, nombra a una persona de nacionalidad distinta de la de las partes; la decisión del tribunal no es recurrible (artículo 13). Los árbitros deben revelar las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia. La recusación se plantea ante el tribunal arbitral en un plazo de siete días desde que se conozca la constitución del tribunal arbitral o las circunstancias y, si se rechaza, ante el tribunal judicial en un plazo de 15 días, cuya decisión es definitiva (artículos 14 y 15).

A falta de acuerdo, el lugar del arbitraje se encuentra en Ruanda (artículo 32), aunque las audiencias y reuniones pueden celebrarse en otro lugar. El arbitraje se inicia el día en que el demandado recibe la solicitud de arbitraje, salvo pacto en contrario (artículo 33). Las partes eligen la lengua; en su defecto, decide el tribunal arbitral, que puede ordenar traducciones (artículo 34). El tribunal arbitral resuelve la controversia conforme a las normas jurídicas elegidas por las partes; a falta de elección, aplica el Derecho ruandés y los convenios internacionales ratificados por Ruanda, y solo decide ex aequo et bono si se le ha autorizado expresamente (artículo 40). A falta de acuerdo sobre el procedimiento, el tribunal arbitral dirige el arbitraje del modo que considere apropiado (artículo 31) y puede nombrar peritos y solicitar la asistencia del tribunal judicial para la práctica de pruebas (artículos 38 y 39). La ley no fija un plazo global.

El laudo se dicta por escrito, firmado, motivado salvo pacto en contrario de las partes, fechado e indicando la sede, donde se considera dictado (artículo 43). Un acuerdo transaccional puede recogerse en un laudo en los términos convenidos (artículo 42). En un plazo de 30 días desde su recepción, una parte puede pedir al tribunal arbitral que corrija errores, que interprete el laudo si así lo acordaron las partes o que dicte un laudo adicional sobre pretensiones omitidas; de forma poco habitual, una parte también puede pedir al tribunal arbitral que revise el laudo en un plazo de 30 días cuando parezca haberse obtenido mediante fraude o con documentos o testimonios falsos, y el tribunal arbitral resuelve en un plazo de 15 días (artículo 45).

Medidas cautelares y órdenes preliminares

Salvo pacto en contrario, el tribunal arbitral puede otorgar medidas cautelares para mantener o restablecer el statu quo, para impedir o hacer cesar actos que puedan causar un daño inminente o menoscabar el arbitraje, para preservar bienes con los que pueda ejecutarse el laudo o para preservar pruebas (artículo 19). El solicitante debe demostrar un probable daño no reparable adecuadamente mediante una indemnización, que supere sustancialmente el perjuicio para la otra parte, y una posibilidad razonable de éxito (artículo 20); el tribunal arbitral puede exigir una garantía, y el solicitante responde si la medida no debió otorgarse (artículos 27 y 29).

Una parte también puede solicitar, sin dar aviso a la otra, una orden preliminar que ordene a la otra parte no frustrar la medida solicitada (artículo 24). El tribunal arbitral debe entonces informar a la otra parte y oírla en la primera ocasión posible, y la orden preliminar expira a los 15 días, salvo que se convierta en una medida cautelar (artículo 25). La medida cautelar dictada por un tribunal arbitral se reconoce como vinculante y se ejecuta previa solicitud ante el tribunal judicial competente, con independencia del país en que se haya dictado, con sujeción a la reciprocidad respecto de las medidas de tribunales arbitrales ruandeses, y solo puede denegarse por los motivos limitados del artículo 22 (artículo 21). Con independencia de ello, una parte puede solicitar al tribunal judicial medidas cautelares antes o durante el arbitraje sin incumplir el convenio (artículos 11 y 23); en KZ Noir v Kubwimana (2014), el Commercial High Court (Tribunal Superior de lo Mercantil) otorgó tales medidas. El procedimiento sumario, el bloqueo de la transmisión de terrenos y el embargo mercantil descritos en El litigio mercantil paso a paso pueden utilizarse en apoyo del arbitraje.

La anulación del laudo

El laudo dictado en Ruanda solo puede anularse si el solicitante prueba que una parte carecía de capacidad o que el convenio no es válido conforme a la ley elegida por las partes o, a falta de elección, conforme al Derecho ruandés; que no fue debidamente notificado del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones o no pudo, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; que el laudo se refiere a cuestiones no sometidas al arbitraje (en cuyo caso solo se anula la parte separable); o que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento no se ajustaron al acuerdo de las partes o, a falta de acuerdo, a la ley; o si el tribunal judicial comprueba que el objeto de la controversia no es arbitrable conforme al Derecho ruandés o que el laudo es contrario a la seguridad pública de la República de Ruanda (artículo 47). Este último motivo está formulado de forma distinta del «orden público» de la Ley Modelo, expresión que la ley emplea para los laudos extranjeros en el artículo 51; la jurisprudencia publicada no ha determinado en qué medida la redacción más restrictiva limita el control.

La solicitud debe presentarse en un plazo de 30 días desde la fecha en que el solicitante recibió la notificación del laudo o, tras una solicitud de corrección, interpretación o revisión conforme al artículo 45, de la decisión del tribunal arbitral sobre dicha solicitud (artículo 48). El tribunal judicial puede suspender las actuaciones para dar al tribunal arbitral la oportunidad de reanudar el arbitraje o de adoptar cualquier otra medida que elimine los motivos de anulación (artículo 49). De la solicitud conoce el Commercial High Court (Tribunal Superior de lo Mercantil), que examina la legalidad de los laudos, y su sentencia sobre la solicitud no es recurrible (artículo 82 de la Ley n.º 30/2018).

El Tribunal Supremo resolvió varias impugnaciones planteadas antes de la entrada en vigor de la Ley n.º 30/2018. En Yari Cornacchia v Nsanawe (26 de febrero de 2016) confirmó un laudo y declaró que el incumplimiento de un plazo procesal fijado para una parte no es un motivo del artículo 47; en Soras v Tromea (21 de octubre de 2016) confirmó un laudo y declaró que no era aplicable el principio de que el proceso penal suspende el civil; y en ECU v Royal Haskoning DHV (7 de diciembre de 2018) declaró que la infracción del procedimiento pactado por las partes es causa de nulidad. Las resoluciones de 2016 se dictaron en apelación antes de que se aplicara la norma vigente que excluye la apelación contra las resoluciones del Commercial High Court (Tribunal Superior de lo Mercantil), y no se ha encontrado ninguna resolución posterior que confirme esa exclusión en la práctica; aun así, las partes deberían contar con una única impugnación. En ERJB v Uwamariya (14 de diciembre de 2021) se resolvió que la demanda para obligar a una autoridad pública a cumplir un laudo correspondía al tribunal mercantil.

El KIAC como institución

El Kigali International Arbitration Centre (KIAC) fue creado por la Ley n.º 51/2010, de 10/01/2010, por la que se crea el Kigali International Arbitration Centre y se determinan su organización, funcionamiento y competencias, publicada en el Diario Oficial n.º 09 bis, de 28/02/2011. Tiene personalidad jurídica y autonomía financiera y administrativa, tiene su sede en Kigali y puede abrir sucursales en el extranjero (artículo 3). Entre sus funciones figuran ofrecer un foro para el arbitraje y otros métodos alternativos de resolución de conflictos, acreditar a árbitros y mediadores y asesorar al Gobierno en materia de arbitraje (artículo 4), y, con el acuerdo de las partes, puede recurrir a la mediación, la conciliación u otros métodos antes o durante un arbitraje (artículo 17). Lo gobierna un consejo de siete miembros, seis nombrados por la Rwanda Private Sector Federation y uno por el ministro competente en materia de justicia, por mandatos de seis años renovables una vez (artículos 7 y 8), y lo dirige un secretario general.

El artículo 5 establece que el KIAC «es el único organismo competente para el arbitraje en materias relacionadas con el comercio en Ruanda». La disposición no afirma que el arbitraje fuera del KIAC sea inválido, la Ley n.º 005/2008 prevé arbitrajes sin institución alguna, con árbitros nombrados por las partes o por el tribunal judicial, y la prohibición expresa del arbitraje ad hoc se aplica a los contratos públicos. El KIAC comenzó a funcionar en mayo de 2012. La doctrina profesional da cuenta de más de 230 asuntos administrados, en torno al 60 % de ellos internos, con entre 20 y 25 asuntos nuevos al año desde 2017, de un acuerdo de cooperación con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI/ICSID) firmado en abril de 2019 y de un sistema de gestión de asuntos en línea puesto en marcha en abril de 2025. No ha sido posible consultar el sitio web del KIAC para esta guía, por lo que sus tablas de honorarios vigentes, su reglamento de mediación, su lista de árbitros y su cláusula modelo deben comprobarse directamente con el Centro.

El Reglamento del KIAC de 2012

Los arbitrajes del KIAC se rigen por el Reglamento del KIAC, contenido en la Orden Ministerial n.º 16/012, de 15/05/2012, por la que se establece el reglamento de arbitraje del Kigali International Arbitration Center (KIAC), publicada en el Diario Oficial n.º 22 bis, de 28/05/2012, que el comentario de Liedekerke describe como inspirado en el Reglamento de la ICC y en el Reglamento de la UNCITRAL. El demandante presenta ante la Secretaría una solicitud que contiene los datos de las partes, el convenio arbitral, el contrato, un resumen de la controversia y de lo que se pide con los importes reclamados, y propuestas sobre el número de árbitros, la sede, el Derecho aplicable y la lengua, junto con la tasa de registro; el arbitraje se inicia cuando se recibe una solicitud completa, y la Secretaría la remite al demandado en un plazo de cinco días (artículo 5). El demandado contesta en un plazo de 14 días (artículo 6). El Reglamento regula la intervención de terceros, las demandas entre múltiples partes, las demandas basadas en varios contratos y la acumulación (artículos 8 a 11).

El tribunal arbitral está formado por un árbitro único o tres árbitros. Si las partes no han acordado el número, el Centro nombra un árbitro único, salvo que considere que la controversia justifica tres, en cuyo caso cada parte designa el suyo en un plazo de 15 días (artículo 12). Las partes pueden designar conjuntamente un árbitro único en un plazo de 15 días; en su defecto, lo nombra el Centro (artículo 13); en un tribunal de tres miembros, cada parte designa uno en la solicitud y en la contestación y, salvo que las partes acuerden otro método, el Centro nombra al presidente (artículo 14). A falta de acuerdo, la sede la fija el Centro, salvo que el tribunal arbitral determine que procede otra sede (artículo 23); el tribunal arbitral decide la lengua teniendo en cuenta la del contrato (artículo 26) y, a falta de elección del Derecho aplicable, aplica las normas jurídicas que considere apropiadas, teniendo en cuenta el contrato y los usos mercantiles (artículo 27). El tribunal arbitral elabora un acta de misión (artículo 29) y puede ordenar medidas provisionales o cautelares, si bien una parte puede seguir solicitando medidas judiciales antes de que el expediente llegue al tribunal arbitral (artículo 33). La parte que necesite medidas urgentes antes de la constitución del tribunal arbitral puede acudir a un árbitro de emergencia conforme al anexo II, cuya orden vincula a las partes, pero no al tribunal arbitral; las partes pueden excluir esta posibilidad (artículo 34).

Una vez cerrado el procedimiento, el tribunal arbitral debe presentar un proyecto de laudo a la Secretaría en un plazo de 45 días; la Secretaría puede proponer modificaciones de forma y llamar la atención sobre cuestiones de fondo, y «no se emitirá ningún laudo sin la aprobación de su forma por el secretario general» (artículo 38). El laudo se notifica una vez pagadas íntegramente las costas, es definitivo y vinculante desde la fecha en que se dicta y, al aceptar el Reglamento, las partes renuncian a cualquier recurso en la medida en que dicha renuncia pueda hacerse válidamente (artículo 39), lo que conforme al Derecho ruandés no excluye la solicitud de anulación del artículo 47. Las correcciones e interpretaciones se solicitan en un plazo de 15 días (artículo 40). Las partes y el tribunal arbitral deben mantener la confidencialidad del procedimiento y del laudo, salvo para ejecutar o impugnar el laudo, en virtud de una orden judicial, para hacer valer un derecho, cuando lo exija la ley o un regulador, o con autorización del tribunal arbitral (artículo 48).

Costes, confidencialidad y contratos públicos

Conforme al Reglamento del KIAC, el demandante abona una tasa de registro de 250 USD, no reembolsable, y el demandado abona la misma cantidad al presentar una reconvención (artículo 43). Los gastos administrativos del Centro se calculan sobre la cuantía total en litigio, incluidas las reconvenciones y compensaciones, conforme a la tabla 1 del anexo I, con un máximo de 23 000 USD (artículo 44). Los honorarios de los árbitros son una cantidad fija de la tabla 2 cuando la cuantía en litigio no supera 3 000 000 USD, y se calculan según la escala de la tabla 3 por encima de ese importe (artículo 45); el Centro puede modificarlos hasta en un 20 % en circunstancias excepcionales. El Centro fija una provisión de fondos pagadera a partes iguales y, si una parte no paga, la otra puede abonar su parte; en otro caso, las pretensiones pueden considerarse retiradas tras un plazo de al menos 15 días (artículo 41). Las costas del arbitraje comprenden los honorarios de los árbitros y del Centro, los peritos del tribunal arbitral y los gastos jurídicos y de otro tipo razonables de las partes, y el tribunal arbitral los distribuye teniendo en cuenta la eficiencia con que cada parte ha conducido el asunto (artículo 42).

Para los arbitrajes fuera del KIAC, la regla legal es distinta: el tribunal arbitral fija las costas, definidas como los honorarios de los árbitros, los testigos y peritos solicitados por el tribunal arbitral y los demás gastos del procedimiento, que se soportan por partes iguales salvo que el laudo disponga otra cosa, mientras que «todos los demás gastos en que incurra una parte correrán a cargo de esa parte» (artículo 65 de la Ley n.º 005/2008). Por ello, una cláusula ad hoc debería establecer expresamente que el tribunal arbitral puede condenar al pago de los gastos jurídicos de una parte. En cuanto a la confidencialidad, el artículo 58 de la Ley n.º 005/2008 solo la impone en la conciliación; la doctrina discrepa sobre si el arbitraje conforme a la ley es confidencial por defecto, por lo que las partes deberían basarse en el Reglamento del KIAC o en una cláusula expresa.

Los organismos públicos están sujetos a las Instrucciones Ministeriales n.º 612/08.11, de 16/04/2014, por las que se establecen las modalidades de redacción, negociación, solicitud de dictámenes, firma y gestión de contratos, modificadas en 2015 y 2020. El artículo 14, no afectado por las modificaciones, dispone que «no se permite el arbitraje ad hoc» y que «ningún funcionario público podrá aplicar cláusula de arbitraje internacional alguna salvo las cláusulas relativas al Kigali International Arbitration Center (KIAC)»; si la otra parte no está de acuerdo, decide o negocia el ministro de Justicia y Attorney General. La cláusula modelo anexa a las Instrucciones prevé que las controversias no resueltas amistosamente o mediante mediación se resuelvan por arbitraje conforme al Reglamento del KIAC, debiendo elegirse el número de árbitros, la sede y la lengua. Las mismas Instrucciones contienen también cláusulas modelo para el arbitraje conforme al Reglamento de Arbitraje de la UNCITRAL (artículo 19) y conforme al reglamento de arbitraje del Tribunal de Justicia de África Oriental (artículo 20), sin explicar cómo encajan con el artículo 14; en la práctica, el inversor debe esperar la cláusula KIAC, y la solicitud de cualquier otro foro se remitirá al ministro de Justicia y Attorney General conforme al último párrafo del artículo 14. Si fracasa la solución amistosa, la institución pública solicita por escrito al ministro de Justicia y Attorney General que nombre a su árbitro (artículo 23). El inversor que contrate con un ministerio, una agencia o una institución pública debe contar con esa cláusula y negociar dentro de ella la sede, la lengua y los tres árbitros (Garantías de inversión, tratados y obligaciones de información).

Cómo se desarrolla un arbitraje del KIAC

  1. Trámites previos al arbitrajeCumpla y documente cualquier trámite contractual de negociación o mediación; el Tribunal Supremo exigió su cumplimiento en Cheon Kwang v Government of Rwanda (2017).
  2. SolicitudPresente ante la Secretaría el convenio, un resumen de la demanda con los importes y propuestas sobre el tribunal arbitral, la sede, el Derecho aplicable y la lengua, junto con 250 USD. El asunto se inicia con la recepción de una solicitud completa.
  3. ContestaciónSe remite al demandado en un plazo de cinco días; contestación y, en su caso, reconvención (250 USD) en un plazo de 14 días.
  4. Tribunal arbitralÁrbitro único por defecto; en un tribunal de tres miembros, el KIAC nombra al presidente salvo pacto en contrario.
  5. Provisión de fondos y acta de misiónProvisión pagada a partes iguales; acta de misión y calendario. Medidas urgentes del árbitro de emergencia o del tribunal judicial.
  6. VistaEscritos, documentos, testigos y peritos; audiencias presenciales o a distancia.
  7. Proyecto de laudo y examen previoProyecto en un plazo de 45 días desde el cierre; el secretario general aprueba su forma.
  8. Laudo e impugnaciónSe notifica una vez pagadas las costas; solicitud de anulación ante el Commercial High Court (Tribunal Superior de lo Mercantil) en un plazo de 30 días, sin ulterior recurso; en otro caso, ejecución.

Arbitraje con sede en Ruanda: las cifras (octubre de 2026)

ConceptoNormaFuente
Forma del convenioPor escrito; la comunicación electrónica es válidaLey n.º 005/2008, artículo 9
Número supletorio de árbitrosTres (ley); árbitro único salvo que el KIAC decida que sean tres (Reglamento del KIAC)Artículo 12; Reglamento del KIAC, artículo 12
Recusación de un árbitro7 días ante el tribunal arbitral; 15 días ante el tribunal judicial si se rechazaArtículos 14 y 15
Sede supletoriaRuanda (ley); la fija el KIAC (Reglamento del KIAC)Artículo 32; Reglamento del KIAC, artículo 23
Derecho aplicable supletorioDerecho ruandés y convenios ratificados (ley); las normas que determine el tribunal arbitral (Reglamento del KIAC)Artículo 40; Reglamento del KIAC, artículo 27
Corrección, interpretación, revisión por fraude30 días (ley); 15 días para la corrección y la interpretación (Reglamento del KIAC)Artículo 45; Reglamento del KIAC, artículo 40
Solicitud de anulación30 días desde la notificación; Commercial High Court (Tribunal Superior de lo Mercantil); sin recursoArtículos 47 y 48; Ley n.º 30/2018, artículo 82
Contestación a la solicitud ante el KIAC14 díasReglamento del KIAC, artículo 6
Proyecto de laudo en el KIAC45 días desde el cierre; aprobación de la forma por el secretario generalReglamento del KIAC, artículo 38
Tasas del KIAC (2012)Registro 250 USD; gastos administrativos ad valorem, máximo 23 000 USD; honorarios de los árbitros a tanto alzado hasta 3 000 000 USD, por escala por encima de esa cifraReglamento del KIAC, artículos 43 a 45
Contratos públicosSolo el KIAC; no cabe el arbitraje ad hocInstrucciones n.º 612/08.11, artículo 14

Ejemplo práctico

Una reclamación de obra ante el KIAC y una solicitud de anulación

Un contratista ruandés de capital turco reclama 1 200 000 USD a un promotor privado ruandés por modificaciones de obra impagadas. El contrato prevé arbitraje del KIAC, tres árbitros, sede en Kigali, lengua inglesa y Derecho ruandés. Fechas y cifras ilustrativas; los gastos administrativos y los honorarios de los árbitros dependen de las tablas vigentes del KIAC.

Día 0El contratista presenta su solicitud ante el KIAC y paga la tasa de registro de 250 USD; la solicitud está completa y el arbitraje se inicia ese mismo día.
Día 5La secretaría remite la solicitud al promotor, que contesta a más tardar el día 19 con una reconvención de 300 000 USD por retraso y paga 250 USD.
Cuantía en litigio1 200 000 USD + 300 000 USD = 1 500 000 USD, por debajo de 3 000 000 USD, de modo que los honorarios de los árbitros son una cantidad a tanto alzado conforme a la tabla 2; los gastos administrativos del Centro no pueden superar 23 000 USD.
Provisión de fondos para costasEl KIAC fija provisiones separadas para la demanda y la reconvención; suponiendo una provisión total ilustrativa de 90 000 USD, la parte de cada lado depende del importe de su propia pretensión.
Mes 4El contratista se entera de que el promotor está vendiendo su único otro inmueble y pide al tribunal, al amparo del artículo 11 de la Ley n.º 005/2008, que lo sujete a garantía mediante el procedimiento sumario; la resolución se dicta en las 48 horas siguientes a la vista (artículos 186 y 212 de la Ley n.º 22/2018).
Mes 11Se cierra la vista; el proyecto de laudo se entrega a la secretaría en un plazo de 45 días; el secretario general aprueba su forma.
Mes 13Laudo: 1 050 000 USD a favor del contratista, desestimación de la reconvención y costas jurídicas razonables conforme al artículo 42 del Reglamento del KIAC.
Mes 14El promotor presenta una solicitud ante el Commercial High Court (Tribunal Superior de lo Mercantil) en un plazo de 30 días alegando que el tribunal arbitral ignoró pruebas; el Commercial High Court desestima la solicitud porque los motivos del artículo 47 no incluyen los errores de hecho o de Derecho. No cabe recurso.

Si el promotor hubiera sido una institución pública, el contrato habría tenido que prever en todo caso el arbitraje del KIAC conforme a las Instrucciones n.º 612/08.11.

La ejecución del laudo sigue el procedimiento ante el agente judicial de ejecución descrito en Ejecución de sentencias nacionales y extranjeras.

Preguntas de los inversores

¿Cómo se impugna un laudo arbitral dictado en Ruanda?

Presente una solicitud ante el Commercial High Court (Tribunal Superior de lo Mercantil) en un plazo de 30 días desde la notificación del laudo, por los motivos del artículo 47 de la Ley n.º 005/2008, como la invalidez del convenio, la falta de notificación, el exceso en el mandato, el procedimiento irregular, la inarbitrabilidad o la contradicción con la seguridad pública de Ruanda. La sentencia del tribunal no es susceptible de recurso de apelación conforme al artículo 82 de la Ley n.º 30/2018.

¿Cuánto cuesta un arbitraje del KIAC?

Conforme al Reglamento del KIAC de 2012, una tasa de registro de 250 USD, unos gastos administrativos calculados sobre la cuantía en litigio con un máximo de 23 000 USD y unos honorarios de los árbitros a tanto alzado hasta 3 000 000 USD en litigio y por escala por encima de esa cifra, además de las costas jurídicas de cada parte, que el tribunal arbitral puede imponer a la otra. Compruebe las tablas vigentes con el KIAC.

¿Puede un organismo público ruandés pactar un arbitraje de la ICC o del SIAC?

No, conforme al artículo 14 de las Instrucciones Ministeriales n.º 612/08.11, de 16/04/2014, que prohíbe el arbitraje ad hoc en los contratos públicos y solo permite a los funcionarios pactar cláusulas de arbitraje internacional que remitan al KIAC; si la contraparte no está de acuerdo, el ministro de Justicia decide o negocia. Un inversor protegido por un tratado puede, no obstante, conservar derechos propios al arbitraje en virtud del tratado.

¿Es confidencial el arbitraje en Ruanda?

Conforme al Reglamento del KIAC, sí: el artículo 48 impone la confidencialidad a las partes y al tribunal arbitral, con excepciones para la ejecución o la impugnación, las órdenes judiciales y las exigencias legales y regulatorias. La Ley n.º 005/2008 solo impone expresamente la confidencialidad en la conciliación, y la doctrina discrepa respecto del arbitraje en general, por lo que las cláusulas ad hoc deberían establecerla expresamente.

¿Ofrece el KIAC un árbitro de emergencia?

Sí. El artículo 34 del Reglamento del KIAC de 2012 permite a una parte solicitar medidas cautelares urgentes a un árbitro de emergencia conforme al anexo II antes de que se constituya el tribunal arbitral, salvo que las partes lo hayan excluido. La orden vincula a las partes, pero no al tribunal arbitral, y una parte también puede solicitar medidas cautelares a un tribunal ruandés conforme al artículo 11 de la Ley n.º 005/2008.

Términos que encontrará en los documentos

InglésKinyarwandaFrancésSignificado
ArbitrationUbukemurampakaArbitrageResolución vinculante de una controversia por uno o varios árbitros conforme a la Ley n.º 005/2008.
ArbitratorUmukemurampakaArbitrePersona designada por las partes, el KIAC o el tribunal para resolver la controversia.
Arbitration agreementAmasezerano y'ubukemurampakaConvention d'arbitrageCláusula o acuerdo escrito por el que se someten controversias a arbitraje (artículo 9).
Arbitral award—Sentence arbitraleDecisión del tribunal arbitral, definitiva y vinculante, que solo puede impugnarse mediante la anulación (artículos 43 y 47).
Kigali International Arbitration Centre (KIAC)Ikigo Mpuzamahanga cy'Ubukemurampaka cya KigaliCentre International d'Arbitrage de KigaliLa institución arbitral creada por la Ley n.º 51/2010.
Request for arbitrationIsaba ry'ubukemurampakaDemande d'arbitrageEl escrito del demandante que inicia un arbitraje del KIAC (Reglamento del KIAC, artículo 5).
Terms of referenceInyandiko y'ubutumwaActe de missionEl documento, elaborado por el tribunal arbitral, que define las pretensiones de las partes y las cuestiones controvertidas (Reglamento del KIAC, artículo 29).
Emergency arbitratorUmukemurampaka wihutirwaArbitre d'urgenceÁrbitro designado por el KIAC que concede medidas urgentes antes de la constitución del tribunal arbitral (Reglamento del KIAC, artículo 34).
Advance on costs—Avance sur les frais d'arbitrageLa provisión de fondos fijada por el KIAC para cubrir los honorarios de los árbitros y los gastos administrativos, que se abona por partes iguales (Reglamento del KIAC, artículo 41).
ConfidentialityKugira ibangaConfidentialitéLa obligación, establecida en el Reglamento del KIAC, de mantener la confidencialidad del procedimiento y del laudo (artículo 48).
Siguiente en este capítulo · 9.4Arbitraje extranjero y ejecución de laudosCuándo tiene sentido una sede extranjera para una operación ruandesa, cómo se reconoce y ejecuta sobre bienes situados en Ruanda un laudo dictado en el extranjero, qué puede denegar el tribunal, las cuestiones que la ley deja abiertas y cómo se ejecuta finalmente el laudo.Continuar →

En esta guía

Preguntas frecuentes de los inversores

Fuentes oficiales

¿Tiene alguna pregunta sobre su propia situación?

Pregunte a Rwandabot, el asistente de información jurídica de Be Rwanda Wise, basado en IA. Consulta las fuentes oficiales ruandesas y le remite a la norma aplicable. También puede leer cómo encontrar y comprobar un abogado en Ruanda.

Preguntar a Rwandabot sobre este temaEncontrar un abogado

Esta página ofrece información jurídica y fiscal, no asesoramiento jurídico. Los tipos, umbrales y procedimientos cambian; el contenido se revisa con las fuentes oficiales, pero antes de actuar confirme cualquier punto importante con la autoridad competente o con un abogado inscrito en la Rwanda Bar Association. Las leyes se publican en kinyarwanda, inglés y francés en el Diario Oficial; solo el texto publicado en el Diario Oficial es auténtico. La edición en español de esta guía está traducida de la edición en inglés.