Capítulo 2 · Sección 2.8 de 8
Contratos mercantiles en Ruanda: la Ley n.º 45/2011 sobre formación, forma escrita y contraprestación, firma electrónica, imposibilidad y fuerza mayor, indemnizaciones pactadas y cláusulas penales, límites derivados del consumo y la competencia, normas sobre moneda, ley aplicable y cláusulas de resolución de controversias
Lo esencial
- La Ley n.º 45/2011, de 25/11/2011, que regula los contratos, publicada en el Diario Oficial n.º 04bis, de 23/01/2012, es la ley general de contratos de Ruanda; derogó el Título Primero del Decreto de 30/07/1888, que, con arreglo a su artículo 162, sigue vigente para las obligaciones extracontractuales, los contratos especiales, la responsabilidad civil y la prescripción mientras no se dicten leyes específicas.
- Un contrato requiere consentimiento mutuo, capacidad, objeto y causa lícita (artículo 4); los contratos cuya ejecución exceda de un año, los contratos que afecten a bienes inmuebles, las fianzas, las compraventas de mercancías por más de 50 000 FRW y las compraventas de valores deben constar por escrito a efectos de prueba (artículo 42).
- Las indemnizaciones contractuales pactadas son exigibles por un importe razonable basado en el perjuicio real o potencial, pero una cláusula que fije una indemnización excesiva es inexigible por tener carácter penal (artículo 146); solo cabe una indemnización punitiva cuando el incumplimiento constituye una infracción penal (artículo 145), y una cláusula de indemnización no excluye el cumplimiento específico (artículo 151).
- La imposibilidad de cumplimiento por fuerza mayor, por desaparición del objeto o por la observancia de una nueva norma extingue la obligación, salvo que las circunstancias indiquen otra cosa (artículos 92 a 97).
- La firma electrónica tiene el mismo valor probatorio que cualquier otra prueba con arreglo a la Ley n.º 062/2024, de 20/06/2024, que regula la prueba (artículo 42); los contratos celebrados mediante mensajes electrónicos son válidos con arreglo a la Ley n.º 24/2016, de 18/06/2016, que regula las tecnologías de la información y la comunicación (artículo 158), y las cláusulas perjudiciales para los consumidores, la imposición de precios mínimos de reventa y las prohibiciones de venta en línea están prohibidas por la Ley n.º 011/2026, de 26/02/2026, relativa a la competencia y la protección del consumidor (artículos 5 y 24).
La ley y lo que dejó en vigor
La ley general de contratos de Ruanda es la Ley n.º 45/2011, de 25/11/2011, que regula los contratos, publicada en el Diario Oficial n.º 04bis, de 23/01/2012, y en vigor desde su publicación (artículo 165). Derogó el Título Primero del Decreto de 30/07/1888 relativo a los contratos u obligaciones convencionales y todas las disposiciones contrarias (artículo 164). La Ley se redactó en inglés y se adoptó en kinyarwanda (artículo 163), y su terminología de oferta, aceptación, contraprestación (consideration), declaraciones falsas (misrepresentation) e influencia indebida (undue influence) resultará familiar a los juristas del common law, aunque el Derecho privado ruandés en su conjunto tiene raíces de tradición civilista y el texto del Diario Oficial se publica en kinyarwanda, inglés y francés en paralelo. Sigue en vigor y no ha sido sustituida; la recopilación de leyes vigentes de la Rwanda Law Reform Commission la incluye como vigente en octubre de 2026.
El Decreto de 1888 no ha desaparecido por completo. El artículo 162 dispone que sigue vigente para las obligaciones que nacen sin convenio, los contratos especiales, la responsabilidad civil y la prescripción mientras no se publiquen leyes específicas que regulen esas materias. El texto inglés dice «no contractual obligations», pero las versiones francesa («les engagements qui se forment sans convention») y kinyarwanda muestran que se refiere a las obligaciones extracontractuales. Ruanda cuenta con leyes específicas para algunos contratos, como el de trabajo (Ley n.º 66/2018, de 30/08/2018, que regula el trabajo en Ruanda), los relativos a tierras y arrendamientos, el seguro y la contratación pública, pero no se ha encontrado ninguna para la agencia comercial, la distribución o la franquicia, por lo que estas se rigen por la Ley n.º 45/2011, por las partes subsistentes del Decreto de 1888 y por lo que las partes estipulen por escrito. Lo mismo ocurre con los plazos de prescripción de las acciones contractuales: dependen en parte del Decreto de 1888 a través del artículo 162, y esta guía no ha verificado un plazo general, por lo que quien tenga una reclamación debería actuar con prontitud y obtener asesoramiento local sobre el plazo aplicable.
Formación: consentimiento, capacidad, objeto, causa y contraprestación
El artículo 4 enumera los requisitos generales para la formación de un contrato: consentimiento mutuo, capacidad para contratar, objeto y causa lícita. Debe haber al menos dos partes (artículo 5). El consentimiento se alcanza mediante oferta y aceptación (artículos 8 a 32): la oferta debe ser suficientemente precisa en sus términos (artículo 13), caduca al término del plazo fijado o de un plazo razonable (artículos 14 y 18), puede retirarse antes de la aceptación (artículo 19) y se acepta por cualquier medio razonable, incluido el teléfono u otros medios de comunicación instantánea (artículos 23, 30 y 31). El silencio solo equivale a aceptación en los casos que enumera la Ley (artículo 32), por lo que las condiciones generales de un proveedor enviadas junto con un albarán de entrega no vinculan al comprador que simplemente guarda silencio.
La Ley exige también una contraprestación (consideration) (artículo 33), en el sentido del common law de algo que se da a cambio de la promesa. No obstante, una promesa sin contraprestación es vinculante si consta por escrito y firmada, el documento se entrega al destinatario de la promesa, y tanto el promitente como el destinatario figuran en él con su nombre o quedan identificados de otro modo (artículo 41). Por ello, las cartas de patrocinio (comfort letters), los compromisos de la sociedad matriz y las renuncias gratuitas deberían formalizarse por escrito, firmarse y entregarse en esa forma. Un contrato puede anularse por error de ambas partes o, en supuestos más restringidos, de una de ellas, por declaraciones falsas, por violencia o intimidación y por influencia indebida (artículos 46 a 57). Con arreglo al artículo 73, la parte perjudicada por lesión, es decir, un desequilibrio grave existente en el momento de celebrarse el contrato, puede pedir al tribunal que ordene el no cumplimiento del contrato o que ejecute el resto de él sin las cláusulas abusivas.
Forma escrita, firma y formalización notarial
La mayoría de los contratos mercantiles son válidos sin forma especial, pero el artículo 42 exige que cinco tipos de contratos regulados por la Ley consten por escrito a efectos de prueba: el contrato cuya ejecución dure más de un año; el contrato que afecte a bienes inmuebles; la fianza; el contrato de compraventa de mercancías por un precio superior a 50 000 FRW; y el contrato de compraventa de valores. Otras leyes pueden añadir más tipos. El escrito no tiene por qué ser un contrato formal: un documento firmado que indique la prestación constituye prueba suficiente (artículo 43); un escrito firmado solo por algunas de las partes vincula a quienes lo firmaron (artículo 44); y puede otorgarse antes o después de la formación del contrato (artículo 45). Dado que la compraventa de mercancías por más de 50 000 FRW es un umbral muy bajo, un pedido escrito y una aceptación firmada deberían considerarse el mínimo en toda compraventa mercantil.
En el caso de una sociedad, el artículo 47 de la Ley n.º 007/2021, de 05/02/2021, que regula las sociedades, determina quién firma. Una obligación que la ley exige contraer por escrito se contrae mediante documento firmado en nombre de la sociedad por dos o más administradores en una sociedad pública; por un administrador, por el secretario de la sociedad o por ambos; por el administrador único de una sociedad privada; por cualquier otro administrador o persona que autoricen los documentos de constitución; o por un apoderado designado con arreglo a la Ley. Cualquier otra obligación puede contraerse por una persona que actúe con autorización expresa o tácita. La norma se aplica tanto si el contrato se celebra en Ruanda como en el extranjero y cualquiera que sea la ley que lo rija, y una sociedad también puede facultar por escrito a un fiduciario (nominee) para firmar en su nombre (artículo 48). La precaución habitual consiste en pedir a la contraparte ruandesa un acuerdo del consejo de administración o un poder, y cotejarlo con la lista de administradores que figura en el registro del RDB (Administradores y secretario de la sociedad).
La formalización notarial es necesaria cuando una ley específica la exige, sobre todo en las operaciones sobre bienes inmuebles, que además pasan por el registro de la propiedad (Arrendamientos comerciales, oficinas y vivienda). La ley notarial, Ley n.º 13bis/2014, de 21/05/2014, modificada por la Ley n.º 017/2023, de 30/03/2023, junto con la Orden Ministerial n.º 002/MOJ/AG/23, de 22/06/2023, permite que haya notarios privados y servicios notariales electrónicos junto a los notarios públicos. Los documentos firmados en el extranjero para su uso en Ruanda pueden apostillarse desde que Ruanda pasó a ser parte del Convenio de La Haya sobre la Apostilla el 5 de junio de 2024, salvo los documentos procedentes de Alemania, que se opuso a la adhesión de Ruanda, y cada autoridad puede seguir estableciendo sus propios requisitos de legalización.
Contratos y firmas electrónicos
La contratación electrónica se basa en dos leyes. La Ley n.º 24/2016, de 18/06/2016, que regula las tecnologías de la información y la comunicación, y que derogó la anterior Ley n.º 18/2010 sobre mensajes electrónicos, firmas electrónicas y transacciones electrónicas (artículo 309), dispone que los registros electrónicos son válidos (artículo 134), que los contratos formados mediante mensajes electrónicos son válidos salvo que ambas partes hayan acordado otra cosa o la ley disponga otra cosa (artículo 158), que las personas pueden utilizar firmas electrónicas con arreglo a las normas sobre certificados que establezca la Rwanda Utilities Regulatory Authority (RURA) (artículo 147), que se reconocen los certificados extranjeros equivalentes (artículo 148) y que la formalización notarial puede realizarse por vía electrónica (artículo 149). No se ha encontrado la Orden del Primer Ministro que prevé el artículo 133 para enumerar las operaciones excluidas, por lo que las exclusiones deben comprobarse caso por caso; en cualquier caso, las operaciones sobre tierras siguen sus propios procedimientos registrales.
En materia de prueba, la Ley n.º 062/2024, de 20/06/2024, que regula la prueba y que sustituyó a la ley de prueba de 2004, atribuye a la firma electrónica «el mismo valor probatorio que cualquier otra prueba» (artículo 42). La parte que se apoya en una firma electrónica ordinaria debe probar que es atribuible al firmante, salvo que se trate de una firma segura (artículo 43), y las partes pueden acordar de antemano cómo se tratará la prueba electrónica entre ellas (artículo 40). Por tanto, una aceptación mediante un clic o una firma escaneada en un PDF es utilizable, pero un contrato de valor real debería utilizar una firma segura certificada o incluir una cláusula probatoria en la que las partes convengan que sus comunicaciones y firmas electrónicas las vinculan. Los datos del contrato son una cuestión distinta: los contratos escritos con encargados del tratamiento y las normas sobre transferencias internacionales de la Ley n.º 058/2021, de 13/10/2021, relativa a la protección de los datos personales y de la privacidad, se aplican a los contratos que implican datos personales (Protección de datos personales).
Cumplimiento, imposibilidad, fuerza mayor y cambio normativo
Las partes pueden someter las obligaciones a una condición suspensiva, en virtud de la cual la obligación solo nace si se produce el hecho, o a una condición resolutoria, en virtud de la cual se extingue si se produce el hecho (artículos 77 y 79), que es como suelen articularse las autorizaciones regulatorias y las condiciones de financiación. El cumplimiento puede garantizarse mediante una garantía de cumplimiento (performance bond) (artículo 90).
El artículo 92 dispone que, cuando el cumplimiento de una parte resulte imposible por causas ajenas a su voluntad, incluida la inexistencia del objeto del contrato u otro supuesto de fuerza mayor, la obligación se extingue, salvo que las circunstancias indiquen otra cosa. Del mismo modo se tratan el fallecimiento o la incapacidad de una persona cuya existencia sea necesaria para el cumplimiento (artículo 93) y la inexistencia, la falta o el deterioro de una cosa necesaria para él (artículo 94). Con arreglo al artículo 95, cuando el cumplimiento resulte imposible por la observancia de una nueva norma, esta se considera un hecho no previsto en el momento de celebrarse el contrato. La imposibilidad parcial deja subsistentes las demás obligaciones del deudor si el resto sigue siendo factible y sustancial, o si el acreedor acepta en un plazo razonable cumplir íntegramente sus propias obligaciones (artículo 96). La parte cuyo cumplimiento queda excusado por imposibilidad libera a la otra parte de su contraprestación, salvo que esta haya asumido el riesgo (artículo 97).
Estas normas regulan la imposibilidad, no la excesiva onerosidad sobrevenida (hardship). No se ha identificado en la Ley ningún artículo general que permita a un tribunal revisar un contrato cuyo cumplimiento simplemente se haya encarecido; la doctrina profesional describe la renegociación y la revisión en determinadas circunstancias, pero un contrato no debería confiar en ello. Por ello, los contratos de suministro, de construcción y de compra a largo plazo (offtake) deberían definir los supuestos de fuerza mayor, los plazos de notificación, la mitigación y los derechos de suspensión y resolución, e incluir una cláusula expresa de cambio normativo y de excesiva onerosidad con un mecanismo de ajuste de precios o de renegociación.
Remedios: indemnización, cláusulas penales, cumplimiento específico y cesión
La parte perjudicada puede reclamar una indemnización y, cuando el incumplimiento consista en la falta de pago de una suma de dinero o de una prestación de valor determinado o determinable, los intereses se devengan desde la fecha en que debía cumplirse (artículo 144). No pueden concederse indemnizaciones punitivas por incumplimiento contractual, salvo que la conducta constitutiva del incumplimiento sea también una infracción penal por la que el demandante pueda reclamar una indemnización a título de sanción (artículo 145). Con arreglo al artículo 146, las partes pueden pactar en el contrato la indemnización por incumplimiento, pero solo «por un importe razonable basado en el perjuicio real o potencial» o cuando el perjuicio sea difícil de probar; una cláusula que fije una indemnización excesiva es inexigible por razones de orden público, al considerarse una pena. Por ello, las indemnizaciones por demora, los créditos por nivel de servicio (service credits) y los pagos por resolución deberían ajustarse a una estimación real del perjuicio y debería dejarse constancia del cálculo.
Cabe el cumplimiento específico. El tribunal puede ordenar a la parte que ha incumplido, o que está a punto de incumplir, que cumpla, o puede prohibir una conducta (artículos 147 y 148), salvo que la indemnización proteja adecuadamente el interés positivo del demandante, lo que se valora atendiendo a la dificultad de probar el perjuicio, de sustituir el cumplimiento por dinero y de cobrar la indemnización (artículos 149 y 150). Una cláusula de indemnización pactada no excluye el cumplimiento específico (artículo 151). Los derechos contractuales pueden cederse, salvo que la sustitución modifique sustancialmente las obligaciones del deudor, que la ley o el orden público lo prohíban o que el contrato lo excluya (artículo 120); las obligaciones pueden delegarse en un tercero salvo prohibición, pero el deudor original no queda liberado salvo que el acreedor lo consienta (artículo 121). Las cláusulas de cambio de control, cesión y novación deberían redactarse teniendo en cuenta estas reglas supletorias.
Normas que prevalecen sobre lo pactado: consumo, competencia y moneda
La Ley n.º 011/2026, de 26/02/2026, relativa a la competencia y la protección del consumidor, en vigor desde el 4 de marzo de 2026 y aplicada por la «autoridad reguladora» (Regulatory Authority), el órgano del Estado competente en materia de competencia y protección del consumidor, que actualmente es la Rwanda Inspectorate, Competition and Consumer Protection Authority (RICA), establece tres límites. En primer lugar, con arreglo al artículo 24, son nulas las cláusulas perjudiciales para los consumidores, entre ellas las que crean un desequilibrio significativo, las incorporadas sin conocimiento del consumidor, las que confieren facultades de modificación unilateral y las que dejan exclusivamente al vendedor la apreciación de la conformidad de los bienes. En segundo lugar, con arreglo al artículo 5, están prohibidos los acuerdos verticales que restringen las ventas en línea o imponen precios mínimos de reventa, aunque el proveedor puede recomendar precios indicados como «precio recomendado»; los acuerdos prohibidos pueden autorizarse por razones de eficiencia durante un período limitado (artículos 6 y 7), y las infracciones se sancionan con multas de hasta el 5 % del volumen de negocios anual del ejercicio anterior (artículo 66). En tercer lugar, los vendedores de comercio electrónico y los intermediarios en línea necesitan una licencia de la RICA (artículo 44), deben revelar su identidad y una dirección física en Ruanda (artículo 42) y deben permitir a los consumidores desistir en un plazo de siete días desde la recepción, con reembolso en un plazo de 15 días (artículo 47); los operadores existentes disponían de seis meses desde el 4 de marzo de 2026 para adaptarse (artículo 73) (Comercio electrónico, fintech e IA).
La moneda es la trampa que con más frecuencia pasan por alto los redactores extranjeros. Con arreglo al artículo 39 de la Ley n.º 033/2026, de 24/07/2026, que regula el National Bank of Rwanda, se presume que toda obligación pecuniaria en Ruanda se expresa y se liquida en francos ruandeses, salvo que otras leyes dispongan otra cosa. El Reglamento n.º 42/2022, que regula las operaciones de cambio de divisas, modificado por el Reglamento n.º 89/2025, de 23/05/2025, considera fijación de precios en divisas la exhibición, la cotización, la facturación y la fijación de precios contractuales en moneda extranjera, lo que está permitido para los pagos de bienes y servicios importados o exportados y para las empresas que tengan la condición de operadores de cambio, por ministerio de la ley o por autorización, pero que en los demás casos requiere la autorización del National Bank of Rwanda (BNR); la fijación de precios sin autorización se sanciona con una multa de 5 000 000 FRW por la primera infracción, y la realización de operaciones sin autorización, con el 50 % del importe (Normativa cambiaria). Por tanto, un precio en dólares en un contrato entre dos empresas ruandesas para un suministro interno debería contrastarse con estas normas antes de la firma.
Ley aplicable, foro y cláusula de resolución de controversias
La doctrina profesional confirma que las partes de un contrato mercantil pueden elegir la ley aplicable y el foro, con sujeción al orden público y a las normas imperativas ruandesas, como las relativas a tierras, empleo, fiscalidad, moneda, competencia y consumo. Los tribunales ruandeses son competentes respecto de partes extranjeras cuando estas lo han consentido, cuando el contrato se celebró o se ejecutó en Ruanda, cuando se solicita un embargo o medidas cautelares en Ruanda o cuando un codemandado está domiciliado en el país (artículo 14 de la Ley n.º 30/2018, de 02/06/2018, que determina la competencia de los tribunales), y el tribunal mercantil de Kigali conoce de los litigios mercantiles que superan el límite de 5 000 000 FRW de la competencia mercantil de los Primary Courts (tribunales de primera instancia). No está garantizada la eficacia de una cláusula de sumisión exclusiva a tribunales extranjeros: en el asunto Great Lakes Cement v Damco Tanzania (Tribunal Supremo, 12 de junio de 2015), no se aplicó una cláusula de sumisión exclusiva a los tribunales de Londres porque las partes no habían demostrado que el tribunal londinense fuera competente y adecuado habida cuenta de los costes y de la cuantía de la reclamación. Los escritos ante los tribunales ruandeses se presentan en kinyarwanda (artículo 69 de la Ley n.º 22/2018, de 29/04/2018, relativa al procedimiento civil, mercantil, laboral y administrativo), por lo que los contratos redactados solo en inglés deberán traducirse en caso de litigio (El sistema judicial y la elección de foro).
El arbitraje evita la mayoría de estos problemas. Con arreglo a la Ley n.º 005/2008, de 14/02/2008, de arbitraje y conciliación en materia mercantil, el convenio debe constar por escrito, y un intercambio de correos electrónicos cumple este requisito (artículo 9); el tribunal debe remitir a arbitraje una controversia comprendida en un convenio válido si así se solicita antes de las alegaciones sobre el fondo (artículo 10); las partes eligen el idioma (artículo 34); y, si no acuerdan la sede, el arbitraje tiene su sede en Ruanda (artículo 32). Los laudos pueden impugnarse en un plazo de 30 días ante la Commercial High Court (Tribunal Superior de lo Mercantil), cuya resolución no es recurrible, y Ruanda aplica la Convención de Nueva York desde el 29 de enero de 2009 (La ley de arbitraje y el KIAC). Las fases contractuales de negociación o mediación tienen importancia: el secretario judicial se niega a registrar una demanda sin prueba de que se ha agotado la fase de solución amistosa pactada (Ley n.º 22/2018, artículo 21), y el Tribunal Supremo hizo cumplir una fase previa al arbitraje en el asunto Cheon Kwang v Government of Rwanda (30 de junio de 2017). Los contratos con organismos públicos son distintos: el artículo 14 de las Instrucciones Ministeriales n.º 612/08.11, de 16/04/2014, prohíbe a los funcionarios pactar un arbitraje ad hoc o cualquier cláusula de arbitraje internacional distinta de la que remita al Kigali International Arbitration Centre (KIAC).
Requisitos de forma por tipo de contrato (octubre de 2026)
| Contrato | Forma | Formalidades adicionales | Fuente |
|---|---|---|---|
| Compraventa de mercancías por más de 50 000 FRW | Constancia por escrito; basta un documento firmado que acredite la prestación | Factura electrónica emitida desde un sistema certificado si el vendedor es sujeto pasivo | Ley n.º 45/2011, artículos 42 y 43 |
| Contrato cuya ejecución exceda de un año | Constancia por escrito | Ninguna con carácter general | Ley n.º 45/2011, artículo 42 |
| Fianza o garantía | Constancia por escrito | Autorización del consejo de administración con arreglo al artículo 47 de la Ley de Sociedades | Ley n.º 45/2011, artículo 42 |
| Compraventa de valores | Constancia por escrito | Formulario de transmisión de acciones firmado por ambas partes; inscripción en el registro | Ley n.º 45/2011, artículo 42; Ley de Sociedades, artículo 75 |
| Contrato que afecte a bienes inmuebles | Constancia por escrito | Formalización notarial y procedimientos ante el registro de la propiedad | Ley n.º 45/2011, artículo 42; leyes de tierras y notarial |
| Promesa sin contraprestación | Por escrito, firmada, entregada y con identificación de las partes | Ninguno | Ley n.º 45/2011, artículo 41 |
| Convenio arbitral | Por escrito; un intercambio de correos electrónicos es suficiente | Contratos con el Gobierno: solo el KIAC | Ley n.º 005/2008, artículo 9; Instrucciones n.º 612/08.11, artículo 14 |
| Contrato de trabajo | Escrito o verbal, pero los contratos verbales no pueden exceder de 90 días consecutivos; siempre por escrito para los trabajadores extranjeros | Diecisiete elementos esenciales; permiso de trabajo para los extranjeros | Ley n.º 66/2018, artículos 11 y 12 |
| Contrato celebrado en línea | Válido mediante mensajes electrónicos, salvo exclusión | Licencia de la RICA e información obligatoria a los consumidores para los vendedores de comercio electrónico | Ley n.º 24/2016, artículo 158; Ley n.º 011/2026, artículos 42 a 47 |
| Contrato de tratamiento de datos personales | Contrato escrito con el encargado del tratamiento | Inscripción ante la National Cyber Security Authority (NCSA); normas sobre transferencias | Ley n.º 058/2021 |
Lo que debe resolver todo contrato mercantil ruandés
Cuestiones que deben decidirse y documentarse antes de firmar con una contraparte ruandesa, además de las condiciones comerciales.
- Partes y facultades de representaciónDenominaciones registrales completas y códigos de sociedad según el registro del RDB; firmantes que cumplan el artículo 47 de la Ley de Sociedades, con un acuerdo del consejo de administración o un poder.
- Moneda y pagoFrancos ruandeses para los suministros internos, salvo que se aplique una excepción o una autorización del BNR; divisas para los pagos de importaciones y exportaciones; qué parte asume el riesgo de tipo de cambio.
- ImpuestosSi los precios incluyen el IVA del 18 %; quién soporta la retención en la fuente del 15 % sobre honorarios, intereses o regalías pagados al exterior, con una cláusula de compensación (gross-up) si es necesario; facturación electrónica.
- Indemnizaciones pactadasIndemnizaciones por demora, créditos por nivel de servicio y pagos por resolución fijados según una estimación razonable del perjuicio, dejando constancia de la base de cálculo, para superar el control del artículo 146.
- Fuerza mayor, cambio normativo y excesiva onerosidadUna lista definida de supuestos, notificación, mitigación, suspensión y resolución, además de un mecanismo expreso de renegociación o de ajuste de precios, ya que la Ley solo regula la imposibilidad.
- Cesión y cambio de controlConsentimiento expreso o prohibición de la cesión y de la delegación, y un supuesto de cambio de control cuando la titularidad de la contraparte sea relevante.
- Cláusulas de competencia y de consumoNi precios mínimos de reventa ni prohibiciones de venta en línea en los contratos de distribución; cláusulas dirigidas a consumidores contrastadas con el artículo 24 de la Ley n.º 011/2026.
- Ley aplicable y controversiasLey aplicable; una fase de negociación o mediación de duración limitada; arbitraje con institución, sede, número de árbitros e idioma; KIAC para las contrapartes públicas.
- Idioma y pruebaVersión lingüística que prevalece, disposiciones sobre traducción y una cláusula de firma electrónica y prueba con arreglo al artículo 40 de la ley de prueba.
Ejemplo práctico
Un contrato de distribución de equipos importados
Un fabricante neerlandés nombra a Kigali Medical Supplies Ltd distribuidor para Ruanda durante cinco años. El distribuidor compra en euros y revende a clínicas en francos ruandeses; su volumen de negocios del último ejercicio fue de 900 000 000 RWF. Cifras ilustrativas; la apreciación del carácter razonable por el tribunal depende de la prueba.
| Forma | La ejecución excede de un año y cada pedido supera los 50 000 FRW, por lo que el contrato y los pedidos deben constar por escrito a efectos de prueba (artículo 42). Las partes firman electrónicamente e incluyen una cláusula probatoria con arreglo al artículo 40 de la Ley n.º 062/2024. |
|---|---|
| Moneda | Los pagos del distribuidor al fabricante por los bienes importados pueden efectuarse en euros (Reglamento n.º 42/2022, artículo 20 bis, introducido en 2025). La reventa a clínicas ruandesas se fija y se factura en francos ruandeses, con un IVA del 18 %, salvo que el artículo sea un suministro médico exento. |
| Indemnización por demora | El contrato fija el 0,5 % del valor del pedido por cada día de retraso en la entrega, con un límite del 10 %. En un pedido de 80 000 000 RWF entregado con 12 días de retraso: 0,5 % × 12 = 6 %, es decir, 4 800 000 RWF, una cifra que las partes pueden vincular a las ventas perdidas por el distribuidor y a las penalizaciones que soporta en sus propias licitaciones. |
| Una cláusula en riesgo | Una redacción alternativa que fijara el 50 % del valor del pedido, 40 000 000 RWF, por cualquier retraso podría impugnarse por excesiva e inexigible por tener carácter penal con arreglo al artículo 146. |
| Precios de reventa | Una cláusula que prohíba vender por debajo de 25 000 RWF por unidad constituye una imposición de precios mínimos de reventa prohibida por el artículo 5 de la Ley n.º 011/2026; la multa puede alcanzar el 5 % del volumen de negocios del ejercicio anterior, es decir, hasta 45 000 000 RWF sobre 900 000 000 RWF. Se permite una lista de precios con la indicación «precio recomendado». |
| Fuerza mayor | Una nueva norma que prohibiera una línea de productos extinguiría las obligaciones afectadas con arreglo al artículo 95, salvo que las circunstancias indiquen otra cosa; las partes añaden una cláusula expresa que regula la imposibilidad parcial, la notificación y la resolución. |
| Controversias | Treinta días de negociación entre directivos de alto nivel y, a continuación, arbitraje conforme al Reglamento del KIAC con árbitro único, sede en Kigali, idioma inglés y ley aplicable ruandesa. Con sede en Kigali, la Commercial High Court (Tribunal Superior de lo Mercantil) es el único tribunal competente para cualquier impugnación, en un plazo de 30 días desde la notificación. |
Si el distribuidor fuera un hospital público, las Instrucciones n.º 612/08.11 exigirían un arbitraje ante el KIAC y excluirían el arbitraje ad hoc.
No se ha encontrado ninguna ley ruandesa que regule la indemnización por resolución de los contratos de distribución; depende del contrato y del Derecho general.
Preguntas de los inversores
¿Qué ley regula los contratos en Ruanda?
La Ley n.º 45/2011, de 25/11/2011, que regula los contratos, en vigor desde su publicación en el Diario Oficial el 23 de enero de 2012. Regula la formación, la validez, la interpretación, el cumplimiento, la imposibilidad y los remedios. El Decreto de 30/07/1888 sigue aplicándose, a través del artículo 162, a los contratos especiales, la responsabilidad civil y la prescripción mientras no se dicten leyes específicas, y las leyes sectoriales regulan los contratos de trabajo, sobre tierras, de seguro y de contratación pública.
¿Debe constar por escrito un contrato mercantil en Ruanda?
Solo en los tipos enumerados, pero estos son amplios. El artículo 42 de la Ley n.º 45/2011 exige prueba escrita para los contratos de duración superior a un año, los contratos que afecten a bienes inmuebles, las fianzas, las compraventas de mercancías por más de 50 000 FRW y las compraventas de valores. Un documento firmado que acredite la prestación constituye prueba suficiente, y puede otorgarse antes o después de la celebración del contrato.
¿Son válidas las firmas electrónicas en Ruanda?
Sí. La Ley n.º 24/2016, que regula las tecnologías de la información y la comunicación, reconoce la validez de los contratos celebrados mediante mensajes electrónicos, y el artículo 42 de la Ley n.º 062/2024, que regula la prueba, atribuye a la firma electrónica el mismo valor probatorio que a cualquier otra prueba. Salvo que se trate de una firma segura, la parte que se apoya en ella debe probar que es atribuible al firmante, por lo que es aconsejable pactar una cláusula probatoria.
¿Son exigibles las cláusulas penales en Ruanda?
Las indemnizaciones pactadas son exigibles si se fijan en un importe razonable basado en el perjuicio real o potencial, o cuando el perjuicio sea difícil de probar. El artículo 146 de la Ley n.º 45/2011 declara inexigible, por razones de orden público y por tener carácter penal, la cláusula que fije una indemnización excesiva. Solo cabe una indemnización punitiva cuando el incumplimiento constituye también una infracción penal, y una cláusula de indemnización pactada no impide que el tribunal ordene el cumplimiento específico.
¿Puede un contrato ruandés elegir una ley extranjera y un foro extranjero?
En general, sí en los contratos mercantiles, con sujeción al orden público y a las normas imperativas ruandesas. Las cláusulas de arbitraje se respetan con arreglo a la Ley n.º 005/2008, y los laudos son ejecutables con arreglo a la Convención de Nueva York. Una cláusula de sumisión exclusiva a tribunales extranjeros ofrece menos seguridad: el Tribunal Supremo se negó a aplicar una cláusula de sumisión a los tribunales de Londres en 2015. Los organismos públicos solo pueden pactar el arbitraje ante el KIAC.
¿Puede fijarse en dólares estadounidenses el precio de un contrato entre empresas ruandesas?
Normalmente no sin autorización. Se presume que las obligaciones pecuniarias en Ruanda se expresan en francos ruandeses y, desde las modificaciones de 2025 del Reglamento n.º 42/2022, fijar precios contractuales en moneda extranjera se considera fijación de precios en divisas. Está permitido para los pagos de importaciones y exportaciones y para los operadores de cambio que tengan esa condición por ministerio de la ley o por autorización del BNR; en los demás casos, la primera infracción se sanciona con una multa de 5 000 000 FRW.
Términos que encontrará en los documentos
| Inglés | Kinyarwanda | Francés | Significado |
|---|---|---|---|
| Contract | Amasezerano | Contrat | Acuerdo que cumple los cuatro requisitos del artículo 4 de la Ley n.º 45/2011. |
| Offer and acceptance | — | Offre et acceptation | Intercambio mediante el cual se alcanza el consentimiento mutuo (artículos 8 a 32). |
| Consideration | — | Contrepartie | Lo que se da a cambio de una promesa; exigida por el artículo 33, salvo que se aplique el artículo 41. |
| Lesion | — | Lésion | Desequilibrio grave en el momento de la formación que permite al tribunal denegar la ejecución o suprimir cláusulas (artículo 73). |
| Suspensive condition | — | Condition suspensive | Hecho del que depende el nacimiento de una obligación (artículo 77). |
| Resolutive condition | — | Condition résolutoire | Hecho cuyo acaecimiento extingue una obligación (artículo 79). |
| Agreed damages clause | — | Dommages-intérêts prévus dans le contrat | Indemnización fijada en el contrato, exigible solo por un importe razonable (artículo 146). |
| Punitive damages | — | Dommages-intérêts punitifs | Indemnización a título de sanción, que solo procede cuando el incumplimiento constituye una infracción penal (artículo 145). |
| Assignment of rights | Ihererekanya ry'uburenganzira | Cession des droits | Transmisión voluntaria de derechos contractuales a un tercero (artículo 120). |
| Electronic signature | Umukono koranabuhanga | — | Firma en forma electrónica, con valor probatorio con arreglo a la ley de prueba. |
En esta guía
Preguntas frecuentes de los inversores
- ¿Puedo fijar precios en contratos y mantener cuentas en dólares estadounidenses?
- ¿Puedo elegir una ley aplicable extranjera y una sede de arbitraje extranjera?
- ¿Qué es el KIAC y cómo se redacta una cláusula de arbitraje?
- ¿Tiene Ruanda normas de competencia y de protección del consumidor?
- ¿Son válidos en Ruanda las firmas electrónicas y los contratos en línea?
Fuentes oficiales
- MINECOFIN: Ley n.º 45/2011, de 25/11/2011, que regula los contratos (Official Gazette (Diario Oficial) n.º 04bis, de 23/01/2012)
- Ministry of Justice: Official Gazette (Diario Oficial) n.º especial, de 27/06/2024, Ley n.º 062/2024, que regula la prueba
- Rwanda Law Reform Commission: leyes de Ruanda en vigor, incluida la Ley n.º 011/2026, relativa a la competencia y la protección del consumidor
- Official Gazette (Diario Oficial) n.º 04 ter, de 08/02/2021: Ley n.º 007/2021, que regula las sociedades (artículos 47 y 48)
- Portal jurídico de Ruanda (amategeko.gov.rw): Ley n.º 005/2008, de arbitraje; Ley n.º 22/2018, relativa al procedimiento civil, mercantil, laboral y administrativo; Instrucciones Ministeriales n.º 612/08.11
- National Bank of Rwanda: reglamentos y directivas en materia de divisas
¿Tiene alguna pregunta sobre su propia situación?
Pregunte a Rwandabot, el asistente de información jurídica de Be Rwanda Wise, basado en IA. Consulta las fuentes oficiales ruandesas y le remite a la norma aplicable. También puede leer cómo encontrar y comprobar un abogado en Ruanda.
Preguntar a Rwandabot sobre este temaEncontrar un abogadoEsta página ofrece información jurídica y fiscal, no asesoramiento jurídico. Los tipos, umbrales y procedimientos cambian; el contenido se revisa con las fuentes oficiales, pero antes de actuar confirme cualquier punto importante con la autoridad competente o con un abogado inscrito en la Rwanda Bar Association. Las leyes se publican en kinyarwanda, inglés y francés en el Diario Oficial; solo el texto publicado en el Diario Oficial es auténtico. La edición en español de esta guía está traducida de la edición en inglés.