Be Rwanda WiseHacer negocios en Ruanda

Capítulo 8 · Sección 8.6 de 8

Empresas conjuntas, pactos de accionistas y derechos de salida: cómo estructurar una sociedad conjunta ruandesa, qué corresponde a los estatutos y qué al pacto de accionistas, los consejeros dominicales del artículo 147, el derecho de adquisición preferente, las cláusulas de arrastre (drag-along) y de acompañamiento (tag-along), las opciones de venta y de compra, la compra forzosa legal y los remedios frente al perjuicio injusto, el bloqueo y las normas de concentraciones de 2026 aplicables a las empresas conjuntas

Revisado el · Elaborado por un jurista mercantilista con más de 30 años de experiencia internacional · Información jurídica y fiscal, no asesoramiento jurídico · Cómo lo verificamos · Abrir en la aplicación

EnglishFrançaisDeutschDescargar el capítulo 8 en PDF

Lo esencial

Elegir el vehículo de la empresa conjunta

La mayoría de los inversores extranjeros que comparten una empresa ruandesa con un socio lo hacen a través de una sociedad privada limitada por acciones constituida con arreglo a la Ley n.º 007/2021, de 05/02/2021, que regula las sociedades, modificada por la Ley n.º 019/2023, de 30/03/2023. Ofrece responsabilidad limitada, una persona jurídica independiente que puede ser titular de derechos sobre el suelo, licencias y un certificado de inversión, y una estructura conocida basada en acciones para repartir el control y los beneficios. Una sociedad privada debe tener al menos un administrador con residencia habitual en Ruanda, debe restringir la transmisión de sus acciones, no puede tener más de 100 accionistas, sin contar a los empleados actuales y antiguos, y no puede invitar al público a suscribir acciones (artículos 7 y 8). Estas características se adaptan bien a una empresa conjunta: la restricción a la transmisión es obligatoria, por lo que la única cuestión es qué forma adopta.

Existen otros vehículos. La Ley n.º 008/2021, de 16/02/2021, que regula las sociedades de personas, modificada por la Ley n.º 018/2023, prevé sociedades de personas colectivas, comanditarias y de responsabilidad limitada, que pueden ser adecuadas para estructuras profesionales o de fondos; una empresa conjunta puramente contractual, sin una nueva entidad, es habitual para un único contrato de construcción o de suministro, pero deja a cada parte directamente expuesta y puede crear un establecimiento permanente para una parte extranjera (Precios de transferencia y fiscalidad internacional). No existe un límite general a la participación extranjera en una sociedad ruandesa, y es posible una sociedad de capital 100 % extranjero, pero las normas sectoriales pueden exigir participación ruandesa o la aprobación de los accionistas por el regulador; la elección del vehículo se analiza con más detalle en Elegir la forma jurídica. Cuando la empresa conjunta vaya a registrarse con arreglo al Código de Inversiones para obtener incentivos, debe comunicarse al RDB, con 30 días de antelación, cualquier cambio en la naturaleza de la inversión, su suspensión o su terminación (artículo 27 de la Ley n.º 006/2021, de 05/02/2021, de promoción y facilitación de la inversión).

Estatutos y pacto de accionistas: qué corresponde a cada uno

La Ley de Sociedades no regula los pactos de accionistas, y nada en ella los impide. El pacto es además una prueba pertinente del control cuando la sociedad registra y comunica sus titulares reales al Office of the Registrar General (ORG), ya que el artículo 116 bis, introducido en 2023, atiende a los derechos de voto y al derecho a nombrar o cesar a la mayoría de los administradores, así como a las participaciones. Pero un pacto solo vincula a sus partes, mientras que los documentos constitutivos vinculan a la sociedad, a su consejo y a todo futuro accionista. La Ley supedita reiteradamente sus normas supletorias a los documentos constitutivos: las transmisiones se efectúan «con sujeción a los documentos constitutivos de la sociedad» (artículo 75); el consejo solo puede denegar o aplazar la inscripción de una transmisión cuando la Ley o los documentos lo permitan expresamente, mediante un acuerdo adoptado en un plazo de 30 días hábiles que exponga íntegramente sus motivos y se envíe a ambas partes en un plazo de cinco días hábiles (artículo 75); las acciones intransmisibles solo se transmiten por ministerio de la ley, por sucesión o por recompra, salvo que los documentos dispongan otra cosa (artículo 80); y los documentos pueden suprimir, limitar o modificar el derecho de suscripción preferente sobre las nuevas acciones (artículo 59).

Por tanto, la regla práctica es reproducir en los estatutos toda disposición que las partes necesiten que la sociedad respete: las restricciones a la transmisión y el derecho de tanteo, el mecanismo de arrastre y de acompañamiento, la composición del consejo y el derecho de cada socio a nombrar y cesar administradores, los requisitos de quórum, las materias reservadas y la autorización del artículo 147 para que los consejeros dominicales actúen en favor de quien los designa. Las cuestiones que solo afectan a los socios, como los compromisos de financiación, los pactos de no competencia, los planes de negocio, la fórmula de precio de las opciones y la resolución de controversias, pueden permanecer en el pacto, que también puede obligar a cada parte a votar con sus acciones para darle efecto. Las materias reservadas pueden protegerse mediante un acuerdo especial, que requiere el 75 % de los votos emitidos salvo que los documentos fijen una mayoría superior o la unanimidad, de modo que un socio con más del 25 % tiene un veto legal sobre las materias del artículo 191, entre ellas la modificación de los documentos constitutivos, la fusión, la liquidación y la baja en el registro. Una sociedad privada puede excluir determinados requisitos legales mediante acuerdo unánime con arreglo al artículo 209, pero no el informe de los administradores ni la junta anual.

Mecanismos de control y de salida en una empresa conjunta ruandesa

MecanismoDónde se regulaBase legalPunto de atención
Derecho de tanteo en las transmisionesEstatutos y pactoArtículos 7, 8 y 75 (la sociedad privada debe restringir la transmisión)No hay derecho legal de adquisición preferente en las transmisiones; el consejo solo puede denegar la inscripción cuando los estatutos lo permitan expresamente
Suscripción preferente de nuevas accionesLa ley, modificada por los estatutosArtículo 59: a prorrata, tres meses, y después emisión a terceros en un plazo de tres meses al mismo precioLa exclusión del derecho o la protección frente a la dilución deben recogerse en los estatutos
Derechos de nombramiento de consejeros y materias reservadasEstatutos y pactoArtículos 154 y 160 (administradores nombrados y cesados por acuerdo ordinario); artículo 191 (materias que requieren acuerdo especial)Una mayoría de accionistas puede cesar a cualquier administrador en junta general con arreglo al artículo 160, por lo que los derechos de nombramiento requieren un compromiso de voto y su reproducción en los estatutos
Consejeros dominicales que actúan en favor de quien los designaEstatutosArtículo 147, cláusula de empresa conjuntaSolo es eficaz si lo permiten expresamente los documentos constitutivos
Acompañamiento (tag-along) y arrastre (drag-along)Estatutos y pactoNinguna; contractualEl arrastre requiere un poder y una disposición estatutaria para que la sociedad inscriba la transmisión
Opciones de venta y de compraPacto; condiciones de recompra por la sociedad en los estatutosArtículos 176 a 185 para las recompras; el artículo 185 hace exigible en forma específica el contrato de recompra por la sociedad, con sujeción a la prueba de solvenciaSu ejercicio puede ser una concentración notificable (paso al control exclusivo) y genera el impuesto del 10 % sobre las ganancias de capital
Compra forzosa legal en caso de disidenciaLa leyArtículos 106 a 108 y 240 a 246Solo procede respecto de los acuerdos especiales enumerados; las controversias sobre el precio se someten a arbitraje
Bloqueo y resolución de controversiasPacto y estatutosLey n.º 005/2008, de 14/02/2008, de arbitraje y conciliación en materia mercantil; artículo 104 de la Ley n.º 075/2021 (liquidación por motivos justos y equitativos)Sin una cláusula de bloqueo, el remedio es la liquidación judicial o una demanda por perjuicio injusto

Los consejeros dominicales y sus deberes

El deber fundamental de un administrador es actuar de buena fe de la manera que considere, por motivos razonables, que redunda en el mejor interés de la sociedad, con una diligencia razonable (artículo 147). Ese deber encaja mal en una empresa conjunta en la que cada socio nombra administradores para proteger sus propios intereses. El artículo 147 resuelve la tensión en tres supuestos. El administrador de una filial íntegramente participada puede actuar en el mejor interés de la sociedad holding si los documentos constitutivos lo permiten expresamente. El administrador de una filial que no esté íntegramente participada puede hacerlo si los documentos lo permiten expresamente y los accionistas distintos de la sociedad holding lo han consentido previamente. Y, lo que aquí es más pertinente, el administrador de una sociedad que desarrolla una empresa conjunta entre los accionistas puede, cuando actúe en relación con la empresa conjunta y si los documentos constitutivos lo permiten expresamente, actuar en el mejor interés de uno o varios accionistas, aunque no redunde en el mejor interés de la sociedad. Sin esa autorización expresa en los estatutos, el consejero dominical que vote según las instrucciones del socio que lo designó, en contra del interés de la sociedad, corre el riesgo de incumplir su deber.

La autorización no desplaza los demás deberes. Los administradores no deben actuar de forma que perjudique injustamente o discrimine injustamente a cualquier accionista (artículo 148), no deben permitir que la sociedad asuma un riesgo irrazonable de no superar la prueba de solvencia (artículo 150) y deben revelar sus intereses en las operaciones y observar las normas sobre operaciones vinculadas (artículos 167 y 168). El incumplimiento de los artículos 167 y 168, entre otros, se considera expresamente una conducta injustamente perjudicial con arreglo al artículo 230. Por tanto, una empresa conjunta que compre a uno de los socios o le venda debería establecer en el pacto cómo participan los administradores en conflicto e inscribir cada contrato vinculado en el registro de intereses. La estructura del consejo, el requisito del administrador residente y el secretario de la sociedad se tratan en Administradores, gobierno corporativo y secretario de la sociedad.

Derechos legales de salida del socio minoritario

La Ley de Sociedades otorga al accionista minoritario un derecho de separación con compra de sus acciones limitado pero útil. Con arreglo al artículo 106, el accionista que haya votado con todas sus acciones en contra de un acuerdo especial, o no lo haya firmado, que modifique los documentos constitutivos para imponer o suprimir una restricción a la actividad de la sociedad, o que apruebe una operación relevante o una fusión, puede exigir a la sociedad que compre sus acciones. El artículo 240 extiende el derecho a los acuerdos especiales que afecten a los derechos inherentes a las acciones y a los que cambien la forma de la sociedad de pública a privada o viceversa. Una operación relevante es la adquisición de activos por valor del 10 % o más de los activos de la sociedad, o la enajenación de más de la mitad de ellos o la asunción de obligaciones por ese valor; la mera constitución de garantías no cuenta (artículo 196). Las operaciones relevantes requieren además el dictamen previo de un asesor financiero profesional independiente sobre su equidad, una decisión del consejo y un acuerdo especial en junta general (artículo 197).

El procedimiento aparece dos veces en la Ley, con plazos distintos. Los artículos 107 y 108 conceden al accionista 15 días desde la notificación del acuerdo para solicitar la compra, al consejo 30 días para responder y siete días para fijar un precio. Los artículos 241 y 242 conceden al accionista diez días hábiles desde el anuncio de la votación, a los administradores 20 días hábiles para aceptar la compra, buscar un comprador tercero, solicitar al tribunal una exención o desistir de la medida, y cinco días hábiles para proponer un precio justo y razonable. Mientras no se resuelva la incoherencia, el accionista debería actuar dentro del plazo más corto, diez días hábiles, y la sociedad también debería responder dentro del plazo más corto. Si el accionista se opone al precio en un plazo de diez días hábiles, la sociedad somete inmediatamente el precio a arbitraje y paga el precio propuesto como pago provisional en un plazo de cinco días hábiles; el árbitro fija un precio justo y razonable con intereses sobre cualquier diferencia en más o en menos (artículo 242). El comprador tercero se subroga en la posición de la sociedad, que indemniza al vendedor si aquel no paga (artículo 243). El tribunal puede eximir a la sociedad cuando la compra le resulte desproporcionadamente perjudicial, no pueda financiarse razonablemente o la notificación no se haya hecho de buena fe, pero solo después de haber hecho esfuerzos razonables para encontrar un comprador tercero (artículo 245), y no puede obligarse a comprar a una sociedad insolvente (artículo 246).

Además de la compra forzosa, un accionista, un titular real o un administrador puede acudir al tribunal competente cuando los asuntos de la sociedad se hayan gestionado o puedan gestionarse de forma injustamente perjudicial, y el tribunal puede ordenar la compra de acciones, una indemnización, la regulación de la conducta futura de la sociedad, el nombramiento de un administrador judicial o la liquidación (artículo 230). Se considera injustamente perjudicial el incumplimiento de las normas sobre adjudicación de acciones y suscripción preferente (artículos 58 a 61), de las normas sobre operaciones con interés (artículos 167 y 168), de las normas de recompra (artículo 177), de asistencia financiera (artículo 186), de materias que requieren acuerdo especial (artículo 191) o de operaciones relevantes (artículo 197). Un accionista o un administrador también puede solicitar autorización para ejercitar una acción derivada en nombre de la sociedad (artículos 231 a 234). Estas demandas son competencia del tribunal mercantil con arreglo a la Ley n.º 30/2018, de 02/06/2018, que determina la competencia de los tribunales (artículo 81), salvo que las partes hayan pactado el arbitraje.

Ejercicio del derecho legal de compra forzosa como socio disidente

  1. Comprobar que el acuerdo da derecho a la compraEl acuerdo especial debe aprobar una operación relevante, una fusión, un cambio de forma, una modificación de la capacidad de la sociedad o de las restricciones a su actividad, o una medida que afecte a los derechos de una clase (artículos 106 y 240).
  2. Votar en contra con todas sus accionesEmita en contra del acuerdo todos los votos inherentes a las acciones inscritas a su nombre, o mantenidas para el mismo titular real, o no firme el acuerdo escrito; una abstención parcial hace perder el derecho.
  3. Notificar por escrito sin demoraSolicite por escrito a la sociedad que compre todas sus acciones dentro de los diez días hábiles siguientes al anuncio del resultado (artículo 241), el más corto de los dos plazos de la Ley.
  4. Recibir la decisión del consejoEn un plazo de 20 días hábiles, los administradores aceptan comprar, buscan un comprador tercero, solicitan al tribunal una exención o deciden no seguir adelante con la medida (artículo 241).
  5. Recibir y contrastar el precioDentro de los cinco días hábiles siguientes a la aceptación de la compra, los administradores proponen un precio justo y razonable (artículo 242); obtenga su propia valoración.
  6. Oponerse en un plazo de diez días hábiles si es necesarioUna oposición por escrito somete el precio a arbitraje; la sociedad debe pagar el precio propuesto en un plazo de cinco días hábiles como precio provisional, con la diferencia y los intereses si el árbitro fija una cifra superior.
  7. Completar la transmisión y el impuestoLas acciones compradas por la sociedad se amortizan (artículos 184 y 242); la ganancia está sujeta al impuesto del 10 % sobre las ganancias de capital, que la sociedad retiene e ingresa dentro de los 15 días siguientes al mes de la transmisión.

Arrastre, acompañamiento y opciones de venta y de compra: cómo hacerlos eficaces

La legislación ruandesa no contiene ninguna de las cláusulas de salida habituales, por lo que su eficacia depende de la redacción. El derecho de tanteo funciona mejor como una restricción estatutaria que el consejo está expresamente facultado para hacer cumplir denegando la inscripción con arreglo al artículo 75. El derecho de acompañamiento (tag-along) obliga a la mayoría vendedora a procurar que el comprador ofrezca las mismas condiciones a la minoría; es una promesa contractual y debería respaldarse con una disposición estatutaria según la cual el consejo no inscribirá una transmisión que lo infrinja. El derecho de arrastre (drag-along), en virtud del cual una mayoría que acepta la oferta de un tercero puede exigir a la minoría que venda en las mismas condiciones, requiere una cláusula estatutaria, un poder de cada accionista que permita firmar en su nombre el formulario de transmisión y un mecanismo para abonar la contraprestación en una cuenta designada. Las acciones solo se transmiten mediante su inscripción en el registro, sobre la base de un formulario de transmisión firmado acompañado del certificado (artículo 75), y el registro debe actualizarse en un plazo de siete días y el índice en un plazo de 14 días (artículos 114 y 115, en su versión modificada).

Las opciones de venta y de compra entre los socios son contratos ordinarios. Cuando sea la propia sociedad quien compre las acciones, se aplican las normas de recompra: las ofertas deben ser ofertas generales o especiales precedidas de acuerdos y certificados del consejo (artículos 176 a 179), cualquier accionista o la propia sociedad puede pedir al tribunal que impida una adquisición no equitativa (artículo 180), y las acciones adquiridas se amortizan con notificación al Registrar General en un plazo de 15 días (artículo 184). El contrato por el que la sociedad compra sus propias acciones es exigible en forma específica, salvo cuando su cumplimiento haga que la sociedad no supere la prueba de solvencia o deje en circulación únicamente acciones rescatables (artículo 185), por lo que una opción de venta frente a la sociedad vale tanto como su solvencia. Las fórmulas de precio basadas en múltiplos de beneficios, en el activo neto o en una valoración independiente deberían precisar el tasador, la fecha contable y el tratamiento de los préstamos de los accionistas.

Toda salida tiene dos consecuencias regulatorias. En primer lugar, el ejercicio de una opción que haga pasar la empresa conjunta del control conjunto al control exclusivo constituye por sí mismo un cambio de control con arreglo al artículo 10 de la Ley n.º 011/2026 y puede tener que notificarse antes de su realización (Control de concentraciones y competencia); en el caso de un banco, superar el 5 % o cualquier umbral de supervisión requiere la autorización previa del National Bank of Rwanda (BNR) con arreglo a la Ley n.º 044/2024, de 30/05/2024, que regula los bancos. En segundo lugar, la fiscalidad: la venta de acciones no cotizadas soporta el impuesto sobre las ganancias de capital al 10 % de la ganancia desde el 29 de mayo de 2025, que grava las transmisiones directas o indirectas en Ruanda o en el extranjero y que la sociedad residente cuyo accionariado ha cambiado retiene e ingresa dentro de los 15 días siguientes al mes de la transmisión (artículo 37 de la Ley n.º 027/2022, sustituido por la Ley n.º 014/2025); y un cambio de más del 25 % en la titularidad de una sociedad no cotizada le hace perder sus pérdidas fiscales no aplicadas, salvo que el cambio sea una reorganización interna que mantenga a todos los accionistas con una antigüedad de al menos tres años (artículo 31). Los precios de las opciones deberían fijarse netos de ambos efectos o con un ajuste por ellos (Ganancias de capital, impuestos inmobiliarios y otros impuestos).

Empresas conjuntas y Derecho de la competencia

Con arreglo al artículo 10 de la Ley n.º 011/2026, en vigor desde el 4 de marzo de 2026, una concentración comprende la creación de una empresa conjunta con plenas funciones que, de forma duradera, desempeñe las funciones de una entidad económica autónoma (artículo 10, apartado 1, letra c), así como cualquier adquisición del control de la totalidad o de parte de una empresa. El control comprende la titularidad de más de la mitad del capital, del negocio o de los activos, la capacidad de ejercer una influencia decisiva mediante la mayoría de los votos o la facultad de nombrar o vetar a la mayoría del consejo, y la «influencia significativa sobre la política comercial» (artículo 10, apartado 2). Por tanto, los derechos de veto sobre el presupuesto, el plan de negocio o los nombramientos de la alta dirección pueden otorgar el control a cada socio, de modo que la empresa conjunta quede bajo control conjunto. Una concentración notificable debe notificarse dentro de los 30 días siguientes a la decisión de concentrarse; la autoridad resuelve dentro de los 45 días siguientes a una notificación completa, plazo prorrogable una sola vez hasta 15 días; el examen tiene efecto suspensivo, y la aprobación se presume si no se respeta el plazo (artículos 11 y 14). Los umbrales y las tasas de notificación de Ruanda deben fijarse mediante reglamento de la autoridad de competencia, que no se había publicado a 10 de octubre de 2026, y las operaciones por debajo de los umbrales pueden ser requeridas para su examen dentro de los 12 meses siguientes a su realización (artículo 11, apartado 3).

Una empresa conjunta con presencia regional también debe analizarse a la luz del Reglamento de Competencia y Protección del Consumidor de 2025 del COMESA, aprobado por el Consejo del COMESA el 4 de diciembre de 2025 y en vigor, según los profesionales, desde el 5 de diciembre de 2025, que contiene un criterio específico para las empresas conjuntas (artículo 41, apartado 6, del Reglamento) y, según los profesionales, considera que una empresa conjunta tiene plenas funciones cuando está destinada a operar durante tres años o más, así como a la luz del régimen de concentraciones de la EAC aplicado desde el 1 de noviembre de 2025. Ambos regímenes regionales tienen efecto suspensivo. Una empresa conjunta sin plenas funciones, como un acuerdo de compra conjunta o de investigación entre competidores, se analiza en cambio a la luz de la prohibición de los acuerdos horizontales contrarios a la competencia del artículo 4 de la Ley n.º 011/2026, que prohíbe la fijación de precios, la limitación de la producción, la manipulación de licitaciones y el reparto de mercados; los acuerdos que generen eficiencias pueden autorizarse por un período limitado con arreglo a los artículos 6 y 7. Las cláusulas de no competencia y de exclusiva del acuerdo de empresa conjunta no deberían ir más allá de lo que exija el negocio de la empresa conjunta.

Bloqueo y resolución de controversias

Una empresa conjunta al 50 %, o una con amplias materias reservadas, quedará bloqueada salvo que los documentos prevean una salida. La secuencia habitual es la escalada a la alta dirección, después la mediación y, por último, un mecanismo de compraventa: una cláusula de «ruleta rusa», en la que un socio fija un precio al que el otro debe comprar o vender; un «duelo texano» (Texas shoot-out), con ofertas en sobre cerrado; o una opción de venta o de compra a una valoración fijada por un experto independiente. Cada uno de ellos requiere un hecho desencadenante claro, una materia de bloqueo definida, plazos y un período de financiación, y debería reproducirse en los estatutos para que la sociedad inscriba la transmisión resultante.

Las controversias entre socios suelen someterse a arbitraje con arreglo a la Ley n.º 005/2008, de 14/02/2008, de arbitraje y conciliación en materia mercantil, a menudo en el Kigali International Arbitration Centre (KIAC), o a una sede extranjera; la elección por las partes de la ley aplicable y del foro se respeta en general en materia mercantil (pregunta frecuente 72; La ley de arbitraje y el KIAC). A falta de un mecanismo contractual, los remedios subsidiarios son toscos. Un accionista puede pedir al tribunal que declare la liquidación de la sociedad cuando sea «justo y equitativo» hacerlo (artículo 104 de la Ley n.º 075/2021, de 06/12/2021, de insolvencia), o ejercitar una demanda por perjuicio injusto con arreglo al artículo 230 de la Ley de Sociedades, en cuyo caso el tribunal puede ordenar a un socio que compre la participación del otro. Ambas vías llevan tiempo y destruyen valor, por lo que la cláusula de bloqueo merece tanta negociación como el plan de negocio.

Guía de decisión

¿Qué vía de salida tiene un socio de una empresa conjunta?

Una guía de decisión para el socio que desee abandonar una sociedad conjunta ruandesa. Responda por orden; la primera vía a la que se llega suele ser la más rápida, no la única.

  1. ¿Le confieren el pacto de accionistas o los estatutos una opción de venta, un mecanismo de compraventa en caso de bloqueo o el derecho a exigir una venta?
    SíEjérzalo con arreglo a sus condiciones y plazos; compruebe si el paso del comprador al control exclusivo requiere una notificación de concentración con arreglo a la Ley n.º 011/2026 y organice la retención por la sociedad del impuesto del 10 % sobre las ganancias de capital.
    NoPase a la pregunta 2.
  2. ¿Puede vender a un tercero, con sujeción al derecho de tanteo y a la facultad estatutaria del consejo de denegar la inscripción?
    SíOfrezca primero las acciones al otro socio si los estatutos así lo exigen y, después, venda; el consejo solo puede denegar la inscripción cuando los estatutos lo permitan expresamente, en un plazo de 30 días hábiles y de forma motivada (artículo 75).
    NoPase a la pregunta 3.
  3. ¿Propone la sociedad un acuerdo especial sobre una operación relevante, una fusión, un cambio de forma o de capacidad, o los derechos de una clase?
    SíVote en contra con todas sus acciones y notifique en un plazo de diez días hábiles que exige a la sociedad la compra de sus acciones a un precio justo y razonable, con arbitraje sobre el precio (artículos 240 a 242).
    NoPase a la pregunta 4.
  4. ¿Se están gestionando los asuntos de la sociedad de forma injustamente perjudicial para usted, o se encuentra la sociedad en un bloqueo irreversible?
    SíAcuda al tribunal mercantil con arreglo al artículo 230 para obtener una orden de compra de sus acciones, o con arreglo al artículo 104 de la Ley n.º 075/2021 para la liquidación por motivos justos y equitativos; compruebe antes cualquier cláusula de arbitraje.
    NoNegocie una salida acordada: una venta al socio, una recompra con arreglo a los artículos 176 a 179 o una admisión a cotización si la sociedad pudiera cumplir los requisitos.

Ejemplo práctico

Ejercicio de una opción de venta en una empresa conjunta de Kigali

Un fabricante keniano es titular del 60 % y un distribuidor ruandés del 40 % de una sociedad conjunta de Kigali. En el quinto año, el socio ruandés ejercita una opción de venta que obliga al socio keniano a comprar su 40 % sobre la base de un valor de los fondos propios fijado por valoración independiente de 2 000 000 000 RWF. El socio ruandés pagó 300 000 000 RWF por sus acciones. Cifras ilustrativas.

Precio de la opción de venta40 % × 2 000 000 000 RWF = 800 000 000 RWF.
Ganancia800 000 000 RWF − 300 000 000 RWF = 500 000 000 RWF.
Impuesto sobre las ganancias de capital10 % × 500 000 000 RWF = 50 000 000 RWF, retenidos e ingresados por la sociedad conjunta dentro de los 15 días siguientes al final del mes de la transmisión (Ley n.º 014/2025).
Producto neto para el vendedor800 000 000 RWF − 50 000 000 RWF = 750 000 000 RWF, antes de cualquier deducción que el vendedor pueda aplicar en su propio impuesto sobre la renta.
Cambio de controlEl socio keniano pasa del control conjunto (el socio ruandés tenía derechos de veto sobre el presupuesto) al control exclusivo: una concentración con arreglo al artículo 10 de la Ley n.º 011/2026, que debe analizarse a la luz de los umbrales de la autoridad de competencia una vez publicados y, si es notificable, autorizarse antes de su realización.
Pérdidas fiscalesLa titularidad cambia en un 40 %, más del 25 %, por lo que se pierden las pérdidas fiscales no aplicadas de la sociedad, por ejemplo de 120 000 000 RWF, con arreglo al artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; las partes pueden ajustar el precio.
TrámitesFormulario de transmisión y certificado entregados a la sociedad; registro actualizado en un plazo de 7 días e índice en un plazo de 14 días; cambio de titularidad real comunicado en un plazo de 14 días; comunicación al RDB si la sociedad es un inversor registrado y el cambio altera su inversión.

Si la propia sociedad hubiera estado obligada a comprar las acciones, el artículo 185 solo habría hecho exigible la obligación si la sociedad pudiera pagar y seguir superando la prueba de solvencia.

Antes de confiar en ella, debería confirmarse con la Rwanda Revenue Authority si la exención de las ganancias de capital del Código de Inversiones para los inversores registrados sigue aplicándose tras la Ley n.º 014/2025.

Preguntas de los inversores

¿Son exigibles los pactos de accionistas en Ruanda?

Sí, como contratos entre las partes. La Ley n.º 007/2021, que regula las sociedades, no los regula, pero solo vinculan a sus firmantes. Las disposiciones que la sociedad debe respetar, como las restricciones a la transmisión, los derechos de nombramiento de consejeros, el arrastre y la adquisición preferente, deberían reproducirse en los estatutos, que vinculan a la sociedad y a los futuros accionistas y en los que se basa el consejo al inscribir las transmisiones con arreglo al artículo 75.

¿Puede un administrador de una empresa conjunta votar en interés del socio que lo nombró?

Solo si los estatutos lo permiten expresamente. El artículo 147 de la Ley de Sociedades permite al administrador de una sociedad que desarrolla una empresa conjunta entre sus accionistas actuar en el mejor interés de un accionista, incluso en contra del interés de la sociedad, cuando los documentos constitutivos así lo prevean expresamente. El administrador sigue sujeto al deber relativo a la solvencia y a las normas sobre conflictos de intereses.

¿Existe un derecho legal de tanteo en las transmisiones de acciones de una sociedad ruandesa?

No. El artículo 59 confiere a los accionistas de una sociedad privada un derecho de suscripción preferente únicamente sobre las acciones de nueva emisión. El derecho de tanteo en las transmisiones de acciones existentes debe recogerse en los estatutos, a los que una sociedad privada debe recurrir para restringir las transmisiones con arreglo a los artículos 7 y 8, y el consejo solo puede denegar la inscripción cuando los estatutos lo permitan expresamente.

¿Puede un accionista minoritario obligar a la sociedad a comprar sus acciones?

Sí, en casos limitados. El accionista que vote con todas sus acciones en contra de un acuerdo especial que apruebe una operación relevante, una fusión, un cambio de forma o de capacidad o una modificación de los derechos de una clase puede exigir a la sociedad que las compre a un precio justo y razonable, con arbitraje si se discute el precio (artículos 106 y 240 a 246). En otro caso, el tribunal puede ordenar una compra por perjuicio injusto con arreglo al artículo 230.

¿Necesita una empresa conjunta autorización de competencia en Ruanda?

Puede necesitarla. La creación de una empresa conjunta con plenas funciones que opere de forma duradera como entidad económica autónoma es una concentración con arreglo al artículo 10 de la Ley n.º 011/2026. Una concentración notificable debe notificarse dentro de los 30 días siguientes a la decisión y no puede ejecutarse antes de su aprobación, que se produce en un plazo de 45 días, prorrogable en 15. Los umbrales están pendientes del reglamento; también pueden ser necesarias notificaciones al COMESA y a la EAC.

¿Qué impuesto paga un socio cuando vende su participación en una empresa conjunta ruandesa?

El impuesto sobre las ganancias de capital al 10 % de la ganancia sobre acciones no cotizadas, desde el 29 de mayo de 2025, que se aplica tanto si la venta es directa como indirecta y tanto en Ruanda como en el extranjero, y que la sociedad conjunta retiene e ingresa dentro de los 15 días siguientes al mes de la transmisión. Además, un cambio de más del 25 % en la titularidad hace perder a la sociedad sus pérdidas fiscales con arreglo al artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Términos que encontrará en los documentos

InglésKinyarwandaFrancésSignificado
Pre-emption right—Droit de préemptionEl derecho del accionista de una sociedad privada a suscribir a prorrata nuevas acciones antes de que se ofrezcan a terceros (artículo 59).
Transfer of sharesIhererekanya ry'imigabaneCession d'actionsLa transmisión de la titularidad de las acciones mediante su inscripción en el registro sobre la base de un formulario de transmisión firmado, con sujeción a los documentos constitutivos (artículo 75).
Fundamental duty of a director—Devoir fondamental d'un administrateurEl deber de actuar de buena fe en el mejor interés de la sociedad, que los estatutos pueden modificar para los administradores de empresas conjuntas (artículo 147).
Major transactionIgikorwa gihambayeTransaction capitaleLa adquisición de activos por valor del 10 % o más de los activos de la sociedad, o la enajenación de más de la mitad de ellos o la asunción de obligaciones por ese valor (artículo 196).
AmalgamationIkomatanya ry'amasosiyeteFusion de sociétésLa unión de dos o más sociedades en una sola con arreglo a los artículos 198 a 206, que requiere autorización de competencia antes de su ejecución.
Buy-outIgururwaRachatEl derecho del accionista disidente a exigir a la sociedad que compre sus acciones (artículos 240 a 246).
Unfair prejudice—Préjudice injusteLa gestión de los asuntos de la sociedad de forma perjudicial para un accionista, un administrador o un titular de valores, respecto de la cual el tribunal puede ordenar una compra de acciones o la liquidación (artículo 230).
Derivative actionIkirego kiziguyeAction obliqueLa acción ejercitada por un accionista o un administrador en nombre de la sociedad, con autorización del tribunal (artículos 231 a 234).
Full-function joint venture—Coentreprise de plein exerciceUna empresa conjunta que desempeña de forma duradera todas las funciones de una entidad económica autónoma; su creación es una concentración con arreglo al artículo 10, apartado 1, letra c), de la Ley n.º 011/2026.
Special resolutionUmwanzuro udasanzweRésolution spécialeUna decisión de los accionistas que requiere el 75 % de los votos emitidos, o más si así lo establecen los documentos; necesaria para las materias del artículo 191.
Siguiente en este capítulo · 8.7Cierre de una sociedadLas vías para cerrar una sociedad ruandesa solvente, en el orden en que se recorren: la liquidación a cargo de un administrador concursal autorizado, la cancelación registral sin liquidador, la baja de oficio por el Registrar General, las salidas tributaria y del régimen de inversores, y los riesgos que persiguen a la sociedad una vez desaparecida.Continuar →

En esta guía

Preguntas frecuentes de los inversores

Fuentes oficiales

¿Tiene alguna pregunta sobre su propia situación?

Pregunte a Rwandabot, el asistente de información jurídica de Be Rwanda Wise, basado en IA. Consulta las fuentes oficiales ruandesas y le remite a la norma aplicable. También puede leer cómo encontrar y comprobar un abogado en Ruanda.

Preguntar a Rwandabot sobre este temaEncontrar un abogado

Esta página ofrece información jurídica y fiscal, no asesoramiento jurídico. Los tipos, umbrales y procedimientos cambian; el contenido se revisa con las fuentes oficiales, pero antes de actuar confirme cualquier punto importante con la autoridad competente o con un abogado inscrito en la Rwanda Bar Association. Las leyes se publican en kinyarwanda, inglés y francés en el Diario Oficial; solo el texto publicado en el Diario Oficial es auténtico. La edición en español de esta guía está traducida de la edición en inglés.