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Capítulo 8 · Sección 8.7 de 8

Liquidación, baja en el registro y baja tributaria: cierre de una sociedad ruandesa solvente mediante liquidación voluntaria conforme a la Ley n.º 075/2021 o cancelación registral conforme a la Ley de Sociedades, obligaciones y plazos del liquidador, baja de oficio por el Registrar General, atribución al Estado y reinscripción, baja ante la RRA, comunicación al RDB, trabajadores y repatriación del remanente

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Lo esencial

Las vías de salida y la ley que rige cada una

El cierre de una sociedad ruandesa implica dos leyes. La Ley n.º 075/2021, de 06/12/2021, relativa a la insolvencia (Official Gazette (Diario Oficial) n.º especial, de 30/12/2021), en vigor desde el 30 de diciembre de 2021, regula la liquidación tanto de las sociedades insolventes como de las que no lo son: su ámbito de aplicación incluye expresamente la «liquidación voluntaria de una sociedad y de una sociedad de personas que no son insolventes» (artículo 2, apartado 4). La Ley n.º 007/2021, de 05/02/2021, que regula las sociedades, modificada por la Ley n.º 019/2023, de 30/03/2023, regula la cancelación de la inscripción de una sociedad en el registro de sociedades, las consecuencias de la cancelación y la reinscripción (artículos 208 y 280 a 289). Por tanto, una disolución solvente se tramita conforme a la ley de insolvencia aunque nadie sea insolvente, y termina conforme a la Ley de Sociedades cuando el Registrar General da de baja a la sociedad.

En la práctica existen cuatro vías. La liquidación voluntaria acordada por los accionistas, en la que estos nombran a un administrador concursal autorizado para realizar los activos, pagar a los acreedores y distribuir el saldo, conviene a una sociedad con activos, contratos, trabajadores o acreedores que atender. La cancelación a solicitud conforme a los artículos 208 y 281, sin liquidador, conviene a una sociedad que ya ha cesado su actividad, ha pagado a todos y ha distribuido sus activos. La baja de oficio por el Registrar General conforme al artículo 281 afecta a las sociedades que dejan de presentar documentación, y es un riesgo más que un método. Y una sociedad que no puede pagar sus deudas se somete a los procedimientos de insolvencia descritos en Insolvencia y reestructuración. Una sociedad que desee hacer una pausa en lugar de cerrar puede inscribirse como inactiva mediante acuerdo especial y seguir presentando declaraciones anuales (artículos 263 a 268; Calendario de cumplimiento tras la inscripción).

Formas de cerrar o suspender una sociedad ruandesa

VíaQuién la iniciaFundamento jurídicoConviene aCondición esencial
Liquidación voluntaria (solvente)Los accionistas mediante acuerdo especial, o los administradores si los estatutos lo permitenLey n.º 075/2021, artículos 2, apartado 4, y 102 a 135; Ley de Sociedades, artículo 191, apartado 5Sociedades con activos que realizar, acreedores que pagar o trabajadores que despedirUn administrador concursal autorizado que consienta por escrito
Cancelación de una sociedad solvente a solicitudLos accionistas mediante acuerdo especial, o el consejo de administración si los estatutos lo permitenLey de Sociedades, artículos 191, apartado 6, 208 y 281, apartado 3Sociedades que ya han cesado su actividad y lo han liquidado todoPasivo satisfecho y remanente distribuido, o sin remanente y sin ningún acreedor que solicite la liquidación; no objeción escrita de la RRA
Baja de oficio por el Registrar GeneralRegistrar GeneralLey de Sociedades, artículo 281, apartado 2No es una vía planificadaCese de la actividad sin motivo para continuar, tasas impagadas o falta de declaración anual
Liquidación ordenada por el tribunalLa sociedad, un administrador, un accionista, un acreedor o el Registrar GeneralLey n.º 075/2021, artículo 104Insolvencia, incumplimiento grave o bloqueoImposibilidad de pagar las deudas, incumplimiento persistente de la Ley de Sociedades o motivos justos y equitativos
InactividadLos accionistas mediante acuerdo especialLey de Sociedades, artículos 263 a 268Una pausa, no una salidaSin operaciones contables significativas; se siguen presentando las declaraciones anuales; no aplicable a los bancos

Liquidación voluntaria: nombramiento, anuncio y efectos

La disolución y liquidación de una sociedad es una facultad reservada a los accionistas mediante acuerdo especial (artículo 191, apartado 5, de la Ley de Sociedades), que requiere el 75 % de los votos emitidos salvo que los estatutos establezcan una mayoría superior. Conforme al artículo 103 de la ley de insolvencia, el liquidador es nombrado por los accionistas mediante acuerdo especial, por los administradores o cualquier otra persona si los documentos constitutivos lo exigen o permiten, o por el tribunal, y el nombramiento no surte efecto si la persona no ha dado su consentimiento por escrito. Una sociedad entra en liquidación con el nombramiento de un liquidador, y la liquidación comienza en la fecha del nombramiento (artículo 102). El liquidador debe ser un administrador concursal, y nadie puede actuar como tal sin autorización (artículo 231); actuar sin la cualificación exigida es un delito castigado con pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 500 000 a 2 000 000 RWF, o con una de estas penas (artículo 263). No puede ser liquidador un acreedor de la sociedad o de una sociedad vinculada, ni quien haya sido accionista, administrador o auditor de la sociedad o de una sociedad vinculada en los dos años anteriores (artículo 232), de modo que ni el director financiero del grupo ni el auditor de la sociedad pueden asumir esa función. Los acreedores pueden pedir al tribunal, en un plazo de 15 días hábiles y por motivos razonables, que sustituya al liquidador nombrado (artículo 103).

En un plazo de cinco días hábiles desde el inicio, el liquidador publica un anuncio de la liquidación en el que consta la fecha de inicio, su nombre completo y la dirección de su despacho, y entrega una copia al Registrar General (artículo 106); a partir de entonces, toda factura, pedido y carta comercial debe indicar «en liquidación» tras la denominación de la sociedad. Los efectos son inmediatos (artículo 107): el liquidador asume la custodia y el control de los bienes de la sociedad; los directivos siguen en sus cargos pero pierden sus facultades, salvo en lo que la Ley permita; no puede iniciarse ni continuarse ninguna ejecución ni ningún procedimiento judicial contra la sociedad sin el consentimiento escrito del liquidador o una resolución judicial, si bien un acreedor garantizado puede tomar posesión de su garantía y realizarla; no puede transmitirse ninguna acción ni alterarse los derechos u obligaciones de ningún accionista; los accionistas no pueden ejercer las facultades que les confieren los estatutos; y los estatutos no pueden modificarse, salvo que el liquidador puede trasladar el domicilio social. Los administradores actuales y antiguos, el secretario y los trabajadores deben revelar todos los bienes de la sociedad y las disposiciones realizadas fuera del curso ordinario de los negocios, y entregar los bienes y los registros al liquidador (artículo 117).

El desarrollo de la liquidación: informes, créditos y reparto

Las obligaciones del liquidador son reunir, realizar y distribuir los activos o su producto; asumir la custodia de todos los activos; mantener separado el dinero de la sociedad; llevar una contabilidad y unos registros completos de la liquidación durante al menos diez años después de su conclusión; y permitir su examen por una comisión de control y, si el tribunal lo ordena, por un acreedor o un accionista (artículo 113). En un plazo de 20 días hábiles desde el inicio, el liquidador envía a cada acreedor y accionista conocido un informe sobre la situación de la sociedad, propuestas para llevar a cabo la liquidación y su fecha estimada de conclusión, junto con una notificación de su derecho a exigir una junta de acreedores (artículo 110); en un plazo de 20 días hábiles tras cada período de seis meses, se remite un informe intermedio a los acreedores, a los accionistas y al Registrar General (artículo 111). Dos o más acreedores o accionistas pueden exigir una junta, con un preaviso mínimo de cinco días hábiles, entre otras cosas para nombrar una comisión de control de al menos tres miembros (artículos 128 y 130). El liquidador puede renunciar a bienes onerosos, como un arrendamiento no rentable, en cuyo caso la contraparte puede reclamar como acreedor (artículo 116), y puede exigir información a cualquier persona que conozca los asuntos de la sociedad (artículo 115).

Los créditos se valoran en la fecha de inicio y no se admiten los intereses posteriores al inicio (artículo 204); las deudas recíprocas se compensan (artículo 206); y un acreedor no garantizado puede reclamar sin formalidades, salvo que el liquidador exija una declaración jurada (artículo 207). Un reclamante rechazado puede presentar una reclamación revisada en un plazo de diez días hábiles y acudir al tribunal en un plazo de 21 días hábiles desde la recepción de los motivos escritos del liquidador (artículo 209). En una liquidación solvente se paga íntegramente a todos los acreedores, pero el orden legal del artículo 212 sigue rigiendo la secuencia, que empieza por los costes de la liquidación y los honorarios del liquidador. A continuación, el remanente se distribuye entre los accionistas de conformidad con los documentos constitutivos y las leyes aplicables (artículo 213). Antes de concluir, el liquidador envía a los acreedores y accionistas un informe de conclusión con el informe y las cuentas finales y un resumen de los motivos por los que pueden oponerse a la cancelación de la sociedad en el registro (artículo 112). La liquidación concluye cuando el liquidador entrega al Registrar General un informe final, las cuentas finales y una declaración de que todos los activos conocidos han sido objeto de renuncia, realizados o distribuidos, de que se ha distribuido todo el producto y de que la sociedad está en condiciones de ser dada de baja; el liquidador cesa entonces en su cargo (artículo 109), y el Registrar General da de baja a la sociedad (artículo 281, apartado 5).

Una disolución solvente, por orden

  1. Revisar en el consejo y comprobar la solvenciaConfirme que la sociedad puede pagar íntegramente todas sus deudas; de lo contrario, se aplican en su lugar los procedimientos de insolvencia. Elabore un presupuesto de cierre que cubra trabajadores, impuestos, arrendadores y contratos.
  2. Comunicarlo al RDB si se trata de un inversor registradoInforme por escrito al RDB con 30 días de antelación antes de poner fin a las operaciones, indicando el cambio (artículo 27 de la Ley n.º 006/2021); el RDB actúa sobre el certificado de inversión conforme al artículo 28.
  3. Ocuparse de la plantillaEn caso de despido por causas económicas, informe a los representantes de los trabajadores y después, por escrito, al inspector de trabajo, conceda un preaviso de 15 o 30 días según la antigüedad, abone prestaciones por terminación equivalentes al menos a dos meses de salario medio en un plazo de siete días hábiles (artículos 21, 22, 24 y 31 de la Ley del Trabajo) e informe a la DGIE cuando finalice el contrato de un trabajador extranjero.
  4. Adoptar el acuerdo especialLos accionistas acuerdan la liquidación y nombran a un administrador concursal autorizado que haya consentido por escrito (artículo 191, apartado 5, de la Ley de Sociedades; artículos 102 y 103 de la ley de insolvencia).
  5. Publicar el anuncio en un plazo de cinco días hábilesEl liquidador publica el anuncio y entrega una copia al Registrar General (artículo 106); la mención «en liquidación» figura en todos los documentos.
  6. Emitir el informe preliminar en un plazo de 20 días hábilesSe envía a cada acreedor y accionista conocido, con indicación del derecho a convocar una junta de acreedores (artículo 110); le siguen informes intermedios cada seis meses (artículo 111).
  7. Realizar los activos y liquidar los créditosCobrar las deudas, vender los activos, renunciar a los contratos onerosos, admitir o rechazar los créditos (artículos 113, 116 y 204 a 209), pagar las cotizaciones al RSSB y presentar las declaraciones tributarias finales.
  8. Tributar por el repartoTrate el remanente como un dividendo en el último período impositivo (artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta), practique la retención cuando proceda y obtenga de la RRA los certificados de conformidad relacionados con la liquidación.
  9. Distribuir y repatriarPague el remanente a los accionistas conforme a los estatutos (artículo 213); un accionista extranjero puede repatriarlo conforme al artículo 12 del Código de Inversiones, con documentación bancaria sobre el origen de los fondos.
  10. Presentar el informe final y obtener la cancelaciónEntregue el informe final, las cuentas finales y la declaración al Registrar General (artículo 109); la sociedad se da de baja del registro (artículo 281, apartado 5) y a efectos tributarios en el portal E-tax de la RRA.

Cancelación registral sin liquidador

Una sociedad que ya ha liquidado su actividad puede prescindir de la liquidación. El artículo 191, apartado 6, reserva a los accionistas, mediante acuerdo especial, la facultad de solicitar que la sociedad, si es solvente, sea dada de baja del registro, y el artículo 208 establece dos supuestos alternativos: que la sociedad haya cesado en su actividad, haya satisfecho íntegramente sus obligaciones frente a todos los acreedores conocidos y haya distribuido sus activos remanentes de conformidad con sus documentos constitutivos o con la ley de insolvencia; o que la sociedad no tenga activos remanentes tras pagar sus deudas total o parcialmente y ningún acreedor haya solicitado al tribunal una resolución que la declare en liquidación. La solicitud se presenta en el formulario aprobado por el Registrar General, por un accionista autorizado mediante acuerdo especial o por el consejo de administración si los estatutos lo permiten (artículo 281, apartado 3), y debe ir acompañada de una notificación escrita de la Rwanda Revenue Authority en la que conste que no se opone a la cancelación (artículo 281). La página en línea del RDB sobre la baja de sociedades no estaba disponible cuando se consultó para esta guía, por lo que los documentos justificativos que el ORG exige actualmente, además del acuerdo especial y la no objeción de la RRA, así como cualquier tasa, deben confirmarse con el Office of the Registrar General (ORG) antes de la presentación; también se suele aportar un certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias reciente.

El Registrar General no da de baja a la sociedad de inmediato. Conforme al artículo 282, el aviso de la cancelación prevista se envía a la sociedad, a cada parte garantizada con un derecho inscrito sobre sus bienes y a la RRA, y se publica un anuncio en un plazo de 30 días, con indicación de los motivos y de una fecha para formular oposiciones al menos 20 días hábiles después del anuncio. Cualquier persona puede oponerse alegando que la sociedad sigue ejerciendo su actividad, es parte en un procedimiento judicial, está en administración judicial o en liquidación, tiene con el oponente una deuda no satisfecha, tiene una acción que el oponente desea ejercitar, o que la cancelación no sería justa y equitativa (artículo 283). Una oposición basada en los tres primeros motivos impide la cancelación salvo que se retire o sea falsa o temeraria; en los demás casos, el oponente debe acreditar en un plazo de 30 días que ha solicitado al tribunal la liquidación o una resolución que impida la cancelación de la sociedad; en caso contrario, el Registrar General sigue adelante (artículos 284 y 285). El segundo supuesto del artículo 208, la cancelación sin remanente tras pagar las deudas «total o parcialmente», no es una forma de eludir a los acreedores: un acreedor impagado puede oponerse y solicitar la liquidación, y la responsabilidad de los administradores subsiste tras la cancelación.

La baja de oficio por el Registrar General y lo que sigue a la cancelación

El Registrar General también da de baja sociedades por iniciativa propia cuando considera acreditado que una sociedad ha cesado en su actividad sin motivo fundado para seguir existiendo, no ha pagado las tasas debidas conforme a la Ley o no ha presentado su declaración anual (artículo 281, apartado 2), siguiendo el mismo procedimiento de anuncio. La magnitud es considerable: la revisión de 2024 del Foro Global de la OCDE recoge 7810 sociedades dadas de baja a 30 de junio de 2024, con 5622 sociedades inactivas que seguían inscritas en el registro. La sucursal de una sociedad extranjera se da de baja cuando no responde en un plazo de tres meses a una consulta del Registrar General o comunica que ha cesado su actividad en Ruanda (artículo 256), y cuando una sociedad extranjera entra en liquidación o se disuelve en su país de origen, su representante autorizado en Ruanda debe notificarlo al Registrar General (artículo 118 de la ley de insolvencia).

La cancelación tiene tres consecuencias que los inversores suelen pasar por alto. En primer lugar, la sociedad deja de existir, pero la responsabilidad de cualquier antiguo administrador o accionista, o de cualquier otra persona, por actos u omisiones anteriores a la cancelación subsiste y puede exigirse como si la sociedad no se hubiera cancelado (artículo 280); por tanto, las reclamaciones tributarias y laborales contra los administradores pueden sobrevivir. En segundo lugar, los bienes no distribuidos ni objeto de renuncia antes de la cancelación, incluidos los bienes en arrendamiento y otros derechos de los que fuera titular la sociedad, se consideran bienes sin dueño y se atribuyen al Estado (artículo 286). Una cuenta bancaria olvidada, un arrendamiento de suelo o un registro de propiedad intelectual a nombre de una sociedad dada de baja pasan al Estado; el Registrar General puede renunciar a los bienes onerosos, y la persona que habría tenido derecho a los bienes puede solicitar al tribunal que se le atribuyan o que se le indemnice. En tercer lugar, los registros de la sociedad deben depositarse ante el Registrar General en un plazo de 30 días desde que la sociedad deja de existir, por su secretario, sus administradores o su liquidador (artículo 111, en su versión modificada).

Reinscripción en el registro

La cancelación puede revertirse, dentro de ciertos límites. Conforme al artículo 287, modificado por la Ley n.º 019/2023, el Registrar General puede reinscribir una sociedad, por iniciativa propia o a solicitud de un accionista, administrador, acreedor o liquidador que pague la tasa establecida, cuando considere acreditado que, tras la cancelación, la sociedad seguía ejerciendo su actividad o existía otro motivo para que continuara, era parte en un procedimiento judicial o estaba sometida a un procedimiento de insolvencia. El solicitante paga un anuncio en dos diarios de amplia difusión, en el que constan la sociedad, el solicitante y los motivos, con una fecha para formular oposiciones no inferior a 30 días desde el anuncio; una oposición presentada en ese plazo impide la reinscripción por el Registrar General. Antes de reinscribirla, el Registrar General exige a la sociedad que cumpla las obligaciones que había desatendido antes de la cancelación.

El tribunal también puede reinscribir una sociedad conforme al artículo 288, en su versión modificada, a solicitud de un antiguo accionista, administrador, acreedor, parte en un procedimiento judicial, persona con un crédito no satisfecho, liquidador, del Registrar General o de cualquier persona autorizada por el tribunal, por motivos más amplios, incluido que sea justo y equitativo, y puede dictar instrucciones para situar a la sociedad, en la medida de lo posible, en la posición en que habría estado si no se hubiera cancelado. Desde la modificación de 2023, ninguna sociedad puede reinscribirse una vez transcurridos diez años desde su baja, ni por el Registrar General ni por el tribunal. La reinscripción es la vía para recuperar bienes atribuidos al Estado, ejercitar una acción en nombre de la sociedad o defenderse en un procedimiento, pero conlleva de nuevo la obligación de presentar todas las declaraciones tributarias y declaraciones anuales omitidas.

Impuestos, RDB, trabajadores y el dinero restante

Impuestos. Los cambios que afecten a la inscripción tributaria deben comunicarse a la RRA en un plazo de siete días (artículo 11 de la Ley n.º 020/2023, de 31/03/2023, de procedimientos tributarios). La baja ante la RRA se solicita en el portal E-tax: el contribuyente debe estar al corriente de todas sus declaraciones y cuentas, con saldo cero, y la empresa no debe estar operativa; para una sociedad disuelta por una autoridad competente se necesita un certificado de liquidación, y la RRA indica que el certificado de liquidación debe expedirse antes de la baja de la sociedad. La respuesta es inmediata, y la baja surte efecto con la emisión de la carta de baja. Un contribuyente con deudas pendientes que decide seguir adelante recibe una carta de aprobación de «Semi-Dormancy» (semiinactividad) y solo recibe la carta de baja definitiva cuando paga las deudas. La baja puede hacerse impuesto por impuesto, por ejemplo poniendo fin al IVA mientras el PAYE (retención sobre los salarios) continúa durante la disolución. El certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias, que cuesta 5000 RWF, tiene una validez de tres meses y se expide en línea una vez saldadas las deudas, es un documento distinto que a menudo se necesita para la solicitud de cancelación.

Conforme al artículo 55 de la Ley n.º 027/2022, de 20/10/2022, por la que se establecen los impuestos sobre la renta, en la liquidación de una entidad empresarial, tras el pago del pasivo y la «distribución de acciones», el remanente se considera dividendo de las acciones en el último período impositivo de existencia de la entidad (Ganancias de capital, impuestos inmobiliarios y otros impuestos). Un pago tratado como dividendo a un accionista no residente soporta una retención en la fuente del 15 %, salvo que un convenio o un tipo del Código de Inversiones la reduzca (Retenciones en la fuente y convenios fiscales). La Ley no define qué parte de una distribución de liquidación constituye una devolución de capital y no un dividendo presunto, y conviene acordar este punto con la RRA antes del reparto final.

RDB y repatriación. Un inversor registrado debe informar por escrito al RDB con 30 días de antelación antes de suspender o poner fin a sus operaciones de inversión, y cualquier interesado afectado por la terminación también puede notificarlo al RDB (artículo 27 de la Ley n.º 006/2021, de 05/02/2021, de promoción y facilitación de la inversión). El producto de la liquidación de una inversión puede transferirse al extranjero una vez cumplidas las obligaciones tributarias (artículo 12; pregunta frecuente 61), y el banco pedirá documentos que acrediten el origen de los fondos y la situación tributaria (Repatriación de beneficios y capital). Trabajadores y RSSB. El cierre constituye una extinción por causas económicas: debe informarse por escrito a los representantes de los trabajadores y después al inspector de trabajo, concederse el preaviso y pagarse las prestaciones por terminación en un plazo de siete días hábiles (artículos 21, 22 y 31 de la Ley n.º 66/2018, de 30/08/2018, que regula el trabajo en Ruanda; Extinción del contrato, indemnizaciones y despido por causas económicas). No se ha encontrado ningún procedimiento publicado del RSSB para cerrar una cuenta de empleador; conviene declarar y pagar todas las cotizaciones hasta la fecha de la última nómina y confirmar el cierre por escrito con el Rwanda Social Security Board (RSSB).

Guía de decisión

¿Liquidar, solicitar la cancelación o ninguna de las dos?

Una guía de decisión para los accionistas de una sociedad ruandesa que han decidido cerrarla. Responda por orden; el resultado indica la vía habitual, no la única.

  1. ¿Puede la sociedad pagar íntegramente todas sus deudas a su vencimiento, y el valor de sus activos es superior al de su pasivo?
    SíEs solvente. Pase a la pregunta 2.
    NoNo utilice una vía para sociedades solventes: valore un convenio, la administración, la reorganización o la liquidación concursal conforme a la Ley n.º 075/2021, y recuerde el deber de solvencia de los administradores del artículo 150 de la Ley de Sociedades.
  2. ¿Conserva aún la sociedad activos, contratos, derechos sobre el suelo, trabajadores o acreedores que atender?
    SíRecurra a una liquidación voluntaria: acuerdo especial, administrador concursal autorizado, anuncio en un plazo de cinco días hábiles y cancelación con la entrega del informe final (artículos 102 a 113).
    NoPase a la pregunta 3.
  3. ¿Ha cesado la sociedad en su actividad, ha pagado a todos los acreedores conocidos, ha distribuido cualquier remanente y ha obtenido la no objeción escrita de la RRA?
    SíSolicite la cancelación registral conforme a los artículos 208 y 281 mediante acuerdo especial, y cuente con al menos 20 días hábiles para oposiciones tras el anuncio del Registrar General.
    NoTermine primero la puesta en orden: presente las declaraciones pendientes, deje el saldo en cero, cierre las cuentas bancarias y transmita o renuncie a los derechos sobre el suelo y de propiedad intelectual; de lo contrario, pueden atribuirse al Estado con la cancelación.
  4. ¿Podrían los accionistas querer reutilizar la sociedad en unos pocos años?
    SíValore inscribirla como inactiva en su lugar, y siga presentando las declaraciones anuales y la información sobre titularidad real.
    NoSiga adelante con la cancelación y conserve los registros durante diez años.

Ejemplo práctico

Reparto del remanente tras una liquidación voluntaria

La filial ruandesa de una sociedad holding mauriciana se cierra mediante liquidación voluntaria. La matriz pagó 500 000 000 RWF por sus acciones. El liquidador obtiene 1 500 000 000 RWF; el pasivo, incluidos impuestos y prestaciones por terminación, asciende a 400 000 000 RWF y los honorarios y costes del liquidador a 30 000 000 RWF. Cifras ilustrativas.

Importe realizado1 500 000 000 RWF.
Primero, costes y honorarios1 500 000 000 RWF − 30 000 000 RWF = 1 470 000 000 RWF (artículo 212, apartado 1).
Acreedores pagados íntegramente1 470 000 000 RWF − 400 000 000 RWF = 1 070 000 000 RWF de remanente (artículo 213).
Dividendo presunto, interpretación estrictaSi los 500 000 000 RWF aportados por las acciones se tratan como devolución de capital, el dividendo presunto conforme al artículo 55 es de 570 000 000 RWF.
Dividendo presunto, interpretación ampliaSi todo el remanente se trata como dividendo, este asciende a 1 070 000 000 RWF.
Retención del 15 % (tipo nacional)Estricta: 15 % × 570 000 000 RWF = 85 500 000 RWF. Amplia: 15 % × 1 070 000 000 RWF = 160 500 000 RWF. La diferencia de 75 000 000 RWF muestra por qué el tratamiento debe acordarse con la RRA de antemano.
Retención al tipo del convenioEl texto del convenio con Mauricio publicado por la RRA limita la retención sobre dividendos al 10 %: estricta, 10 % × 570 000 000 RWF = 57 000 000 RWF; amplia, 10 % × 1 070 000 000 RWF = 107 000 000 RWF, si la matriz cumple los requisitos para acogerse al convenio.
RepatriaciónEl importe neto se transfiere a la matriz conforme al artículo 12 del Código de Inversiones, contra la documentación bancaria de la entrada de capital original y del impuesto pagado.
Pasos de cierreInforme final, cuentas y declaración al Registrar General; cancelación conforme al artículo 281, apartado 5; baja en E-tax una vez que el saldo sea cero.

La aplicación del convenio depende de que la matriz sea residente en Mauricio y cumpla las condiciones del convenio, y puede aplicarse un tipo de retención del Código de Inversiones si la filial era un inversor registrado que cumplía los requisitos; compruebe ambos extremos antes del reparto.

Si la filial hubiera conservado aún un arrendamiento de suelo o una marca en el momento de la cancelación, estos se habrían atribuido al Estado conforme al artículo 286.

Preguntas de los inversores

¿Qué ley rige la liquidación voluntaria de una sociedad solvente en Ruanda?

La Ley n.º 075/2021, de 06/12/2021, relativa a la insolvencia, que comprende expresamente la liquidación voluntaria de las sociedades que no son insolventes (artículo 2, apartado 4). La Ley de Sociedades aporta la facultad de los accionistas de acordar la liquidación mediante acuerdo especial (artículo 191) y las normas sobre la cancelación registral y la reinscripción (artículos 208 y 280 a 289).

¿Quién puede actuar como liquidador de una sociedad ruandesa?

Solo un administrador concursal autorizado (artículos 102 y 231 de la Ley n.º 075/2021), que debe consentir por escrito. Queda inhabilitado un acreedor de la sociedad, o quien haya sido accionista, administrador o auditor de ella o de una sociedad vinculada en los dos años anteriores (artículo 232). Actuar sin autorización se castiga con pena de prisión de seis meses a dos años y multa de hasta 2 000 000 RWF.

¿Puede cerrarse una sociedad sin nombrar un liquidador?

Sí, si ha cesado en su actividad, ha pagado a todos los acreedores conocidos y ha distribuido su remanente, o si no tiene remanente y ningún acreedor solicita la liquidación. Los accionistas adoptan un acuerdo especial y solicitan la cancelación conforme a los artículos 208 y 281, adjuntando la notificación escrita de no objeción de la RRA. El Registrar General publica un anuncio y concede al menos 20 días hábiles para formular oposiciones.

¿Qué ocurre con los bienes que quedan en una sociedad dada de baja?

Se atribuyen al Estado como bienes sin dueño, incluidos los bienes en arrendamiento y otros derechos, salvo que la sociedad los tuviera en fideicomiso (trust) para otra persona (artículo 286 de la Ley de Sociedades). Quien tenga derecho a ellos puede acudir al tribunal o solicitar la reinscripción de la sociedad dentro de los diez años. Transmita o renuncie a los arrendamientos de suelo, los saldos bancarios y la propiedad intelectual antes de la cancelación.

¿Cómo se da de baja una sociedad a efectos tributarios en Ruanda?

En línea, a través del portal E-tax de la RRA. Deben haberse presentado todas las declaraciones, el saldo debe ser cero y la empresa no debe estar operativa; una sociedad disuelta necesita además su certificado de liquidación. La respuesta es inmediata y surte efecto con la carta de baja. Si quedan deudas pendientes, la RRA emite una carta de «Semi-Dormancy» (semiinactividad) hasta que se paguen.

¿Puede reinscribirse una sociedad ruandesa dada de baja?

Sí, dentro de los diez años. El Registrar General puede reinscribirla a solicitud de un accionista, administrador, acreedor o liquidador, tras un anuncio en dos diarios que conceda al menos 30 días para formular oposiciones, y el tribunal puede reinscribirla por motivos más amplios. La sociedad debe regularizar primero las presentaciones omitidas, y no cabe la reinscripción transcurridos diez años (artículos 287 y 288, en su versión modificada).

Términos que encontrará en los documentos

InglésKinyarwandaFrancésSignificado
LiquidationIyegeranyaLiquidationProcedimiento por el que un liquidador realiza los activos de una sociedad, paga a sus acreedores y distribuye el remanente; comienza con el nombramiento del liquidador (artículo 102).
LiquidatorUshinzwe iyegeranya n'igabagabanya ry'umutungoLiquidateurAdministrador concursal autorizado nombrado para llevar a cabo la liquidación (artículos 102 y 103).
Provisional liquidator—Liquidateur provisoireLiquidador nombrado por el tribunal, mientras se resuelve una solicitud de liquidación, para conservar los activos (artículo 105).
Notice of liquidation—Avis de liquidationAnuncio público que el liquidador publica, y entrega al Registrar General, en un plazo de cinco días hábiles (artículo 106).
Committee of inspection—Comité d'inspectionComisión de al menos tres acreedores o accionistas, o de sus representantes, que colabora con el liquidador (artículo 130).
Onerous property—Biens onéreuxContratos no rentables o bienes invendibles o que generan obligaciones, a los que el liquidador puede renunciar (artículo 116).
Removal from the register—Radiation du registreSupresión de una sociedad del registro de sociedades; la sociedad deja entonces de existir (artículos 280 y 281).
Restoration to the register—Rétablissement au registreReincorporación al registro de una sociedad cancelada por el Registrar General o por el tribunal, excluida transcurridos diez años (artículos 287 y 288, en su versión modificada).
Registrar GeneralUmwanditsi MukuruRegistraire généralTitular del Office of the Registrar General dentro del RDB, que lleva el registro y es el principal administrador de los procedimientos de insolvencia.
Special resolutionUmwanzuro udasanzweRésolution spécialeDecisión de los accionistas que requiere el 75 % de los votos emitidos, necesaria para acordar la liquidación o para solicitar la cancelación registral de una sociedad solvente (artículo 191).
Siguiente en este capítulo · 8.8Insolvencia y reestructuraciónLos procedimientos disponibles cuando una sociedad ruandesa no puede pagar sus deudas, desde un convenio con los acreedores hasta la reorganización y la liquidación bajo supervisión judicial, con la suspensión de acciones, la prelación de créditos, las operaciones que un administrador concursal puede rescindir, la exposición personal de los administradores y el reconocimiento de los procedimientos extranjeros.Continuar →

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