Capítulo 6 · Sección 6.7 de 8
Prevención del blanqueo de capitales y cumplimiento de sanciones: la Ley n.º 001/2025 y el Financial Intelligence Centre, quién es sujeto obligado, inscripción y responsable de cumplimiento normativo, umbrales de diligencia debida con respecto al cliente, comunicaciones de operaciones sospechosas y en efectivo, titularidad real, sanciones financieras específicas y congelación en 24 horas, efectivo transfronterizo, sanciones y situación de Ruanda ante el GAFI (FATF)
Lo esencial
- La Ley n.º 001/2025, de 22/01/2025, relativa a la prevención y represión del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, que sustituyó a la Ley n.º 028/2023, enumera como sujetos obligados a las entidades financieras, los abogados, notarios y agentes judiciales de ejecución que realizan operaciones transaccionales, los auditores, contables y asesores fiscales, los agentes inmobiliarios, los comerciantes de metales y piedras preciosas, los distribuidores de dinero, los casinos, los proveedores de servicios a trusts y sociedades y los proveedores de servicios de activos virtuales (artículo 8).
- Con arreglo al Reglamento n.º 002/FIC/2026, de 22/06/2026, el sujeto obligado se inscribe en el Financial Intelligence Centre (FIC) en un plazo de 30 días desde su constitución (artículo 4), comunica el nombramiento de su responsable de cumplimiento normativo en un plazo de tres días hábiles (artículo 6) y aplica la diligencia debida con respecto al cliente a las operaciones ocasionales de 10 000 000 RWF o más, a las transferencias electrónicas de 1 000 000 RWF o más, a las operaciones de casino de 3 000 000 RWF, a las operaciones en efectivo con metales y piedras preciosas de 15 000 000 RWF y a toda operación inmobiliaria, tanto respecto del comprador como del vendedor (artículo 15).
- Las operaciones sospechosas se comunican al FIC, cualquiera que sea su importe, en un plazo de 24 horas (artículo 39 del Reglamento n.º 002/FIC/2026); las operaciones en efectivo y las transferencias que alcancen los mismos umbrales se comunican en un plazo de dos días hábiles desde la operación (artículos 41 y 42); los registros se conservan durante al menos diez años (artículo 43), y se prohíbe revelar la comunicación al interesado (tipping off), al tiempo que se protege a quien comunica de buena fe (artículo 34 de la Ley n.º 001/2025).
- Conforme al Reglamento n.º 001/FIC/2025, de 15/01/2025, relativo a las sanciones financieras específicas, todo sujeto obligado coteja a sus clientes con las listas nacionales y de las Naciones Unidas antes de iniciar la relación y congela sin previo aviso los fondos de la persona designada, «sin demora y a más tardar en 24 horas», informando al FIC; los incumplimientos se sancionan con multas de 3 000 000 RWF a 5 000 000 RWF para las personas físicas y de 5 000 000 RWF a 20 000 000 RWF para las personas jurídicas (artículo 27).
- El blanqueo de capitales se castiga con pena de prisión de 10 a 15 años y multa del triple al quíntuple del producto (artículo 56); la persona jurídica se expone a una multa de 10 a 20 veces el valor y a una posible disolución (artículo 62), y el incumplimiento de las obligaciones preventivas constituye delito castigado con pena de prisión de uno a tres años o multa de 1 000 000 RWF a 5 000 000 RWF para las personas físicas y de 5 000 000 RWF a 20 000 000 RWF para las personas jurídicas (artículo 66).
- La evaluación mutua de Ruanda de 2024, realizada por el Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group, la calificó como «Cumplida» o «Mayoritariamente cumplida» en 19 de las 40 Recomendaciones del GAFI (FATF); un informe de seguimiento de agosto de 2025 mejoró la calificación de cuatro Recomendaciones (R.2 y R.12 a «Cumplida», R.5 y R.14 a «Mayoritariamente cumplida»), con lo que el total asciende a 23, y Ruanda no figuraba en la lista del GAFI de jurisdicciones sometidas a mayor vigilancia publicada el 19 de junio de 2026.
El marco normativo y las autoridades
El régimen ruandés de prevención del blanqueo de capitales (AML) se reconstruyó en 2025 y 2026. La norma legal es la Ley n.º 001/2025, de 22/01/2025, relativa a la prevención y represión del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales), que derogó la Ley n.º 028/2023, de 19/05/2023 (artículo 75). El Financial Intelligence Centre (FIC) se rige por la Ley n.º 045/2021, de 18/08/2021, que regula el Financial Intelligence Centre, modificada por la Ley n.º 002/2024, publicada el 22 de enero de 2025. Tres instrumentos del FIC contienen el desarrollo: el Reglamento n.º 002/FIC/2026, de 22/06/2026, relativo a la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo y de la proliferación (el Reglamento del FIC), que derogó el Reglamento n.º 002/FIC/2023; el Reglamento n.º 001/FIC/2026, de 22/06/2026, que determina las infracciones y sanciones, y el Reglamento n.º 001/FIC/2025, de 15/01/2025, relativo a las sanciones financieras específicas. El efectivo transfronterizo se rige por el Reglamento n.º 001/FIC/2023, de 26/06/2023.
El FIC recibe y analiza las comunicaciones, publica orientaciones e indicadores de alerta (artículo 40 del Reglamento del FIC) y lleva las estadísticas nacionales. Los supervisores sectoriales comprueban el cumplimiento: conforme al artículo 43 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, la autoridad supervisora regula y vigila a sus sujetos obligados, les concede licencia, impide que los delincuentes y sus asociados ostenten participaciones significativas o cargos de dirección y ejerce una supervisión basada en el riesgo. En la práctica, el National Bank of Rwanda (BNR) supervisa a los bancos, las entidades de microfinanciación, las aseguradoras, los proveedores de servicios de pago, las oficinas de cambio y los proveedores de servicios a trusts y sociedades; la Capital Market Authority (CMA) supervisa a los titulares de licencias del mercado de capitales y, desde la Ley n.º 023/2026, de 25/05/2026, a los proveedores de servicios de activos virtuales, y cuenta con su propio reglamento sobre sanciones administrativas por incumplimientos en materia de AML de los operadores del mercado de capitales. Los presuntos delitos los investiga el Rwanda Investigation Bureau (RIB) y se enjuician ante los tribunales.
La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales define sus conceptos clave de forma amplia. El titular real es la persona física que en último término posee o controla al cliente o por cuya cuenta se realiza una operación, incluida cualquier persona que ejerza el control efectivo último sobre una persona jurídica o un instrumento jurídico. La persona con responsabilidad pública es quien tiene encomendada una función pública destacada por Ruanda, un Estado extranjero o una organización internacional, junto con sus familiares y allegados. El blanqueo de capitales abarca el producto de delitos cometidos en Ruanda o en el extranjero. Y «inmediatamente» significa a más tardar en 24 horas (artículo 2), definición que se repite en el reglamento sobre sanciones financieras específicas, donde significa sin demora y a más tardar 24 horas después de adoptarse la decisión, y que determina los plazos de congelación y de comunicación.
¿Es su empresa un sujeto obligado?
El artículo 8 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales enumera los sujetos obligados: a) las entidades financieras, definidas por su actividad de modo que incluyen la captación de depósitos, la concesión de préstamos, el arrendamiento financiero, la transferencia de dinero o valores, la emisión de instrumentos de pago, la gestión de inversiones y el cambio de moneda; b) los abogados, notarios, agentes judiciales de ejecución profesionales y otros profesionales jurídicos independientes cuando actúan por cuenta de un cliente fuera de un procedimiento judicial, en particular en la compraventa de inmuebles, la gestión de fondos, valores o cuentas del cliente, la organización de aportaciones a sociedades y la creación, explotación o gestión de personas o instrumentos jurídicos o la compraventa de empresas; c) los auditores, contables y asesores fiscales; d) los agentes inmobiliarios; e) los comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas; f) las personas que se dedican a la distribución de dinero; g) los casinos y las salas de juego de la lotería nacional; h) los proveedores de servicios a trusts y sociedades, e i) los proveedores de servicios de activos virtuales. Una Orden Ministerial puede añadir otros.
La lista interesa a los inversores por dos razones. En primer lugar, una empresa de uno de estos sectores, como una fintech, una agencia de intermediación inmobiliaria, un comerciante de metales o piedras preciosas, una empresa de servicios societarios o un casino, tiene sus propias obligaciones en materia de AML, de inscripción y de comunicación, y su licencia depende de su cumplimiento (pregunta frecuente 86). En segundo lugar, toda otra empresa trata con sujetos obligados, sobre todo su banco, sus abogados y sus auditores, y se le pedirá la información que estos necesitan para aplicarle la diligencia debida con respecto al cliente. Las empresas mineras y de comercio de minerales tienen obligaciones adicionales de trazabilidad y diligencia debida con arreglo al marco minero, explicadas en Sanciones, diligencia debida y reformas en el sector minero.
Inscripción, evaluación de riesgos y responsable de cumplimiento normativo
Conforme al artículo 9 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y a los artículos 3 y 4 del Reglamento del FIC, el nuevo sujeto obligado debe inscribirse en el FIC a través del sistema del Centro en un plazo de 30 días desde la obtención de su certificado de constitución, y debe comunicar por escrito cualquier modificación de sus datos de inscripción en un plazo de siete días hábiles. La falta de inscripción en plazo se sanciona con una multa de 8 000 000 RWF a 10 000 000 RWF, y la comunicación tardía de modificaciones con 500 000 RWF por día de retraso durante un máximo de 30 días (artículos 3 y 4 del Reglamento n.º 001/FIC/2026).
El artículo 5 del Reglamento del FIC exige un enfoque basado en el riesgo: el sujeto obligado realiza y documenta una evaluación de riesgos institucional al menos una vez al año, y siempre que su actividad, el perfil de su clientela o sus servicios cambien significativamente, teniendo en cuenta las evaluaciones de riesgos nacional y sectoriales. Debe contar con políticas, procedimientos y controles internos (artículo 29 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y artículo 32 del Reglamento del FIC), una función de auditoría independiente (artículo 33), formación (artículo 34) y controles a nivel de grupo sobre las sucursales y filiales extranjeras (artículo 35). La falta de evaluación de riesgos se sanciona con una multa de 1 000 000 RWF a 3 000 000 RWF (artículo 7 del Reglamento n.º 001/FIC/2026).
El artículo 6 del Reglamento del FIC exige un responsable de cumplimiento normativo de nivel directivo, con autoridad, rango y medios suficientes para actuar con independencia y con acceso directo y sin restricciones al consejo de administración, al que informa sobre la situación del cumplimiento. Debe comunicarse al FIC su nombramiento en un plazo de tres días hábiles y cualquier cambio en un plazo de 24 horas. Cada año, el sujeto obligado presenta un informe anual de cumplimiento a su autoridad supervisora, con copia al FIC (artículo 44). Para un grupo extranjero que establece una actividad regulada en Kigali, el responsable de cumplimiento normativo debería ser una de las primeras contrataciones.
Diligencia debida con respecto al cliente
La diligencia debida con respecto al cliente (CDD) es obligatoria antes de establecer una relación de negocios y para las operaciones ocasionales que superen los umbrales. Las medidas básicas consisten en identificar y verificar la identidad del cliente y de sus titulares reales y en comprender el propósito y la índole prevista de la relación (artículo 7 del Reglamento del FIC; artículos 12 a 14 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales). Para una sociedad, el expediente básico de apertura de cuenta contiene la identificación y los números de identidad del cliente y de sus titulares reales, la identidad de los firmantes, el domicilio profesional completo, la forma jurídica, la situación y la estructura, el país de establecimiento, la acreditación de la constitución y del domicilio social, la naturaleza y la finalidad de la actividad y el uso previsto de la cuenta (artículo 11 del Reglamento del FIC). El sujeto obligado debe verificar que toda persona que actúe por cuenta del cliente está autorizada (artículo 12) y tratar a los clientes no presenciales con los mismos procedimientos que a los atendidos en persona (artículo 13); los pasos prácticos figuran en Apertura de cuentas bancarias de empresa.
La verificación solo puede completarse después de iniciada la relación si se realiza tan pronto como sea razonablemente posible, es imprescindible para no interrumpir el desarrollo normal de la actividad y los riesgos se gestionan de forma eficaz (artículo 16 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales). Se admiten medidas simplificadas para los riesgos más bajos, y las medidas reforzadas son obligatorias para los riesgos más altos (artículos 8 y 9 del Reglamento del FIC). Una persona extranjera con responsabilidad pública siempre se considera de alto riesgo; la persona con responsabilidad pública nacional o de una organización internacional se evalúa caso por caso (artículo 10). Los clientes vinculados a países de mayor riesgo están sujetos a medidas reforzadas y a las contramedidas que prescriba el FIC (artículo 31 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales; artículos 18 y 19 del Reglamento del FIC), y las relaciones de corresponsalía bancaria tienen sus propias normas (artículo 20). Los clientes existentes se revisan en función de la importancia relativa y del riesgo, por ejemplo cuando cambia la titularidad o las operaciones dejan de corresponder al perfil del cliente (artículo 17 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales).
El artículo 15 del Reglamento del FIC fija los supuestos de aplicación para las operaciones ocasionales: 10 000 000 RWF o más; una transferencia electrónica, pago o transferencia de valor, nacional o transfronterizo, de 1 000 000 RWF o más; una operación de casino de 3 000 000 RWF o más; una operación en efectivo de 15 000 000 RWF o más con un comerciante de metales o piedras preciosas; toda compraventa de inmuebles, con diligencia debida tanto respecto del comprador como del vendedor, y determinados servicios a trusts y sociedades, como la constitución de sociedades, la actuación como administrador fiduciario (nominee) o la provisión de administradores fiduciarios, la provisión de domicilio social y la actuación como trustee. Las operaciones vinculadas se suman. Las transferencias electrónicas deben ir acompañadas de información sobre el ordenante y el beneficiario, más completa por encima del umbral de minimis de 1 000 000 RWF (artículos 21 a 31).
Umbrales y plazos a 10 de octubre de 2026
| Obligación | Umbral o supuesto de aplicación | Plazo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Inscribirse en el FIC como nuevo sujeto obligado | Todo sujeto obligado | En un plazo de 30 días desde el certificado de constitución; modificaciones en un plazo de 7 días hábiles | Reglamento del FIC, artículo 4 |
| Comunicar el responsable de cumplimiento normativo | Nombramiento o cambio | 3 días hábiles; cambios en un plazo de 24 horas | Reglamento del FIC, artículo 6 |
| Diligencia debida con respecto al cliente en operaciones ocasionales | 10 000 000 RWF; transferencias electrónicas: 1 000 000 RWF; casinos: 3 000 000 RWF; metales y piedras preciosas en efectivo: 15 000 000 RWF; todas las operaciones inmobiliarias | Antes de la operación (la verificación solo puede ser posterior en los términos del artículo 16 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales) | Reglamento del FIC, artículo 15 |
| Comunicación de operación o actividad sospechosa | Cualquier importe, incluidas las tentativas de operación | En un plazo de 24 horas desde que se produce | Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, artículo 32; Reglamento del FIC, artículo 39 |
| Comunicación de operación en efectivo o transferencia | 10 000 000 RWF para clientes ocasionales (no entre bancos); 3 000 000 RWF casinos; 15 000 000 RWF metales y piedras preciosas; 1 000 000 RWF transferencias electrónicas; las operaciones vinculadas se suman | En un plazo de dos días hábiles desde la operación | Reglamento del FIC, artículos 41 y 42 |
| Congelar los fondos de una persona designada | Cualquier coincidencia con la lista nacional o de la ONU | Sin demora y a más tardar en 24 horas; informar al FIC | Reglamento n.º 001/FIC/2025, artículos 2 y 7 |
| Declaración de efectivo transfronterizo | 10 000 000 RWF o su equivalente | A la entrada, en tránsito o a la salida | Reglamento n.º 001/FIC/2023, artículo 5 |
| Conservación de registros | Operaciones, expedientes de CDD, correspondencia y análisis | Al menos 10 años; los registros se entregan al supervisor en un plazo de 30 días si cesa la actividad | Reglamento del FIC, artículo 43 |
| Informe anual de cumplimiento | Todo sujeto obligado | Al supervisor, con copia al FIC, según el modelo y el calendario establecidos | Reglamento del FIC, artículo 44 |
Comunicaciones al Financial Intelligence Centre
El sujeto obligado debe informar al FIC siempre que sospeche, o tenga motivos razonables para sospechar, que unos fondos u otros activos proceden de un delito o están vinculados al blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación, con independencia del importe e incluidas las tentativas de operación (artículo 32 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales). La comunicación se efectúa en el modelo del FIC, por vía electrónica o por otro canal que este establezca, en un plazo de 24 horas desde que se produce (artículo 39 del Reglamento del FIC). Por separado, las operaciones en efectivo y las transferencias de valor que igualen o superen los umbrales de la tabla se comunican en un plazo de dos días hábiles desde la operación, haya o no indicios de sospecha (artículo 33 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales; artículos 41 y 42 del Reglamento del FIC).
Conforme al artículo 34 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, el sujeto obligado, sus administradores, altos directivos y empleados no pueden revelar que se ha presentado una comunicación de operación sospechosa, y quedan exentos de responsabilidad penal y civil por vulneración de cualquier deber de confidencialidad si comunican de buena fe, aunque no supieran con precisión cuál era el delito subyacente ni si llegó a cometerse. Revelar una comunicación a un tercero o alertar a la persona afectada constituye delito con arreglo al artículo 63. No presentar una comunicación obligatoria, o presentarla incompleta o errónea, es una infracción administrativa sancionada con una multa de 2 000 000 RWF a 4 000 000 RWF por comunicación, que asciende a entre 5 000 000 RWF y 7 000 000 RWF cuando la finalidad era ocultar una infracción (artículo 6 del Reglamento n.º 001/FIC/2026).
Titularidad real
La titularidad real es el punto en el que confluyen el régimen de prevención del blanqueo de capitales y el Derecho de sociedades. La persona que posee el 25 % o más de las acciones o de los derechos de voto es titular real conforme a las Instrucciones del Registrar General n.º 001/2023/RG, de 31/03/2023, y la Ley de Sociedades exige a toda sociedad llevar un registro de titulares reales, presentarlo ante el Registrar General en el Rwanda Development Board (RDB) y comunicar las modificaciones en un plazo de 14 días (Titularidad real y transparencia). El artículo 35 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales obliga a la autoridad registral a conservar información adecuada, exacta y actualizada sobre la titularidad real y a ponerla a disposición del público con la debida prontitud.
Los bancos no se limitan al registro. Deben identificar a toda persona física que en último término posea o controle al cliente, lo que, en el caso de un fondo, un trust o un grupo con varios niveles, supone remontarse a través de cada vehículo tenedor hasta las personas físicas, y cotejarán lo que el cliente les declare con los registros del Registrar General. Una discrepancia es por sí misma motivo de un examen reforzado y, si no se explica, de una posible comunicación de operación sospechosa. Los inversores que participan a través de trusts, fiduciarios (nominees) o fondos deberían preparar un organigrama de la estructura con los porcentajes de participación y los documentos de identidad de cada titular real antes de dirigirse a un banco ruandés.
Sanciones financieras específicas y control de listas
Ruanda aplica las sanciones de las Naciones Unidas mediante el Reglamento n.º 001/FIC/2025, de 15/01/2025, relativo a las sanciones financieras específicas y el National Counter-terrorism Committee, cuyas competencias en materia de sanciones financieras específicas se determinan mediante una Orden del Primer Ministro conforme al artículo 67 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. Persona designada es la incluida en una lista como terrorista o financiador del terrorismo o de la proliferación con arreglo al Derecho nacional o a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La lista nacional se publica en el sitio web del ministerio competente en materia de justicia y la lista de las Naciones Unidas puede consultarse a través del sitio web del FIC (artículo 4), y el FIC difunde las designaciones y sus modificaciones entre los sujetos obligados y otros destinatarios (artículo 5).
Todo sujeto obligado, supervisor y autoridad competente debe cotejar nombres y direcciones con la lista consolidada al recibir cada lista y antes de establecer cualquier relación de negocios (artículo 6). En caso de coincidencia, debe congelar o embargar todos los fondos y activos que la persona designada posea o controle, directa o indirectamente, incluidos los que estén a nombre de asociados o familiares, sin previo aviso a dicha persona, e informar al FIC (artículo 7). «Inmediatamente» significa sin demora y a más tardar en 24 horas. Los fondos congelados permanecen congelados hasta la exclusión de la lista; el FIC puede nombrar un administrador; la persona designada puede solicitar acceso para cubrir gastos básicos o extraordinarios (artículos 8, 12 y 14), y los sujetos obligados deben comunicar los activos congelados, las tentativas de operación y los activos que la persona designada haya mantenido en los tres años anteriores a la designación (artículo 13). Los incumplimientos se sancionan con multas de 3 000 000 RWF a 5 000 000 RWF para las personas físicas y de 5 000 000 RWF a 20 000 000 RWF para las personas jurídicas (artículo 27). El BNR también puede prohibir cualquier transferencia de divisas al extranjero para cumplir las obligaciones internacionales de Ruanda (artículo 33 del Reglamento n.º 42/2022).
El Derecho ruandés da efecto a las designaciones de las Naciones Unidas y nacionales, no a las sanciones unilaterales de otros Estados. Esos regímenes, como los programas de los Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, siguen vinculando al inversor extranjero por razón de su nacionalidad, del lugar de constitución de su grupo o de la moneda y los bancos utilizados, y en la práctica los bancos ruandeses con relaciones de corresponsalía en esas monedas cotejan con ellos. Por tanto, un grupo debería cotejar a sus contrapartes ruandesas con todas las listas que le sean aplicables, no solo con la ruandesa.
Efectivo transfronterizo
Conforme al artículo 36 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y al artículo 5 del Reglamento n.º 001/FIC/2023, la persona que entre en Ruanda, transite por su territorio o salga de él con efectivo o instrumentos negociables al portador por valor de 10 000 000 RWF o más, o su equivalente en otras monedas, debe presentar una declaración o comunicación veraz a la autoridad competente, por adelantado o en la frontera mediante el formulario disponible. Los importes que lleve un menor de 18 años acompañado se suman a los del adulto que lo acompaña. Una declaración falsa o la falta de declaración permiten a los agentes detener y retener al portador y el efectivo a efectos de actuaciones posteriores, interrogar al portador sobre el origen y el destino previsto de los fondos e imponer de inmediato una multa administrativa del 5 % del importe, sin perjuicio de las sanciones penales; el FIC es informado en un plazo de 30 minutos (artículo 7). Los inversores que aporten capital a Ruanda deberían utilizar transferencias bancarias, que generan el rastro documental que el banco necesitará más adelante para la repatriación (pregunta frecuente 69).
Sanciones
Las penas previstas en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales figuran entre las más severas del Derecho ruandés. El blanqueo de capitales se castiga con pena de prisión de 10 a 15 años y multa del triple al quíntuple del valor del producto blanqueado (artículo 56); la financiación del terrorismo, con pena de prisión de 20 a 25 años y multa del triple al quíntuple de la financiación, o con cadena perpetua si se produce la muerte (artículo 57). La persona jurídica condenada por cualquiera de ellos es sancionada con una multa de 10 a 20 veces el valor del producto o de la financiación y puede ser disuelta, ver clausurados definitivamente sus locales y publicada la sentencia (artículo 62). Las penas se duplican en caso de delincuencia organizada o reincidencia (artículo 65), y en caso de condena el tribunal ordena el decomiso de los bienes blanqueados, del producto, de los instrumentos y de bienes de valor equivalente (artículo 68).
El incumplimiento de las obligaciones preventivas constituye un delito autónomo conforme al artículo 66: quien incumple las obligaciones en materia de CDD, personas con responsabilidad pública, corresponsalía bancaria, transferencias electrónicas, control interno, comunicación o prohibición de revelación se expone a pena de prisión de uno a tres años o a multa de 1 000 000 RWF a 5 000 000 RWF, y la persona jurídica, a multa de 5 000 000 RWF a 20 000 000 RWF. A ello se suman las multas administrativas del FIC previstas en el Reglamento n.º 001/FIC/2026 para infracciones concretas, y supervisores como el BNR y la CMA imponen sus propias sanciones, incluso sobre las licencias.
La situación internacional de Ruanda
El sistema ruandés de prevención del blanqueo de capitales fue evaluado por el Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), el organismo regional de tipo GAFI (FATF) para la región, que aplica las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en un informe de evaluación mutua publicado en julio de 2024. En cuanto al cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones del GAFI, Ruanda obtuvo la calificación de «Cumplida» en 5, «Mayoritariamente cumplida» en 14, «Parcialmente cumplida» en 20 y «No cumplida» en 1 (la Recomendación 8, sobre organizaciones sin ánimo de lucro); en cuanto a la eficacia, 10 de los 11 Resultados Inmediatos se calificaron como bajos. Ruanda quedó sometida a seguimiento reforzado. Su segundo informe de seguimiento reforzado, adoptado por el ESAAMLG en agosto de 2025, reconoció la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2025 y las medidas conexas y mejoró la calificación de cuatro Recomendaciones: R.2 (cooperación y coordinación nacionales) y R.12 (personas con responsabilidad pública) a «Cumplida», y R.5 (delito de financiación del terrorismo) y R.14 (servicios de transferencia de dinero o valores) a «Mayoritariamente cumplida», mientras que R.15 (nuevas tecnologías), R.22 (diligencia debida con respecto al cliente en las actividades y profesiones no financieras designadas) y R.35 (sanciones) siguieron como «Parcialmente cumplida». Según las calificaciones publicadas por el GAFI, Ruanda pasa así a 7 «Cumplida», 16 «Mayoritariamente cumplida», 16 «Parcialmente cumplida» y 1 «No cumplida»; las calificaciones de eficacia no se revisan en el seguimiento del cumplimiento técnico. El Reglamento del FIC de 2026 prosigue esa labor. Ruanda no figuraba en la lista del GAFI de jurisdicciones sometidas a mayor vigilancia publicada el 19 de junio de 2026, lo que evita a los bancos ruandeses la presión sobre la corresponsalía bancaria que conlleva la inclusión en ella, aunque cada banco extranjero sigue realizando su propia evaluación del riesgo de las contrapartes ruandesas.
Implantación de un programa de AML en una actividad regulada en Ruanda
- Confirmar la condición de sujeto obligadoCompruebe si la empresa está comprendida en el artículo 8 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales e identifique el supervisor (BNR, CMA u otro) cuya licencia y normas de AML le son aplicables.
- Inscribirse en el FICInscríbase a través del sistema del FIC en un plazo de 30 días desde la constitución y anote en la agenda la regla de los siete días hábiles para las modificaciones posteriores.
- Nombrar al responsable de cumplimiento normativoNombre a un directivo con autoridad, medios y acceso al consejo de administración, y comuníquelo al FIC en un plazo de tres días hábiles.
- Evaluar los riesgosDocumente una evaluación de riesgos institucional que abarque clientes, países, productos, servicios y canales, teniendo en cuenta la evaluación nacional de riesgos, y repítala al menos una vez al año.
- Redactar las políticas y los controlesCDD, diligencia debida reforzada para las personas extranjeras con responsabilidad pública y los países de mayor riesgo, datos de las transferencias electrónicas, control de listas de sanciones, congelación, comunicación, conservación de registros, formación y auditoría independiente.
- Conectar las herramientas de control de listas y de comunicaciónCoteje a los clientes con las listas nacional y de la ONU antes de su alta y en cada actualización de las listas; establezca la comunicación al FIC de operaciones sospechosas (24 horas) y de operaciones que alcancen los umbrales (dos días hábiles).
- Comunicar y revisarPresente el informe anual de cumplimiento al supervisor y al FIC, conserve los registros durante diez años y actualice el programa cuando cambien la actividad o las normas.
Ejemplo práctico
Una agencia inmobiliaria de Kigali: una venta, cuatro obligaciones
Una agencia inmobiliaria con licencia en Kigali, sujeto obligado conforme al artículo 8, letra d), de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, interviene en la venta de un apartamento por 180 000 000 RWF. La compradora es una sociedad cuyo capital pertenece en un 60 % a una persona física extranjera que es miembro del parlamento de su país de origen y en un 40 % a un ruandés; propone pagar 170 000 000 RWF mediante transferencia bancaria y 10 000 000 RWF en efectivo. Las cifras son ilustrativas.
| Diligencia debida respecto de ambas partes | Toda operación inmobiliaria da lugar a la CDD respecto del comprador y del vendedor (artículo 15, letra d), del Reglamento del FIC), cualquiera que sea el precio. |
|---|---|
| Titulares reales | Ambos accionistas poseen el 25 % o más, por lo que ambos son titulares reales: la agencia identifica y verifica a cada uno de ellos y consulta el registro del Registrar General. |
| Persona con responsabilidad pública | El titular del 60 % es una persona extranjera con responsabilidad pública, siempre de alto riesgo (artículo 10): se aplican medidas reforzadas, como la determinación del origen de los fondos utilizados para la compra. |
| Componente en efectivo | Los 10 000 000 RWF en efectivo igualan el umbral de 10 000 000 RWF aplicable a un cliente ocasional (artículo 41, apartado 1, letra a)); la agencia lo comunica al FIC en un plazo de dos días hábiles desde la operación. |
| Sospecha | Si el comprador propone entonces fraccionar el efectivo en dos pagos de 5 000 000 RWF para eludir la comunicación, los pagos vinculados se suman igualmente (artículo 41, apartado 3) y la propia tentativa exige una comunicación de operación sospechosa en un plazo de 24 horas, sin advertir al comprador. |
| Coste de un error | No presentar la comunicación de operación en efectivo: multa administrativa de 2 000 000 RWF a 4 000 000 RWF; no aplicar las medidas de CDD: delito del artículo 66, con multa para la agencia de 5 000 000 RWF a 20 000 000 RWF. |
El banco que recibe la transferencia de 170 000 000 RWF aplica su propia CDD y puede pedir a la agencia su expediente.
Los registros de la operación y el expediente de CDD se conservan durante al menos diez años.
Preguntas de los inversores
¿Qué empresas deben cumplir las normas de prevención del blanqueo de capitales en Ruanda?
Los sujetos obligados conforme al artículo 8 de la Ley n.º 001/2025: entidades financieras, abogados y notarios que realizan operaciones transaccionales, auditores, contables y asesores fiscales, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, distribuidores de dinero, casinos y loterías, proveedores de servicios a trusts y sociedades y proveedores de servicios de activos virtuales. Las demás empresas se encuentran con estas normas a través de la diligencia debida de sus bancos.
¿Cuándo debe un banco o una empresa ruandesa informar al Financial Intelligence Centre?
Una operación sospechosa debe comunicarse en un plazo de 24 horas, cualquiera que sea su importe, incluidas las tentativas. Las operaciones en efectivo y las transferencias se comunican en un plazo de dos días hábiles a partir de 10 000 000 RWF para los clientes ocasionales, 3 000 000 RWF para los casinos, 15 000 000 RWF para los comerciantes de metales y piedras preciosas y 1 000 000 RWF para las transferencias electrónicas, sumando las operaciones vinculadas.
¿Cuál es el umbral de titularidad real en Ruanda?
El 25 % de las acciones o de los derechos de voto, conforme a las Instrucciones del Registrar General n.º 001/2023/RG. Las sociedades llevan un registro de titulares reales y lo presentan ante el Registrar General en el RDB, y los bancos deben identificar a toda persona física que en último término posea o controle a un cliente, remontándose a través de trusts, fondos y sociedades holding.
¿En qué plazo deben congelarse en Ruanda los activos de una persona sancionada?
Sin demora y a más tardar en 24 horas, sin previo aviso a la persona designada, conforme al Reglamento n.º 001/FIC/2025. Los sujetos obligados cotejan con la lista nacional y la lista de las Naciones Unidas antes del alta del cliente y en cada actualización, y comunican al FIC los activos congelados. Los incumplimientos se sancionan con multas de hasta 20 000 000 RWF para las personas jurídicas.
¿Cuáles son las penas por blanqueo de capitales en Ruanda?
Para una persona física, pena de prisión de diez a 15 años y multa del triple al quíntuple del producto, conforme al artículo 56 de la Ley n.º 001/2025. La persona jurídica es sancionada con una multa de 10 a 20 veces el valor y puede ser disuelta o clausurada. No aplicar las medidas preventivas constituye un delito independiente, sancionado con una multa de 5 000 000 RWF a 20 000 000 RWF para una sociedad.
¿Figura Ruanda en la lista gris del GAFI?
No. Ruanda no figuraba en la lista del GAFI (FATF) de jurisdicciones sometidas a mayor vigilancia publicada el 19 de junio de 2026. Su evaluación mutua del ESAAMLG de 2024 la calificó como «Cumplida» o «Mayoritariamente cumplida» en 19 de 40 Recomendaciones y constató una eficacia baja en la mayoría de los resultados; un informe de seguimiento de agosto de 2025 mejoró cuatro calificaciones, hasta 23 de 40 «Cumplida» o «Mayoritariamente cumplida», y las leyes y reglamentos de 2025 y 2026 siguen abordando las deficiencias.
Términos que encontrará en los documentos
| Inglés | Kinyarwanda | Francés | Significado |
|---|---|---|---|
| Money laundering | Iyezandonke | Blanchiment de capitaux | Conversión, ocultación, adquisición o utilización del producto de delitos cometidos en Ruanda o en el extranjero, castigadas por el artículo 56 de la Ley n.º 001/2025. |
| Financial Intelligence Centre | Urwego rushinzwe Ubutasi ku Mari | Centre de Renseignement Financier | El FIC, que inscribe a los sujetos obligados, recibe las comunicaciones de operaciones sospechosas y de operaciones que alcanzan los umbrales y aplica las sanciones financieras específicas. |
| Reporting person | — | Personne déclarante | Empresa enumerada en el artículo 8 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales que debe inscribirse en el FIC, aplicar la diligencia debida y comunicar operaciones. |
| Beneficial owner | Ugenewe inyungu ku migabane | Bénéficiaire effectif | Persona física que en último término posee o controla a un cliente; en una sociedad ruandesa, el 25 % de las acciones o de los votos. |
| Customer due diligence | — | Vigilance à l'égard de la clientèle | Identificación y verificación de la identidad de un cliente y de sus titulares reales y comprensión del propósito de la relación. |
| Targeted financial sanctions | — | Sanctions financières ciblées | Congelación y prohibiciones aplicadas a las personas designadas en las listas nacional o de las Naciones Unidas, conforme al Reglamento n.º 001/FIC/2025. |
| Designated persons | — | Personnes désignées | Personas o entidades incluidas en una lista como terroristas o financiadores del terrorismo o de la proliferación, cuyos activos deben congelarse en un plazo de 24 horas. |
| Freezing or seizing of funds | — | Gel ou saisie de fonds | Prohibición de transferir o utilizar los activos de una persona designada, sin previo aviso, hasta su exclusión de la lista (artículo 7 del Reglamento n.º 001/FIC/2025). |
| Declaration of cross-border cash | Imenyekanisha ry'amafaranga | Déclaration d'espèces | Declaración exigida para el efectivo o los instrumentos al portador de 10 000 000 RWF o más que crucen la frontera. |
En esta guía
Preguntas frecuentes de los inversores
- ¿Qué controles sobre el origen de los fondos cabe esperar al aportar capital a Ruanda?
- ¿Qué obligaciones de prevención del blanqueo de capitales se aplican a mi empresa?
- ¿Cuáles son las normas de divulgación de la titularidad real?
- ¿Cómo abro una cuenta bancaria de empresa siendo una sociedad de capital extranjero?
Fuentes oficiales
- National Bank of Rwanda: Ley n.º 001/2025, de 22/01/2025, de prevención y represión del blanqueo de capitales, de la financiación del terrorismo y de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva
- Rwanda Law Portal (amategeko.gov.rw): Reglamentos n.º 002/FIC/2026 y n.º 001/FIC/2026, de 22/06/2026, Official Gazette (Diario Oficial) n.º 25 Bis, de 22/06/2026; Reglamento n.º 001/FIC/2025, de 15/01/2025; Reglamento n.º 001/FIC/2023, de 26/06/2023
- Financial Intelligence Centre of Rwanda
- GAFI (FATF): informe de evaluación mutua de Ruanda de 2024
- ESAAMLG: Rwanda 2nd Enhanced Follow-up Report and 1st Technical Compliance Re-rating, agosto de 2025
- GAFI (FATF): Jurisdictions under increased monitoring, 19 de junio de 2026
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Preguntar a Rwandabot sobre este temaEncontrar un abogadoEsta página ofrece información jurídica y fiscal, no asesoramiento jurídico. Los tipos, umbrales y procedimientos cambian; el contenido se revisa con las fuentes oficiales, pero antes de actuar confirme cualquier punto importante con la autoridad competente o con un abogado inscrito en la Rwanda Bar Association. Las leyes se publican en kinyarwanda, inglés y francés en el Diario Oficial; solo el texto publicado en el Diario Oficial es auténtico. La edición en español de esta guía está traducida de la edición en inglés.